ONU debe atender denuncia de Colombia
Régimen chavista, amenaza continental
No puede quedar en el aire el nuevo llamado que el presidente Iván Duque hiciera el viernes pasado al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que analice, bajo la carta del máximo ente multilateral del planeta, la forma en que la dictadura de Nicolás Maduro está albergando en Venezuela a la cúpula y parte del pie de fuerza de la guerrilla del Eln e incluso la incita a cometer acciones terroristas en Colombia.
El Jefe de Estado fue claro en advertir que el régimen chavista protege a los cabecillas y frentes subversivos, los apoya con armas y recursos, lo que constituye una flagrante violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad así como una infracción grave en materia de derecho internacional.
La advertencia del gobierno colombiano sobre la complicidad de la dictadura venezolana con los elenos no es nueva. Sin embargo, esta semana se conocieron hechos que dispararon aún más las alarmas al respecto. De un lado, un medio de comunicación de nuestro país reveló documentos secretos del régimen chavista en donde quedarían en evidencia órdenes directas del gobierno usurpador a su Fuerza Pública para que no ataquen a los subversivos colombianos que se refugian en ese territorio y, por el contrario, los apoyen en lo que sea necesario. De otro lado, uno de los más altos mandos castrenses de nuestro país indicó que no menos del 45 por ciento del pie de fuerza combatiente del Eln se encuentra en la vecina nación, lo que significaría que pasaría del millar el número de insurgentes que la dictadura de Maduro refugia y permite que opere allí en actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando de armas, minería ilegal, secuestros, extorsiones e incluso acciones armadas contra dirigentes y enclaves poblacionales de la oposición al régimen. Es más, en esta edición dominical el propio Ministro de Defensa colombiano confirma que el ‘Comando Central’ del Eln se encuentra en el vecino país y desde allí habrían ordenado actos terroristas tan graves como el perpetrado en enero contra la Escuela de Cadetes General Santander, en la capital del país, que dejó más de una veintena de uniformados asesinados.
Según recientes informes de este Diario, basados en las denuncias de reconocidas organizaciones y expertos en la situación de orden público en Venezuela, la dictadura ha permitido un desdoble de la estructura guerrillera, a tal punto que hoy contarían con no menos de 15 mil efectivos en ese país, entre combatientes, milicianos y redes de apoyo. Todo ese personal insurgente haría parte del aparato de represión del régimen usurpador contra los bastiones de la oposición, sobre todo en las zonas de frontera con Colombia.
Las graves denuncias del presidente Duque el viernes pasado generaron reacciones inmediatas en Caracas, ya que mientras la Cancillería de Maduro rechazó las acusaciones del mandatario colombiano, el presidente interino Juan Guaidó tomó nota de las acusaciones de Bogotá y llamó a la Fuerza Pública de su país a que no se plieguen a las órdenes de una dictadura que apoya a un grupo armado ilegal y terrorista.
A todo lo anterior debe sumarse que la Cancillería de nuestro país volvió a advertir esta semana que la dictadura chavista insiste en incursiones puntuales de sus uniformados en la zona limítrofe con el claro objetivo de provocar la reacción de las Fuerzas Militares colombianas.
Visto todo lo anterior, resulta urgente que el Consejo de Seguridad de la ONU analice las denuncias de Duque, pues es más que evidente que Maduro y compañía están incurriendo en un delito de extrema gravedad al albergar grupos terroristas y permitir que estos ordenen desde allí actos criminales en Colombia contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura petrolera.
Dicho pronunciamiento es más urgente aún ya que Bogotá volvió a reiterar esta semana que no está de acuerdo con ninguna intervención militar extranjera en Venezuela para remover a la dictadura. Sin embargo, esa actitud pacifista colombiana no puede ser óbice para que el régimen chavista patrocine y proteja a quienes atacan nuestro territorio y sus habitantes.
La dictadura venezolana es un problema para la seguridad y paz del continente. Eso es obvio y ya es tiempo que Naciones Unidas abandone esa postura de neutralidad ante la crisis desatada por la satrapía que se enquistó en el poder de esa atribulada nación. No hacerlo, por más que persista el pulso geopolítico en el Consejo de Seguridad entre Estados Unidos y Rusia respecto al régimen usurpador de Caracas, empieza a rayar en una peligrosa inacción que conduce casi que a una inaceptable complicidad pasiva.
