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Domingo 23 de Septiembre del 2018

El bombardeo en Chocó

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 05/11/2015

 

Foto: semana.com

Nueva fase en combate al crimen organizado
Debates tempraneros sobre la Fuerza Pública

El operativo de la Policía y la Fuerza Aérea el pasado martes, cuando fue bombardeado un campamento de la banda criminal conocida como el ‘Clan Úsuga’, en zona rural de Unguía, al norte de Chocó, pone de presente que el combate a los actores generadores de violencia en nuestro país entró en una nueva fase. Este es el primer bombardeo, que es a todas luces una operación militar de alto calibre, contra una banda típicamente de crimen organizado, es decir, que no es un grupo alzado en armas contra el Estado, sino que hace parte de una estructura delincuencial que no tiene móvil distinto a su propio e ilícito lucro.

No es, pues, una de tantas operaciones de bombardeo realizada en los últimos años contra enclaves guerrilleros, cuyo poder de fuego y capacidad de ataque militar permiten al Estado el uso de armamento de alto poder para reducirlos o neutralizarlos. El Derecho Internacional Humanitario es muy claro en diferenciar cuando, en un conflicto armado interno, proceden operativos típicamente militares y cuando, tratándose de otras amenazas a la seguridad de los civiles y las autoridades, su combate debe hacerse con mecanismos estrictamente de tipo policial, utilizando armas de ligero y mediano poder. En el Congreso, incluso, se han debatido varios proyectos sobre la autorización a las FF.MM. para bombardear campamentos de las llamadas Bacrim (bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico).

En el caso del campamento del ‘Clan Úsuga’ en Chocó, según el parte de las autoridades, no sólo se evidenció la permanencia de una fuerza de combate numerosa, sino que además se detectó la presencia de guerrilleros del Eln, lo que elevó ipso facto el nivel de “amenaza superior” que representaba dicho enclave criminal y, por lo tanto, dio lugar a que, respetando los protocolos internacionales sobre la graduación en el uso de la fuerza por parte del Estado según la capacidad de ataque o violencia del enemigo, se procediera al bombardeo. El arsenal encontrado por las tropas policiales confirma que eran delincuentes con armas de largo alcance, explosivos y pertrechos militares capaces de producir un alto daño a la población civil y las fuerzas estatales.

Visto todo ello, es claro que la lucha contra las llamadas Bacrim entró ahora en una nueva fase, sobre todo al comprobarse que muchas de ellas son estructuras no desmovilizadas o reincidentes de los antiguos grupos paramilitares y que ahora se alían con la guerrilla para perpetrar delitos comunes como narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión, sicariato, robo de autos y contrabando, entre otros.

De paso también se comprueba que los debates en torno de qué hacer con las Fuerzas Militares si se llegara a firmar un eventual acuerdo de paz con las Farc terminan siendo no sólo tempraneros, sino ajenos a una realidad a cual más palpable: esa guerrilla no es el único ni principal actor generador de violencia en nuestro país. Las bandas criminales, los carteles del narcotráfico, el Eln y otras facciones subversivas pequeñas, así como algunos grupúsculos sobrevivientes de las anteriores estructuras paramilitares, continúan siendo una amenaza muy alta para el Estado, la seguridad nacional y la obligación constitucional de preservar la vida, bienes y honra de todos los colombianos.

Son, por lo tanto, demasiado apresuradas las proyecciones que desde la academia y otros sectores se hacen sobre las características y nuevas funcionalidades que debería tener la Fuerza Pública en el posconflicto. Especular sobre cuánto porcentaje y pie de fuerza militar y policial tendría que ser disminuido o destinado a labores distintas al combate de los grupos armados ilegales, resulta a todas luces contraevidente. El proceso de paz con las Farc, de llegar a buen término, sólo es una parte de la solución al clima de violencia e inseguridad que atraviesa el país desde hace décadas. Si bien nadie niega que las facciones de crimen organizado mutan constantemente su modus operandi, el que algunas de ellas tengan régimen campamentario cerrado, estructuras paramilitares, mandos unificados verticales y grandes arsenales, evidencian que no son una amenaza menor.

La Fuerza Pública, pues, tiene todavía una larga tarea por delante. Desde el punto de vista presupuestal, de pie de fuerza, equipamiento y marco normativo para garantizar su accionar dentro del respeto a la ley y de los derechos humanos, no puede ser debilitada en lo mínimo ni mucho menos redireccionada a corto plazo mientras las amenazas a la seguridad de los colombianos continúen siendo “superiores”.

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