En Norte de Santander han identificado afectaciones a exguerrilleros en El Tarra (seis casos), Teorama (uno) y Convención (uno).

Uno de los mayores retos que enfrenta hoy en día el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno  y las Farc es preservar la vida de los excombatientes y para ello es fundamental conocer quién o quiénes los están matando.

Martha Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, asegura que de los 132 homicidios que analizan, por lo menos el 50% ya está esclarecido.

Si bien afirma que no hay una operación sistemática de exterminio de los exguerrilleros, señala que sí hay pruebas que indican que al menos en 51 casos, alguna estructura ilegal, incluidas las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Eln y el Epl, está detrás del crimen.

En algunos de los hechos, los excombatientes han sido asesinados por negarse a volver a la ilegalidad y en dos ocasiones los presuntos responsables fueron miembros de la Fuerza Pública. Mancera reveló también cuáles son los lugares en donde más han ocurrido los crímenes.

¿Cuál es el trabajo que adelanta esta Unidad Especial, frente a los homicidios de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc?

La Unidad fue creada luego de la firma final del acuerdo de paz. En este caso, se hace un rediseño de la Fiscalía para enfrentar el posconflicto, que no solamente es la seguridad ciudadana, el impacto al crimen organizado y la renta ilícita que puede estar en los grupos al margen de la ley. En el rediseño, la Unidad Especial quedó dentro de la estrategia o al lado del fiscal General, lo que implica que debemos ser transversales a la delegada de finanzas criminales, el crimen organizado y la seguridad ciudadana. El primer objetivo es esclarecer los homicidios de excombatientes, lo que nos llevó a establecer toda una estrategia.

¿En qué consiste esa estrategia?

El propósito es establecer, por ejemplo, quiénes son las víctimas, no solamente en la época de la guerra sino hoy, y verificar cuál garantía de seguridad tenía para continuar con su reincorporación. Al tener esto, se generó una única línea para focalizar esfuerzos en lugares de mayor afectación. Para eso creamos tres equipos territoriales que están en Urabá, con sede específica en Apartadó; Popayán que relaciona todo el departamento del Cauca, y un tercero en Nariño, que es Tumaco.

¿Solamente están en esos lugares o también llegan a otras zonas del país?

Después de la creación de las unidades territoriales se forman las itinerantes que responden a los lugares donde no solo se han revictimizado excombatientes sino también líderes sociales. En Norte de Santander tenemos una unidad en Cúcuta, en Putumayo estamos en Puerto Asís, en el Norte del Valle tenemos asignación en Buga. También hay una unidad itinerante en Medellín, Córdoba y por último en Meta. En esas zonas no solo estamos esclareciendo homicidios de excombatientes, también lo que hacemos es establecer quien ordenó el homicidio de los exguerrilleros.

 ¿Cuántos homicidios se están investigando en este momento?

La Unidad investiga 132 homicidios de excombatientes en todo el país.
 
¿Y cuál es el resultado de las investigaciones?

Es importante mencionarlo, porque la Unidad ha logrado tener un esclarecimiento de hechos en al menos el 50%. De los 132 casos tengo en sentencia de ejecución de penas tres condenas que vinculan a ocho personas,  de las cuales seis están privadas de la libertad. Tenemos en juicio 13 casos, en los cuales hay 30 personas vinculadas y 15 detenidas. Las otras 15 las estamos buscando con orden de captura. La unidad tiene 29 casos con formulación de imputación, en los cuales tenemos 77 vinculados y 30 capturados. Cuando hablo de 77 vinculados hablo, entre tantos, de los miembros  del Comando Central del Eln, pues en investigaciones tengo siete casos en los cuales han sido procesados en ausencia. Todo esto suma el 50% del esclarecimiento.

¿Cuál es la principal causa de las muertes de los excombatientes?

En al menos 30 casos hemos identificado que la muerte se registra porque han vuelto a delinquir y estaban vinculados nuevamente con el tráfico de estupefacientes, los cultivos ilícitos o disputa en el territorio. Ocho han sido por motivos personales, (riña, situaciones con la comunidad). Hay cuatro casos en los que aún falta por esclarecer qué fue lo que pasó. Tenemos otros cinco casos de excombatientes que han muerto por su calidad de excombatiente. De esos cinco, tres murieron socializando el proceso de paz y dos mueren por oponerse a ser miembro de una estructura al margen de la ley.

¿Quiénes están matando a los exguerrilleros de las Farc?

En la unidad tenemos claro que el ‘Clan del Golfo’ tiene responsabilidad en ocho asesinatos y las disidencias de las Farc en 24 homicidios. Esta  es la principal estructura al margen de la ley que revictimiza a los excombatientes. El Ejército de Liberación Nacional tiene siete casos, el Epl o los denominados Pelusos cinco, organizaciones tipo C (grupos armados organizados que operan a nivel local), 7, y la Fuerza Pública tiene dos.

¿Estas muertes se pueden considerar como sistemáticas?

No. Hay una violencia generalizada por los grupos al margen de la ley. Por ejemplo, en El Tarra hubo un caso de 10 personas muertas en julio de 2018. Cuando miramos la calidad de las personas que fallecieron, tuvimos un saldo de un líder social, cuatro excombatientes y cinco personas de la comunidad. A esto no se le puede decir que hay algo sistemático. Si nosotros revisamos cuáles son las dinámicas que rodean este tipo de hechos, encontramos que casi siempre se dan por la disputa del territorio; por pertenecer al procesamiento de droga.

¿Cuáles son los municipios en donde ha habido más crímenes contra excombatientes?

En la Unidad tenemos el top nueve de municipios: en Antioquia, el municipio de mayor afectación es Ituango. Ahí tenemos 16 afectaciones, de las cuales 12 equivalen a excombatientes y cuatro a familiares de exguerrilleros. En Nariño tenemos afectación en Tumaco, con 13 casos, de los cuales 10 ataques fueron a excombatientes y tres a familiares de ellos, y en El Charco cinco afectaciones. En el Cauca tenemos ocho afectaciones en Argelia, de las cuales siete son a excombatientes y una a familiar de exguerrilleros.  En Corinto cuatro, tres de excombatientes y uno familiar, y en Patía cuatro. Por otro lado, en Norte de Santander la Unidad tiene identificado a El Tarra con seis afectaciones, de las cuales una fue en contra de un familiar de exguerrillero. Sin contar que en Teorama tenemos un registro y en Convención también existió uno. En Putumayo, en Puerto Asís, tenemos registro de seis afectaciones de las cuales cuatro fueron a excombatientes y dos a familiares. Y cierro el top con el municipio de Riosucio (Chocó), con cuatro hechos criminales, uno en contra de excombatiente y tres en contra de familiares.

Estas personas, ¿antes de ser asesinadas recibieron amenazas?

Amenazas denunciadas tenemos 90 casos con 106 víctimas. Estas son, en Tumaco, Bogotá (denunciadas en la capital, ocurridas en zona rural del país), Arauquita, La Montañita, Cantagallo, Puerto Asís, Tibú, Cali y Guapí.

Cuando se denuncian esas alertas, ¿cuál es el procedimiento para garantizar la protección de los reincorporados?

Para los excombatientes tenemos rutas que están creadas desde la Fiscalía y que vinculan a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La Unidad trabaja de manera conjunta con entidades gubernamentales. En este caso, lo hacemos con miembros del partido FARC, miembros de la UNP y por supuesto miembros de la Fiscalía. Lo que podemos decir es que tenemos una estrategia con fiscales que le notifican a la UNP. La entidad debe informar si el excombatiente amenazado tiene un esquema de seguridad y en caso de tenerlo se pide que verifiquen el riesgo que tiene.  Si no tiene esquema, lo ideal es identificar el riesgo y si es necesario sacarlo de la zona.