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Domingo 21 de Abril del 2019

El caso Santrich: un año a la espera de una decisión

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Olga Patricia Rendón M  |

Fecha: 09/04/2019

 

La JEP solicitó pruebas sobre Santrich (foto principal) Abajo, imagen tomada de video que presuntamente vincula a Santrich con el envío de coca. - Foto: Cortesía - Esteban Vanegas

Hace exactamente un año Colombia fue sorprendida con la noticia de la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, el excomandante de las Farc conocido en sus años de guerra como “Jesús Santrich”.

El informe de la Fiscalía General consignó que existían pruebas suficientes en la DEA que lo implicaban en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.

Para algunos críticos del Acuerdo de paz, este caso era la prueba de que los comandantes guerrilleros no querían dejar atrás el negocio del narcotráfico y buscaban aprovechar la reincorporación, incluso su paso por el Congreso de la República, para seguir recibiendo los réditos de la economía criminal.

Ha pasado un año desde entonces y el caso no se ha resuelto. Los colombianos aún no sabemos si el exguerrillero en realidad siguió inmerso en el negocio del narcotráfico después de la firma del Acuerdo, y mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determina la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos, Santrich permanece recluido en La Picota.

¿Implementación en riesgo?

Pocos días después de la captura, Iván Márquez, segundo de las Farc, desapareció por completo. Argumentó su ausencia en la falta de garantías jurídicas y en el temor de que contra él también se levantara “un montaje”, como lo llama la Farc.

Detrás partieron Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “el Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, dos de los más temidos excomandantes guerrilleros, quienes hoy no comparecen ante la JEP.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, ha dicho que los excombatientes que cumplen con lo acordado no deben temer, porque “el Gobierno les está dando todas las garantías para que su proceso de reincorporación continúe de la mejor manera. El problema será solo con quienes decidan seguir delinquiendo y faltar a la legalidad impuesta en la Constitución”.

De hecho, aclaró que el presidente Iván Duque ha ido a más espacios territoriales que su antecesor, Juan Manuel Santos, y que tiene el propósito claro de cumplirle a quien cumpla.

Para Benedicto González, miembro del partido Farc y quien ocupó la curul de Santrich en la Cámara de Representantes, es claro que “uno de los temas que más les preocupa a los excombatientes base de Farc, los mandos medios y los comandantes de las estructuras es la seguridad jurídica. Un acuerdo no se firma para terminar en la cárcel, extraditado o asesinado”.

Y agregó que “esto sin duda es el mejor caldo de cultivo para que muchos de los que se reincorporaron y aceptaron las condiciones del Acuerdo tomen diferentes rumbos, no solamente las disidencias sino desvincularse de contribuir a la construcción de la paz”.

Y es que Santrich no fue uno más en la negociación con las Farc, su influencia en muchas oportunidades superó incluso la de Iván Márquez. De acuerdo con González, su posición fue muy importante en el debate sobre la reincorporación económica y social de los exguerrilleros y en las garantías de seguridad.

Y en adelante sus críticas fueron muy fuertes contra el Gobierno y después de la firma del Acuerdo, con respecto a la implementación. Estuvo en una huelga de hambre por más de 20 días, pese a sufrir de diabetes, porque sus compañeros seguían presos, y solo paró cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1175, del 18 de julio de 2016, que los excarcelaba.

Libertad o muerte

Si algo tienen seguro quienes conocen de cerca a Santrich es que no se dejará extraditar, prefiere dejarse morir que pisar una celda extranjera.

Una vez preso hizo una segunda huelga de hambre de 41 días que lo llevó a un hospital por deshidratación. Y González está seguro que hará lo mismo en el caso de ser extraditado: “se dejará morir”.

La posibilidad de que sea enviado a una prisión en el exterior es alta. La Sala de Revisión del Tribunal para la Paz está en sala permanente desde hace dos semanas y se espera que muy pronto haya una decisión en primera instancia, que podrá ser apelada por la defensa o por la Procuraduría.

El Ministerio Público pidió que Santrich no sea cobijado con la garantía de no extradición, argumentando dos razones fundamentales: “Porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, y en segundo lugar porque son hechos que no guardan relación directa ni indirecta con hechos derivados del conflicto armado”, señaló el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, cuando envió a la JEP su concepto.

Sin embargo, Gustavo Gallardo, abogado de la defensa, difirió en el planteamiento: “La Procuraduría debería ser la primera en oponerse a la extradición porque Santrich está compareciendo ante la JEP y en un hipotético caso de extradición, a las víctimas se le verían conculcados sus derechos”.

En todo caso, los 120 días que tenía la JEP para decidir el futuro de Santrich se han alargado mucho más de los esperado por la defensa. Gallardo dijo que parte de la culpa es del Gobierno que dilató la petición de pruebas a Estados Unidos “con la pérdida de la famosa carta” (una misiva en la que la JEP solicitó las pruebas a EE. UU. y que nunca llegó a su destino porque se perdió en el correo de 4/72 en Panamá); pero la mayor parte de ella la tuvo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien argumentó conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la JEP que tuvieron que ser resueltos por la Corte Constitucional.

Ya son 365 días y el calendario sigue corriendo.

La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confirmó que si la JEP determina que la fecha del supuesto delito de narcotráfico fue cometido después del 1° de diciembre de 2016 y la Corte Suprema de Justicia da su visto bueno, el presidente Iván Duque extraditará al exguerrillero.

¿Y las pruebas?

Cuando llegó el momento de la práctica de pruebas, la JEP le pidió a la Fiscalía todo el expediente contra Santrich, incluidos unos audios y videos que habían trascendido en medios de comunicación, en los cuales se escuchaba una conversación sospechosa sobre una transacción de unos “televisores” que supuestamente serían, en realidad, las 10 toneladas de cocaína que enviaría.

La respuesta dejó sorprendidos a quienes escucharon al fiscal Martínez: “Le he reiterado a la JEP que en el expediente no tiene pruebas de audios y videos (…) Es que el Gran Jurado de la Corte de Nueva York tuvo acceso a audios y videos que determinan los hechos que han dado lugar a la acción de la Corte de Nueva York en este caso”.

Obviamente la Sección de Revisión pidió al Departamento de Justicia estadounidense, por intermedio de su homólogo colombiano, que enviara las pruebas, y después de subsanarse la pérdida de la primera carta esa cartera contestó: “debemos declinar la petición, pues lo solicitado (9 grabaciones entre el 10 de julio de 2017 y febrero 13 de 2018) es contrario a nuestra práctica del tratado y pide una evidencia innecesaria para el requerimiento de extradición”, evidencia que estaría en el indicment.

Así que la JEP no cuenta con material probatorio que implique a Santrich en un delito, más allá de este escrito, que es un documento de acusación realizado por un fiscal de la DEA en el que se asegura que el excomandante guerrillero trató de enviar droga a suelo americano. “Todas y no solo algunas de las acciones penales presuntamente cometidas por Hernández ocurrieron claramente después de la fecha de vigencia del Acuerdo Final para Terminar el Conflicto Armado y Construir una Paz Estable y Duradera”, dice la respuesta.

Esto es el argumento para que Gallardo asegure que no hay material probatorio para establecer la fecha en la que supuestamente se cometió el delito, ya que no hay prueba del crimen como tal.

Sin embargo, hay quienes opinan, como el penalista Francisco Bernate, que la JEP debe dar el visto bueno para la extradición de Santrich: “No podemos pensar en hacer en Colombia un juicio por una conducta que es investigada en el exterior, de eso se tratan los tratados internacionales, que de buena fe la justicia de un país debe confiar en la otra”.

Al respecto, Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, explicó que “la JEP se creó en el entendimiento de que para cerrar el conflicto hay que ayudar a sanar a las víctimas, que ellas deben ser el centro de la reconciliación nacional, por eso no puede primar que la justicia norteamericana quiera juzgar a los colombianos”.

Lo que pase con Santrich marcará lo que puede ocurrir con los casos en los que la JEP avoque conocimiento. La historia será prácticamente la misma, un indicment como pruebas será el único material con el que contará la JEP para tomar la decisión.

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