Discrepancias necesarias

Frente al asunto complejo de la terminación del conflicto y la construcción de la paz no debe haber unanimismos. La carta del expresidente Uribe plantea críticas pertinentes al proceso y sus avances.

La firma de la terminación del conflicto con las Farc debe incluir, en toda circunstancia y perspectiva, condiciones esenciales: no impunidad, no repetición de la violencia y respeto a los valores democráticos. Coincidimos en estas exigencias señaladas por el expresidente Álvaro Uribe en su carta de respuesta al exministro Álvaro Leyva Durán sobre la conducción y el futuro de las actuales negociaciones en Cuba.

Hay algunos asuntos de esa misiva que llaman la atención poderosamente, y que es necesario mencionarlos y desmenuzarlos con juicio.

El primero es la recurrente alusión de Uribe Vélez a la creciente "desmotivación de las Fuerzas Armadas", dada, según él, por la igualación de los uniformados que defienden las instituciones y el orden constitucional con agentes del terrorismo, la ilegalidad y las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario, el derecho internacional y los derechos humanos. Núcleos normativos de los asuntos sustanciales en un combate que involucra al aparato de seguridad de un régimen democrático versus el "cartel de cocaína más grande del mundo", según Uribe.

En un segundo aspecto, se expresan aquí, sin reservas, discrepancias que deben hacer reflexionar a los colombianos para evitar que las actuales negociaciones en La Habana conduzcan al país a una finalización del conflicto tan imperfecta que nadie crea en ella. Ni los grupos que terminan su alzamiento en armas contra el Estado, pero sobre todo ningún colombiano que espera el cese de la violencia ilegal, su reparación y su penalización que, aunque reducida, no envíe el mensaje de una impunidad suscrita por las partes muy a pesar de los dolores, la frustración y la resistencia de las víctimas y sus parientes.

Durante los últimos tres meses aparecen registros de la inconformidad, no formalizada ni hecha pública, de sectores militares que consideran inadmisible que en Cuba vayan a la mesa, equiparadas, delegaciones de destacados integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Farc. Desde esta tribuna editorial lo vimos como el respaldo de la experticia militar, de quienes combaten y conocen los pormenores tácticos y estratégicos del conflicto, para que la delegación del Gobierno, esencialmente política, no acceda a condiciones de las Farc que pudieran querer aprovecharse de su desconocimiento.

Al tiempo, en un tercer tema, el expresidente llama la atención sobre un subregistro de la violencia actual de los grupos armados ilegales, paralela a la creación de "grupos de justicia privada en las regiones". Denuncia que el Gobierno debería aclarar de inmediato.

Si bien Uribe Vélez advierte que no existen en él ni en sus copartidarios "inhibiciones que nos impidan el perdón", sí expresa la preocupación de que por la vía de las conversaciones se "rutinice" la palabra paz mediante mecanismos oficiales de propaganda, en medio de la "extensión de la violencia", la misma que las Farc, es perceptible, no aminoraron por lo menos en 2014.

Finalmente, aunque no expresa un apoyo directo, la carta sí deja entrever una aceptación a una Asamblea Constituyente, idea que el expresidente había rechazado antes. En los términos en que se plantea, sería muy remota su aceptación por parte de la contraparte del Estado en La Habana. Si la Constituyente estuviese habilitada para improbar los acuerdos, se echaría por tierra todo el proceso. Por esa razón, la instancia máxima que puede garantizar a todos (Estado, Gobierno, sociedad civil y guerrilla) el respeto a lo que eventualmente se acuerde es la refrendación popular.

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