Nueva fecha para fin del conflicto
No por mucho madrugar amanece más temprano
El aplazamiento de la fecha para la eventual firma del acuerdo final con las Farc es circunstancia apenas obvia dentro de las actuales vicisitudes que se viven en el país. Así lo habíamos referido de tiempo atrás, puesto que no siempre la imposición de fechas fatales es lo más aconsejable dentro de un proceso de tan variadas aristas y complejidades.
Es claro, por lo pronto, que el acuerdo de justicia anterior no ha sido de buen recibo, ni por los nacionales ni en el exterior. Cuando la gente leyó el tema, luego de la explosión de optimismo inicial, se dio cuenta de que el asunto era a otro precio diferente y que se trataba de crear una nueva jurisdicción constitucional, desplazando a todas las demás. Así se dijo aquí hace más de ocho meses. A poco de ello se reabrió la materia y solo se llegó a un nuevo acuerdo, a finales del año pasado. Leída la totalidad del tema, en los primeros meses de este 2016, prácticamente se ha dado un plebiscito internacional en contra de lo allí estipulado y quienes previamente defendían el texto, paulatinamente han ido retirándose de esa actitud. Nacionalmente, por su parte, los sondeos muestran prevenciones y el respaldo al proceso de paz ha venido en picada. Todo ello, a su vez, en medio de una gigantesca polarización que tiene al país en vilo y desorientado.
En principio, la estrategia clave en las conversaciones de La Habana ha estado en aducir que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Al comienzo se determinó que todo se llevara confidencialmente, pero luego se publicaron los preacuerdos parciales en materias agrícolas, de cultivos ilícitos y de participación política. Entonces se adoptó el criterio de dar a conocer los puntos en los que había consenso y dejar los del disenso para ser negociados después.
De ahí en adelante se ingresó a la negociación del acápite de justicia, a lo que se incluyó el de víctimas. En ello La Habana se llevó más de un año, hasta que se sentaron las bases de la justicia transicional. Allí fue donde se fundó, en el pacto de La Habana, la llamada Jurisdicción Especial de Paz, que tanta polémica nacional e internacional viene causando. Al mismo tiempo, como garantía de no repetición, se sabe que habrá de modificarse varias de las normativas colombianas que permitieron la violación masiva de los derechos humanos en las décadas del conflicto armado interno. Para ello, el Gobierno considera que es suficiente con que el Congreso aboque, en un término restrictivo y de escasa ilustración, las ingentes materias al respecto, para lo cual decidió proponer un cambio general en el funcionamiento del Parlamento y la creación de una comisión legislativa especial.
En el mismo sentido de lo anterior, el Gobierno se jugó por la figura del plebiscito, reduciéndole su umbral de manera protuberante, a fin de lograr una refrendación expeditiva de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, el dicho miniplebiscito no ha recibido todavía el aval de la Corte Constitucional y faltaría a lo menos de cuatro a seis meses para ello, si ese Tribunal actuara raudamente. Por lo pronto, el texto del plebiscito está a examen del Procurador General de la Nación, quien todavía tiene un mes para expedir su dictamen. Una vez ocurrido ello, La Corte Constitucional, en casos similares, ha solido tomarse a lo menos un semestre en la revisión de los temas atinentes al cambio de la Constitución. Por lo demás, la contraparte guerrillera ha sostenido una y otra vez que no está acuerdo con las acciones unilaterales del Gobierno y frente al plebiscito propone una asamblea nacional constituyente, no solo como mecanismo de refrendación, sino particularmente de no repetición y creación de nuevo derecho público.
En medio de ello se ha venido tramitando el denominado cese al fuego bilateral. Para ello el Gobierno trata de reinstaurar de nuevo las polémicas “zonas de despeje”. Es posible que el 23 de marzo, ya aplazada como fecha del fin del conflicto, se le presente algo al país en procura del cese del fuego bilateral y se llegue a un cronograma para llevar a cabo la materia.
Por todo lo anterior, se entenderá que la fecha del 23 de marzo, como fin del conflicto en Colombia, era prácticamente imposible, con buena parte del proceso de La Habana aún pendiente. No por mucho madrugar amanece más temprano. Y como se ha dicho, es mejor darse un tiempo adicional, antes que introducirse por el abismo de un acuerdo arrevesado.
