El cobarde atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, del cual salió, por fortuna, con vida,  muestra que las FARC han pasado a una fase nueva de su ofensiva general contra la democracia colombiana.

Es obvio que las FARC han alcanzado un estado operativo nuevo en el que pueden realizar gravísimos atentados en la capital de la República contra personalidades políticas de primer plano, puesto que el gobierno de  Juan Manuel Santos abandonó la política de seguridad democrática sin remplazarla por un esquema coherente de lucha contra la expansión de las organizaciones terroristas.

El atentado de hoy buscaba segar la vida de Fernando Londoño, el adversario más valiente, libre y elocuente de una reforma constitucional en curso de deliberación en el Congreso que podría ser nefasta para el país.

El llamado “marco legal para la paz” es un dispositivo que debería ser rechazado y archivado definitivamente pues, en lugar de abrir vías para la paz, permitirá cubrir con un manto de impunidad los crímenes, incluso los más atroces, cometidos por los jefes y miembros de las FARC y del ELN en los últimos cincuenta años.

Es una reforma constitucional que, además, le retiraría a la justicia ordinaria la competencia para juzgar a esos criminales y le quitaría al Congreso la facultad de legislar acerca de los procesos de paz en Colombia.

Es un proyecto que no tiene antecedentes en ningún otro país democrático.

No fue una casualidad que el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos haya sido cometido el mismo día en que la Cámara de Representantes se aprestaba a dar la última discusión para la aprobación o el rechazo de esta lamentable iniciativa gubernamental.

Si había dudas entre los parlamentarios sobre las intenciones de las FARC respecto del “marco legal para la paz”, esas intenciones han sido desnudadas por ellas mismas con el terrible atentado de hoy.

Las FARC creen que con este acto bárbaro que le costó la vida a dos personas e hirió a 35 más, intimidará a los colombianos, a los periodistas y a los congresistas.

El llamado “marco legal para la paz” aún antes de nacer ya está marcado con la sangre de colombianos inocentes. Por el futuro democrático de Colombia, por el respeto a las víctimas del terrorismo, el Parlamento colombiano debería meditar muy bien antes de aprobar esa extraña reforma constitucional.