Pongo a consideración de los lectores de www.pensamientocolombia.org un documento que  me llegó desde La Habana, enviado por Rodrigo Vanegas, miembro de las Farc, desde la cuenta de correo electrónico dialogoshabanafarc@gmail.com.

José Obdulio Gaviria

El despliegue de tecnología, su libre uso por parte de las Farc, demuestran que era cierto mi temor de que Juan Manuel Santos, mal aconsejado por su hermano Enrique, iba a terminar siendo el idiota útil de la organización terrorista dirigida por Timochenko y de la corriente política internacional a la que ellos pertenecen, el Socialismo Siglo XXI.

Como se deduce del documento que van a leer, las Farc vienen por todo. Y Santos les cede en todo.  

Inopinadamente, Colombia, un país al que Uribe dejó en pleno crecimiento económico, con unas Farc desterradas a lo profundo de las selvas y aisladas de sus compinches políticos que gobiernan en las países del Alba, ahora, sin saberse cómo y por qué, está en peligro de caer en un régimen constitucional en el que las Farc tendrían, inicialmente, amplia incidencia, para que unos años después (diez, dice el propio negociador del gobierno Sergio Jaramillo) puedan optar libremente a ser gobierno”.

Dice así el documento que pongo a consideración de los comunicadores, analistas y dirigentes políticos (entre paréntesis y en negrilla van algunos comentarios míos):

*La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 19 de 2013*


*Participación política para la democratización real,*

*la paz con justicia social y la reconciliación nacional*

* *

*Diez propuestas mínimas*



Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso
 de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la 
superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales,
mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones 
de la participación política, así como de propiciar la más amplia 
participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora
 excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:


(JO: Miren ustedes que personas como De la Calle y el general Mora, negociadores del gobierno de Santos –de Sergio Jaramillo y del general Naranjo podía esperarse cualquier cosa-, no se atreven a chistar cuando se les califica de representantes de semejante régimen como el que describe el párrafo anterior. Santos es, nada más y nada menos, el jefe de ese Estado mafioso. Un negociador con entereza comenzaría por obligar a la contraparte a reconocer el carácter democrático del Estado colombiano. Pero eso es pedirle peras al olmo). 


*

1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.


(JO: de un acuerdo con las Farc sobre esa materia no podrá esperarse nada distinto a la adopción de una estructura constitucional del tipo de la que rige en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Dirá de La Calle que es sólo una discusión. Yo le respondo: ¿cómo se atreve, por qué discute semejante asunto con tales criminales? Lo único que un régimen democrático liberal pacta con semejantes individuos es sobre posibles recompensas y la disminución de penas por entrega voluntaria, confesión y colaboración con la justicia. ¿Quién diablos le dijo al santismo que los colombianos queremos autoimponernos un sistema constitucional que fracasó en todas partes? Lo que debemos hacer es blindarnos para impedir que semejante régimen totalitario se llegue a instalar, por la fuerza o por la vía electoral).

 
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser
 gobierno.

·        

·       (JO: ¿vamos a discutir con una banda terroristas sobre garantías que el Estado otorga a todos los ciudadanos? El único obstáculo para disfrutarlas plenamente es la existencia y accionar de la banda terrorista que aquí se postula como su defensora).



3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus
 combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo
final.

·       (JO: todos los miembros del secretariado son responsables directos de asesinatos. Todos ellos, por ejemplo, ordenaron en la Octava Conferencia, por lo menos, el asesinato o “ajusticiamientos” de cinco miembros díscolos de su propia organización. Hay constancia de que ellos discutieron formalmente sobre el secuestro de los tres contratistas norteamericanos y de Ingrid Betancur; igualmente, todos intercambiaron correos electrónicos sobre la mejor manera de presentar (justificar) el asesinato del gobernador de Antioquia y de los diputados del Valle del Cauca. Sus propios crímenes son los que los inhabilitan constitucional y legalmente para elegir y ser elegidos; no la “falta de garantías”. Garantías que todos los demás colombianos sí reconocemos tener. ¿Quién, entonces, autorizó a Santos y a De la Calle para ir de esa manera en contravía de la Constitución y de las leyes? ¿Por qué empeñarse en volverlos elegibles?).

·       
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios 
masivos de comunicación.

·       (JO: trágico y risible a la vez que quienes han puesto potentes bombas explosivas en las instalaciones de la mayoría de esos medios, hablen ahora sobre su suerte con Santos y De la Calle).  



5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y 
los territorios.

·       (JO: ¿qué saben ellos de eso? ¿Qué región quisiera que sus asuntos se discutieran con Iván Márquez?).


·       (JO: estos cinco puntos siguientes son asuntos de la agenda diaria de todas las sociedades civilizadas y democráticas. En ellas se dirimen los conflictos dentro de la regla democrática y con el disfrute pleno de las libertades. La acción terrorista de las Farc y un mal gobierno, como lo es el de Santos, son lo único que limita el disfrute de esas garantías).


6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de
la planeación y, en especial, de la política económica.



7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales
excluidos.



8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de
integración de Nuestra América



9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación
nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.



10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

·       
* *

Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo,
desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:

(JO: lean ustedes a continuación esta especie de “exposición de motivos” sobre los puntos 1 y 2: ¿No les parece estar escuchando a Maduro, Ortega, Raúl Castro, pontificando sobre un “paraíso socialista” que en la práctica es equivalente a esclavitud política y empobrecimiento de sus pueblos? ¿Santos y De la Calle quieren eso para nosotros?). 

*1.- Reestructuración democrática del Estado y reforma política.*

Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización 
democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la 
institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus
 políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social,
garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las 
profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de
 la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La 
reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los
 poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos,
eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y
 estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades,
incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder
Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor
 democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico;
la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la
 construcción de la paz, la reconciliación  y la protección de la soberanía 
nacional. De manera especial,la reforma de la rama judicial que libere a la
 justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como 
rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.



La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y 
electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de
condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas,
corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las 
bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y
 del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la 
participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los 
actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus
 reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las 
iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas
de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los 
organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la 
Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas
programáticas.

* *

*2.- Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser 
gobierno.*

Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser 
gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se
 reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos 
políticos y sociales  opositores. Su existencia legal y su derecho a la 
participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se 
expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y 
de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la 
proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución,
de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de 
comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control 
político efectivo por parte de la oposición.



El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que 
impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y 
social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas
 efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de
“seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de 
reparación  integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica
por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería 
jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.



*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*