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Martes 23 de Julio del 2019

El caso del doctor Gómez

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 25/11/2014

 

Foto: minuto30.com

Doctrina de la lesa humanidad a la Corte

El derecho de opinión y María Isabel Rueda

Ha dicho el Fiscal General de la Nación, en extensa entrevista dominical a este diario, que bajo ningún motivo el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado podrá prescribir, cerca de cumplirse veinte años del irresoluto magnicidio. Y en tal sentido aduce dos doctrinas, una afincada en el momento desde que corre la prescripción frente a los sospechosos y otra soportada en la teoría de los Derechos Humanos. Posibilidades a tenerse en cuenta, si ello colaborara en terminar la estruendosa impunidad.

Aun así, no es dable descartar como alternativa principalísima, que el crimen sea contemplado, de acuerdo con la calificación doctrinaria que se ha dado a decenas de casos, en Colombia, que se declare de lesa humanidad. No en vano así ha sido solicitado, no sólo desde estas columnas y otros periódicos, a más del curso de las investigaciones y la Procuraduría, sino nada menos que por cuatro ex presidentes de la República, a saber, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, por demás la mayoría abogados.

De manera que no hay allí ni puede verse, en absoluto, ninguna propensión política, partidista o de cualquier índole que no sea, justamente, optar por ese escenario, no sólo procedimental para evitar la prescripción, que hasta a semejante apremio se ha llegado, sino para enmarcarlo debidamente dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, propias del tenebroso contexto en que se produjo, de todo el país sabido.

Porque, en efecto, al doctor Gómez no lo asesinaron, precisamente, por estar dando sus apetecidas clases de historia y cultura, en la Universidad Sergio Arboleda, tal como con exactitud ha señalado Mauricio Gómez Escobar, sino porque su voz era la única en el país de tales características que por su potencia y potencialidad, se había vuelto incómoda para los detentadores de lo que él mismo llamaba y explicaba el Régimen, entre ellos la Presidencia de la República, sistema anómalo fundamentado en  complicidades personales e institucionales en vez de las solidaridades y la armonización políticas.

De hecho, el propio Fiscal General, dice que el crimen se dio “por la profesión de periodista, de líder político y por la afectación social que generó el magnicidio”. Siendo así, como evidentemente lo es, convertido él en opositor, escribiendo sesudos editoriales y dando nutridas conferencias, todo a la luz pública, del análisis conceptual es indisociable un crimen de Estado, imbricado entre el sistema de complicidades de antemano por él denunciado, lo mismo, en ciertos aspectos, que el de Luis Carlos Galán. Lesa humanidad, no solamente por ello, sino por el carácter sistemático que, a todas luces, se deriva de las amenazas, atentados y asesinatos de la época, de los cuales el del doctor Álvaro Gómez no es un hecho aislado, sino parte de la premeditada cadena de desestabilización y distracción, que por supuesto señala un hilo conductor no develado.

Extraño, por lo demás, que el caso sufriera tal desviación, como está reseñado con precisión y al detalle en el libro que, a los efectos, escribió su hermano, Enrique Gómez Hurtado, al que por su parte la nueva Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía habrá necesariamente de remitirse porque, con objetividad y rigor, allí está demostrado el desvío que, desde el inicio, sufrió la investigación: lentitud de las autoridades en llegar al lugar, desaparición de pruebas e invención de otras, ausencia de protocolo en los estudios balísticos, desaparecidas las balas, entre otros. A más, ciertamente, de todos los testimonios que han surgido últimamente y a los que la periodista María Isabel Rueda, amparada por los cánones de la libertad de expresión constitucional, ha aludido en El Tiempo y en cuyas columnas ha puesto los interrogantes comunes a las inquietudes ciudadanas. No en vano aquí mismo, tal cual ha podido hablar extensamente el Fiscal, se abrieron las páginas para el abogado de la familia Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez, experto en la causa, donde se señalaron las falencias. Decirlas es lo menos, tras dos décadas de impunidad.

Es justamente en ese sentido, en aras de reconstruir lo que hasta hace unos años parecía perdido y de informar y comentar, que Rueda ha hecho uso de su derecho de opinión. Y no faltaría más que, por reconocida “alvarista” de mente y corazón, fuera aquello un handicap, motivo de retaliaciones o temas intocables para dejarse de expresar, según lo deja sentir con razón en su columna de ayer.

En tanto, avanza la prescripción. Ahora que una de las aristas del caso ha llegado a la Corte Suprema muy seguramente solo declarando el crimen de lesa humanidad es que, algún día, pueda finalmente resolverse.

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