Si alguien me merece respeto, reconocimiento y subordinación son los jueces y los fiscales, al punto que no tolero que se someta a duda el buen juicio, el decoro y la probidad de estos dignatarios. No en vano, en las sociedades más civilizadas los maestros, los jueces y los soldados son los ciudadanos más respetados y apreciados; necesitamos que en Colombia también lo sean.
Pero ante los vergonzosos hechos acaecidos en la Fiscalía, no se puede menos que decir que el Señor Fiscal perdió la mesura y que su conducta propia de un político en campaña debilita la autoridad del Estado.

No siendo poca la improcedencia de sus actuaciones ha propuesto que quienes sean condenados por genocidio y delitos de lesa humanidad puedan participar en política y hacer parte del Congreso. Tamaño despropósito, además de quebrantar el Estatuto de Roma, estimula la violencia y la impunidad, ofende a la nación y provoca su airado repudio.

Al parecer el Fiscal también aspira al Premio Nobel de Paz, y para hacer visible su pretensión no tiene reparo en proponer que se violente el Estado Social de Derecho y en propiciar condiciones que permitan premiar criminales y burlar inocentes.

La gestión del Fiscal ha sido una constante suma de yerros y desaciertos, que inflige daño a la democracia y devela participación en política. El Fiscal debería renunciar para sumarse a la campaña reeleccionista y no comprometer con sus falaces ocurrencias la autoridad de una institución cardinal para la democracia como es la Fiscalía.

Entretanto, Santos insiste en decretar la paz a cualquier costo, no para lograrla sino para lucrarse de ella, asegurando su reelección y soñando con una nominación al Nobel de Paz. Y es que ante la falta de resultados de su gobierno no tiene alternativa distinta a politizar la paz, dividir al país e intimidarlo con la guerra, ignorando que la paz es un bien anhelado por todos que a nadie le pertenece y que su logro es el resultado del orden, la justicia y la equidad, y no de la impunidad.

Santos olvida que la mayoría de los colombianos rechazamos una paz impuesta bajo amenaza y que lo que anhelamos es el fortalecimiento de un Estado Social de Derecho en el que prevalezcan la seguridad, el orden y la justicia; también olvida que la nación no está dispuesta a jugar su tradición democrática y menos a aventurar su futuro para satisfacer su vanidad extrema.

Ante los abusos de su campaña, la nación debería exigirle que suspenda de manera inmediata la publicidad oficial de su gobierno y a los medios que se abstengan de recibirla, de manera que en lo que queda de campaña solo se difunda publicidad política pagada por su campaña, evitando que se siga dilapidando el erario y utilizando abusivamente los impuestos.

A su vez, los medios deberían volver a la imparcialidad y algunos de sus más encumbrados periodistas resistirse a los estímulos del gobierno y no fletarle su prestigio.

El 15 de junio Colombia decidirá entre mantener en el gobierno a un político que ha demostrado incapacidad para gobernar sin artificios o elegir a un estadista que restituya las políticas de seguridad democrática, cohesión social, crecimiento económico y confianza inversionista, las que restituyeron la autoridad, redimieron la institucionalidad y devolvieron la esperanza perdida de una nación postrada por la violencia.

Dios salve a Colombia y su democracia.