Imagínese, amable lector, a alguien que vive en cualquiera de nuestras cabeceras municipales, es persona influyente allí, dirigente cívico y político, respetable y respetado, y poseedor de un suficiente peculio consistente en casa de tres pisos, almacén de variedades, granja avícola y porcina, esto es, si no acaudalado sí con solvencia económica, y que de pronto surge un grupo guerrillero, y porque dicho caballero como concejal no aprueba que se les dé parte del presupuesto lo declaran “enemigo del pueblo” y “objetivo militar”, y en consecuencia, para salvar su vida debe abandonar precipitadamente el lugar, con su esposa y sus hijos menores de edad.
Ello le obliga a buscar la caridad cristiana y la encuentra en casa de un hermano. El gobierno nacional pregona que para casos semejantes ha aprobado leyes especiales y que la gente en situaciones como la de él puede acudir a una oficina llamada pomposamente “Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas” a la entrada de la cual se lee, en un cartel, que allí se atienden “hechos victimizantes: homicidios, secuestro, desaparición forzada, atentados, abuso sexual y otros”.
Esa persona, de la noche a la mañana, de ser don fulano en su pueblo se ha convertido en un don nadie en la capital, en un desplazado, en un indigente, en un paria.
Cree en las promesas del presidente y se somete al calvario de las colas para que le restablezcan, no ya su prestigio e importancia, sino sus bienes muebles e inmuebles, le reparen tantos perjuicios y lo ubiquen en alguna vivienda no igual a la que tenía pero al menos en una digna. Mas no sucede así: transcurren diez años, transita de oficina en oficina, propone tutelas, demanda ante un juzgado y la misma presidencia de la república pone abogados para impedir que le restituyan lo suyo, y al final el gobierno le ofrece que se vaya a vivir en una casa o en un apartamento en obra negra, junto a barrancos o detrás de las lomas más lejanas de la ciudad, en compañía de otras familias peor de miserables.
Esto no es un cuento. Es una realidad que ha vivido un señor, tan honorable hoy en Cúcuta como lo era en su pueblo, con la diferencia de que hoy no tiene prestigio, ni dinero y ni familia pues su hogar se fracturó.
Cuando me buscó para que le atendiera su caso, lo acompañe en algunas gestiones y revisé el proceso judicial, pero concluí, y así se lo dije, que yo estaba viejo para asumir semejante litigio, por lo que él debía encargar a un abogado joven, que le dedique otros diez o veinte años que se irán en apelaciones, nulidades, tutelas, desacatos, en fin, en toda suerte de trabas del Estado. (Enrique Gómez Hurtado sostiene que la vida del abogado le alcanza para dos procesos en lo contencioso administrativo).
Entre tanto, los delincuentes que despojaron de todo a este ciudadano decente, tratan en La Habana de que a cambio de dejar de atacar al pueblo el gobierno les brinde garantías de confort y tranquilidad.
¿Cabe más victimización a esta pobre víctima?
orlandoclavijot@hotmail.com
