Movimientos políticos independientes triunfaron en las grandes ciudades; pero los clanes familiares también se perpetuaron en numerosas alcaldías y gobernaciones del resto del país. Nos confirma esta apreciación la pelea entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras “por la chequera”. El erario público se convirtió en el botín de los políticos.

De acuerdo con explicaciones de Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral –MOE- en 47 municipios del país se presentaron disturbios, municipios donde no ha habido guerrillas, ¿por cuáles razones? Porque al cierre de las elecciones se enfrentaron entre sí candidatos que competían por el poder local para disfrutar luego de las adjudicaciones de contratos asignados sin licitaciones públicas a quienes les financiaron sus campañas.

Destacó la señora Barrios que se ha perdido el control de los partidos políticos para: avalar candidatos probos; asignar testigos electorales para la jornada y para los escrutinios; para reducir el número de trámites y de manos que intervienen; para evitar que los amparados por el Sisbén se conviertan en clientela de los gobernantes de turno; para actualizar las bases de datos del Sisbén…

Ariel Ávila Martínez nos explicaba en el diario digital Las dos orillas, en un artículo titulado “Cuando el Estado funciona de forma mafiosa”, lo siguiente: cualquier persona que quiera aspirar a una alcaldía o gobernación debe contar con el aval de un partido político y con una suma de dinero que ronda entre los 800 y los 9.000 millones de pesos, dependiendo de la circunscripción. Por ejemplo, la alcaldía de Policarpa en Nariño costó alrededor de los 800 millones y la gobernación de Édgar Martínez en Sucre, quien venció al otrora todo poderoso Yahir Acuña costó alrededor de los 10.000 millones de pesos”.

Este aval lo debe negociar –continúa Ávila- con el barón electoral de la región, un congresista por lo general, a cambio de cargos burocráticos en su alcaldía o gobernación y con la promesa de apoyar posteriormente al congresista en las próximas elecciones. Una vez logrado el aval, debe el candidato conseguir recursos económicos del sector privado legal, de los contratistas de obras públicas, de los proveedores de alimentación del sector educativo o de la salud. Acuden algunos, finalmente, a fuentes ilegales como los dineros de los gobernadores, los alcaldes, los narcotraficantes y los mineros ilegales.

Una vez electo el alcalde o gobernador, para garantizar el pago de todos estos favores, debe aprobar su plan de desarrollo en el Consejo o Asamblea con las sugerencias de algunos de sus financiadores. Estas mayorías las logra ofreciéndoles cargos burocráticos a los concejales y diputados, es decir, empeñando aún más su administración.

Con estas mayorías –concluye Ávila- no solo logra que le aprueben su plan de desarrollo, sino que, además, elige los órganos de control, esto es, personerías y contralorías. Con esta hegemonía política total y con las protecciones ante sus investigadores, adjudicarán obras y contratos sin licitación; pero eso sí, les exigirán dichos mandatarios a sus favorecidos que le retornen comisiones entre el 5 y el 25% para pagarles a sus financiadores las deudas de su campaña. Y para escoger en los últimos meses de su período a su sucesor y perpetuar todo el aparato estatal a su servicio.