¿El acuerdo a medias?

Gobierno y Farc dijeron ayer que revisarán puntos y asuntos que faltan precisar del Acuerdo de Justicia. Pero el ruido de sus contradicciones estaba hecho. ¿Se precipitaron con el anuncio “histórico”?

El Gobierno y las Farc salieron ayer al paso a las críticas que les llovieron por sus contradicciones en cuanto a la definición total, o no, del acuerdo del punto 5 de la agenda (Víctimas y Justicia) anunciado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero “Timoleón Jiménez”, “Timochenko”, rodeados por una decena de personalidades internacionales. El haber firmado un acuerdo incompleto abrió la puerta a cuestionamientos y dudas sobre la dimensión del mismo.

Tan pronto comenzó el rifirrafe, que puso entre otras cosas al plenipotenciario Humberto de la Calle y al jefe de la delegación de las Farc, alias “Iván Márquez”, a recriminarse por faltar a la verdad y a la palabra, analistas y opinadores calificados cuestionaron (*) con sobrada razón que las partes hubieran anunciado, sin concluir, un tema tan complejo y sensible para los colombianos.

En un giro que pretende mostrar que se imponen la vía política y la fórmula del diálogo, las partes anunciaron este viernes que, en “un ambiente respetuoso y constructivo”, se decidió que las delegaciones y sus asesores jurídicos se reunirán desde el próximo 17 de octubre para tratar sus diferencias en cuanto a los puntos del acuerdo, en especial en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es que los desencuentros no son pocos ni de poca monta. Según Humberto de la Calle, “lo importante ahora (…) es esclarecer ante la opinión pública cuáles son los puntos que no hemos aceptado: no creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía; las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisadas; hay interpretaciones del abogado de las Farc sobre la restricción de la libertad que son inaceptables; el tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto; la elección de magistrados del tribunal de paz no ha sido acordada”. Graves vacíos.

Grietas de semejante profundidad se llenan con un mensaje de desconcierto y confusión entre la opinión pública calificada, la ciudadanía llana y todavía más entre las víctimas que, por cientos de miles de veces, han dicho que esperan que no haya impunidad y se les respete.

No puede minimizarse lo ocurrido porque es una muestra de que aquella foto del 23 de septiembre tuvo un gran trasfondo de improvisación y apresuramiento que el país desconocía, y que el presidente Santos obvió en su parada en La Habana, para proseguir a la Asamblea de la ONU.

Esos vacíos, esas dudas, esas zonas grises frente a un punto crucial de la agenda de La Habana, pusieron al país a hervir en otros escenarios. La falta de claridad por lo ocurrido con la firma de un documento incompleto se extiende a foros como el Congreso, donde, por ejemplo, el senador Roy Barreras tildó de terroristas a los integrantes del Centro Democrático que manifiestan serias reservas frente a lo pactado en Cuba.

“Para no desandar lo andado”, y no darle peligrosos bandazos al proceso a estas alturas, será bueno que el Gobierno y las Farc aprovechen sus tratativas para que se les diga a los colombianos sin ambages ni engaños cuál es el marco rector definitivo de la justicia transicional, que se concretará con la Jurisdicción Especial para la Paz y su Tribunal de Justicia. En asunto tan denso, el país no está para sapos que excedan el tamaño de su boca y de su tolerancia, menos si el proceso es inflado. Actuar con ligereza arriesga el éxito del proceso de paz.

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