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Viernes 21 de Septiembre del 2018

Diálogo siniestro en Venezuela

Publicado en:

Diario El Mundo  | 

Autor(a): Juan José Monsant Aristimuño  |

Fecha: 24/05/2014

 

Han pasado tres semanas del primer encuentro, y la oposición venezolana no ha conseguido absolutamente ninguna garantía del cese de violación de los derechos humanos.

Sobre la definición y alcance del concepto de diálogo ya hemos tratado el tema en anteriores entregas; de manera conceptual, general, sin referirnos específicamente a alguna situación concreta de nuestro hemisferio.  Incluso sin haberse planteado el accidentado, extraño e intermitente surgido entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela, y el régimen representado por Nicolás Maduro.

Como se sabe, se ha involucrado a los cancilleres de Unasur, específicamente al de Ecuador, Brasil y Colombia que, a pesar de pertenecer todos ellos al ámbito de influencia del fallecido presidente Chavez, la MUD asumió que  la presencia de un mediador de excepción, el Nuncio Apostólico, garantizaba un escenario favorable entre dictadura y democracia, a la espera de un nuevo proceso electoral.

Así las cosas, es bueno recordar que la necesidad de un diálogo entre gobierno y oposición surgió luego del levantamiento de las fuerzas estudiantiles el pasado 12 de febrero, generado por un intento de violación en la Universidad de la ciudad de San Cristóbal. Para extenderse a todo el ámbito nacional con el saldo actual que  conocemos de 41 fallecidos, más de tres mil detenidos, centenares de hombres y mujeres de ambos sexos torturados, desfigurados, vejados, desaparecidos, juicios iniciados, universidades incendiadas, allanamientos sin orden judicial a viviendas, sedes de partidos y ONG defensoras de los Derechos Humanos. A ello se debe agregar el control de los medios de comunicación, siempre amenazados por la millonaria multa, la confiscación, la no autorización para importar papel de periódico o por la censura, como la entrevista que la periodista Shirley  Varmagy de Globovisión le hizo a Mario Vargas Llosa, que fuere editada posteriormente por los ejecutivos del Canal, mientras sus nuevos propietarios, testaferros de la dictadura, disfrutan una vida de suntuosas manifestaciones de lujo y despilfarro en Miami, tal como han reportado los diarios de esa ciudad floridana.

Ante la creciente presión internacional, escandalizada por la masiva violación de derechos humanos contra la población civil, el régimen se vio obligado a dialogar.

Pero no habían terminado de sentarse a la mesa del primer encuentro, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el teniente Diosdado Cabello disponía, sin facultad alguna, la expulsión del Congreso de la diputada de oposición María Corina Machado por haber hablado en la OEA en la silla cedida por Panamá; en tanto que un funcionario del gobierno exigía que fuere juzgada por traición a la patria y hasta sugirió la pena de muerte. Mientras, el Ejecutivo ordenaba la destitución de dos alcaldes y solicitaba sus respectivos arrestos. Todo bajo el manto legal de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, emitidas  24 horas después de que fueren anunciadas por el régimen.

Han pasado tres semanas  del primer encuentro, y la MUD no ha conseguido absolutamente ninguna garantía del cese de violación de los derechos humanos. Por el contrario, de una manera clara y agresiva, diferentes voceros del gobierno afirmaron que no habría amnistía general, que no liberarían al comisario Simonovis de su prisión donde agoniza, ni se suspenderían la aplicación del Plan Patria para Todos, ni las comunas, ni el adoctrinamiento socialista en la educación, ni desarmarían a los colectivos armados; por el contrario, fueron sujetos de homenaje público por parte del gobierno.

Ante el asombro por la masiva violación de los derechos humanos  sin que la OEA o la ONU se hubieren pronunciado, un grupo de senadores demócratas y republicanos exigieron a la administración Obama, a través de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, la aplicación de medidas restrictivas a personeros del gobierno y testaferros sobre sus cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias situadas en el territorio de los Estados Unidos. Y para sorpresa de todos, la señora Jacobson afirmó que tales medidas no las habían considerado, porque algunos políticos de la MUD solicitaron que no se sancionara al gobierno venezolano, o a sus funcionarios. Poco hay que agregar a esta revelación que no sepamos ya de la MUD, que de paso ha abandonado a su suerte a los estudiantes, profesores y manifestantes.

Nos llama la atención algunos llamados a la unidad de la oposición, que pasa por la aceptación, sin discusión o reflexión, del planteamiento de la MUD, para seguidamente descalificar a quienes no comparten sus estrategias; y, ya cansados y desesperados se han lanzado a la calle a reclamar democracia y respeto a los derechos humanos. Se les acusa de  radicales, al margen de la ley que perturban el normal desarrollo de los acontecimientos. Es decir, utilizan las mismas palabras que la dictadura y los militares represores usan para dirigirse a los estudiantes rebeldes, a María Corina, a Leopoldo, Diego Arria,  Antonio Ledezma y a todo aquel venezolano que aún piensa que el problema de Venezuela no es solo llegar a una tasa de cambio conveniente para ambas partes.

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