Como en Colombia suele ocurrir, en el tema de la Dirección Nacional de Estupefacientes se suele examinar lo circunstancial y subalterno, para pretermitir lo que de verdad importa. Lo que no significa que carezca de gravedad el que se haya enquistado en esa entidad una tropa de maleantes que resolvió enriquecerse con la manipulación de los bienes que se le quitaban a la mafia. No queremos decir eso.
Lo que sostenemos, es que el saqueo vino después de que se cometiera el más grande fraude contra los intereses nacionales.
La DNE se creó para que respondiera por una política de Estado contra la mafia. Fuera del Consejo de Ministros, en ninguna parte se reúnen tantos de ellos. En el Consejo que la preside toman lugar el del Interior, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia, el de Defensa, el de Salud, el de Educación, acompañados por el Fiscal General de la Nación, el Procurador, el Director del DAS, el Comandante de la Policía, y en nuestro tiempo se hizo hábito invitar al Ministro de Agricultura, y también al Comandante de las Fuerzas Militares y a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que llegaban a las deliberaciones con cumplimiento de soldados.
Pues las reuniones se celebraban cada mes, los últimos viernes, con la más estricta puntualidad. Teníamos el convencimiento de que la droga era el combustible que alimentaba la guerra que nos consumía. Las instrucciones del presidente Uribe eran en la materia sagradas y contundentes.
Manejábamos por entonces preciosos instrumentos: la lucha contra los precursores, y la que debía librarse contra el transporte del cemento y la gasolina, elementos insustituibles en la producción de los alcaloides, era el primero. Preciso resultaba enfrentar las protestas que llovían contra las restricciones que imponíamos. No eran pocas las estaciones de gasolina, ubicadas en lugares donde apenas pasaba un automotor, que consumían mucho más que si estuvieran en Bogotá, Medellín o Cali. Y se transportaba más cemento que en ninguna otra parte del país. Para impedir esa barbaridad, los comandantes de las fuerzas debían estar blindados políticamente. Y lo estaban. El problema de ellos era el trabajo de campo. El nuestro, protegerlos de la jauría de los encubiertos cómplices de los mafiosos, que ladraban y mordían.
Pero el más precioso de los mecanismos de combate, era la Extinción de Dominio. Redactamos y conseguimos la aprobación de la Ley que hoy es modelo en América y admiración de todas las naciones que luchan contra el lavado de activos. Por el solo hecho de que un propietario no pueda justificar el origen de sus bienes, los pierde a favor del Estado, sin necesidad de probar el delito a través del cual pudo adquirirlos.
Y vaya que funcionó la Ley y que se consiguieron resultados. En un año hubo incautaciones y sentencias por casi tres billones de pesos, incluidas las primeras doscientas mil hectáreas que se pusieron a disposición del Ministerio de Agricultura. La Fiscalía del doctor Osorio Isaza funcionaba a derechas y eran tantos los negocios en marcha que fue menester crear jueces de descongestión que cumplieron su deber con valor y sabiduría.
Pero todo cambió. Nuestro sucesor, Sabas Pretelt, entendió estos temas de muy distinta manera. Y el Consejo no volvió a reunirse y cuando lo hacía era con segundones que aprobaban cualquier cosa. Y no supo o no quiso defender el Gobierno al Director Nacional de Estupefacientes, el coronel Luis Alfonso Plazas, a quien el Partido de Cambio Radical le hizo un furioso debate, sin que se le permitiera defenderse. El Coronel salió, la Fiscalía se le entregó a ese débil personaje de tan malos amigos que fue Mario Iguarán, las investigaciones se enredaron, los jueces se quedaron sin oficio y la mafia fue otra vez feliz e impune. El país perdió la mayor de sus batallas y nadie se dio cuenta. Aquí nadie se da cuenta de las cosas importantes. Por eso no se habla sino de unas hectáreas y unas vacas extraviadas.
Fernando Londoño Hoyos
La Patria, septiembre 05 de 2011
