La farsa de los diálogos de Cuba siguió su marcha con el anuncio del primer acuerdo entre las partes. Otra farsa.
Fue un anuncio sin sustancia, hecho solamente para tranquilizar a la galería y para tratar de oxigenar unos diálogos que cada vez suscitan más escepticismo e incredulidad entre la opinión pública. Ese primer acuerdo es vano porque es parcial, temporal, insustancial, secreto… e ilegítimo.
En efecto, este primer acuerdo sobre el desarrollo rural es muy parcial porque, aparte de que es solamente una lista de enunciados sobre unos temas genéricos, deja por fuera los asuntos más problemáticos y conflictivos que las FARC han puesto sobre la mesa. Y nada hace pensar que han renunciado a ellos, como con ingenuidad o engañosamente han afirmado algunos. Los voceros de la guerrilla se han apresurado a advertir que todavía quedan unos temas pendientes: las Zonas de Reserva Campesina, el latifundio, la soberanía alimentaria, los Tratados de Libre Comercio, la política minero-energética, la desmilitarización del ámbito rural, la inversión extranjera en el campo y otras pequeñeces por el estilo. El problema es que, tal como lo ha aceptado el Gobierno, el acuerdo final es entre dos, y como las FARC insisten en sus exigencias sobre esos temas, pues no habrá acuerdo. Por esta razón, y por ser tan limitado y parcial, el acuerdo anunciado sobre el primer punto es prácticamente inexistente.
Pero además, el acuerdo es temporal, es decir, no es definitivo. Este etéreo acuerdo podrá ser revisado más adelante, tal y como lo establece el principio rector de esas conversaciones: ningún acuerdo es un acuerdo hasta que todo en su conjunto esté acordado. Los temas de este primer punto serán retomados nuevamente más adelante y podrán ser ajustados parcialmente o modificados en su integridad, a voluntad de las partes. Así podrá suceder con cada uno de los puntos siguientes de la agenda, lo cual nos pone en la perspectiva de vértigo de sucesivas e interminables rondas de conversaciones sobre todos y cada uno de los ítemes de la agenda. Para el regusto de las FARC, la impaciencia del Gobierno y la incredulidad de la opinión pública.
El acuerdo también es insustancial, pues es solamente un listado de enunciados que no tienen ningún desarrollo. La enumeración de asuntos como crédito, asistencia técnica, vivienda, salud, infraestructura, etc., son elementos obligados y recurrentes de todos los planes de desarrollo rural de todos los gobiernos de Colombia y del mundo. Pero, a diferencia de este primer acuerdo, en todos los planes gubernamentales cada uno de esos asuntos ha tenido sus respectivos objetivos, metas, alcances, cobertura, presupuestos, plazos, etc. Pero ahora falsamente se pretende mostrar que nunca antes se habían ejecutado programas para la economía campesina, sino ahora. Y todo gracias a las conversaciones con la guerrilla. Falso.
El Gobierno tiene que explicarle al país por qué después de tres años no ha presentado al Congreso la Ley de Desarrollo Rural, relacionada precisamente con los temas de dicho primer acuerdo. Este gobierno no ha tenido una política para el campo. Cualquiera diría que les ha hecho caso a las FARC cuando exigieron una “tregua legislativa”, para que no se tramitara en el Congreso ningún asunto que se estuviera tratando en la mesa de Cuba. Tal y como vamos, hasta que haya acuerdo total en Cuba no habrá política para la economía campesina en Colombia.
El acuerdo es, además, secreto. Por una de tres razones: 1) Porque no existe. 2) Porque es impresentable. 3) Porque no le conviene publicarlo a una o a ambas partes. Hemos dicho desde el comienzo que no hay tal acuerdo; a lo sumo hay un precario avance, pero no un acuerdo. Si no lo publican es porque es tan precario, que ambas partes quedarían tan mal con sus respectivos públicos que prefieren dejarlo en reserva. Pensarán que ni falta hace: si ya vendieron el cuento de que hay un acuerdo, para qué tomarse la molestia de hacerlo público. Lo desconocido infunde respeto y hasta admiración. Incluso sin conocerlo se habla de un “acuerdo histórico”.
Pero, por sobre todo, este primer acuerdo es ilegítimo. Las FARC no tienen ninguna representatividad política, ninguna legitimidad social, para ser la contraparte del Estado en la definición de las políticas y del futuro del sector rural. No representan ni a los minifundistas, ni a los campesinos medios, ni a los empresarios del campo. Escasamente se representan a sí mismas. Nacieron por una decisión del Partido Comunista para tomarse el poder por las armas, no como producto de algún alzamiento campesino por la tierra; esto último es sólo un mito repetido por sus propagandistas. Han sido un factor de atraso y un obstáculo para el desarrollo rural del país y, junto con los paramilitares y los narcotraficantes, los agentes de la barbarie que han desangrado la población campesina.
Adicionalmente, han sido responsables de la mayor parte (36,5%) del despojo violento de tierras a los campesinos. Además de devolver inmediatamente esas tierras, deberían estar pidiendo perdón por los miles de niños campesinos reclutados, niñas campesinas violadas, familias campesinas desplazadas, campesinos masacrados, campesinos destrozados por sus minas quiebrapatas. Pero no: el Gobierno las graduó como los voceros autorizados del campo colombiano para definir el futuro del desarrollo rural. Menos mal que esa farsa está condenada al fracaso.
