Este gobierno, experto en ceder cuando lo aprietan, vive en el intento de atajar paros y huelgas. Se suceden, uno tras otro, con sorpresa de ministros y funcionarios de Casa de Nariño que no entienden cómo ellos, que presumen de tener buenas relaciones con quienes se mueven en el ámbito de su competencia, se ven enfrentados a constantes bloqueos y reclamaciones. Es el resultado de fomentarlos con su actitud permisiva y propensa a ceder a la presión y al chantaje, en ese ánimo constante de no molestar a nadie, de darle gusto a todos. Recogen lo que siembran. Es imposible gobernar así.

Está bien, porque es propio de la democracia, que haya lugar para la protesta. La protesta es ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, del derecho de reunión, de la libertad de asociación. La protesta no solo no puede ser criminalizada sino que debe encontrar espacios para ser ejercida y estar jurídica y físicamente protegida.

Pero la protesta tiene límites, como todos los derechos. Los fundamentales están en que sea ejercida con respeto de los derechos de los demás, con sujeción a la ley, y sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Son las limitaciones propias de todos los derechos. Además, la protesta tiene que ser legítima y alejarse de la violencia.

Ahora, el paro del Catatumbo no es protesta legítima. Me explico: no descarto un componente genuino de una masa campesina abandonada y pobre en un país de urbanización acelerada, donde las áreas rurales están, casi todas, dejadas a su suerte, y donde la infraestructura de carreteras y trenes, indispensable para acceder a los mercados, simplemente no existe. En esas condiciones es entendible que levante la voz y se queje. Pero a estas alturas no cabe duda de que ahí se juegan otras cartas que trascienden, con mucho, las necesidades básicas insatisfechas de los campesinos. Y todos esos naipes están directamente ligados con La Habana.

Por un lado, el paro está infiltrado. Las informaciones de inteligencia muestran que los frentes cercanos de las Farc tienen gente dentro de los labriegos. Y que al menos uno de los dirigentes tiene vínculos con los subversivos. César Jerez será cualquier cosa menos un campesino, está formado en la antigua Unión Soviética y aparece en los computadores de "Alfonso Cano". Lo que no se explica es por qué no ha sido vinculado a ningún proceso judicial. Si la Corte Suprema de entonces tuvo la desvergüenza de quitarle todo valor probatorio a la información de los computadores de Reyes, para felicidad de Teodora y compañía, nadie tiene idea de qué ha pasado con la que había en los de Cano y Jojoy. En Colombia la justicia no es ciega sino tuerta.

Por el otro, detrás del griterío está la defensa de un área plagada de cultivos ilícitos, fundamentales en las finanzas de los subversivos, en especial cuando la erradicación ha sido exitosa. Los cultivos de coca bajaron a 48.000 hectáreas, la menor en tres quinquenios, pero aún se concentra en el Pacífico y, no es coincidencia, en el Catatumbo.

Además, las Farc están apuntándole a conseguir una nueva zona de reserva campesina, en línea con lo que obtuvieron en el primer punto de la Agenda en Cuba.

Finalmente, el Catatumbo parece ser el ensayo de un gran paro nacional que buscaría presionar al Gobierno para que se quede en la mesa de diálogo, a pesar de la insistencia de las Farc de no dejar las armas y de citar a una Constituyente para barajar de nuevo la institucionalidad nacional y el modelo de Estado.

Quizás por ello se remplazó a Lucho Garzón y en su lugar se designó como negociador a José Noé Ríos, comisionado de paz de Samper. Lo que no se entiende, sin embargo, es que el Gobierno no se amarre los pantalones si la información muestra que detrás están las Farc y que lo que se viene es un aumento agudo de la "conflictividad social" y bloqueos a lo largo y ancho de todo el país. Pero nadie da lo que no tiene. A este Gobierno no le alcanzan los dientes sino para perseguir a quienes lo critican, precisamente, por ceder a la extorsión y al chantaje.