Colectivo de Abogados y Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, dicen que discrimina.
La norma que busca evitar que la plata de la reparación para las víctimas del conflicto termine en manos de abogados que las asesoran acaba de ser demandada ante la Corte Constitucional por varias de las ONG más importantes del país.
El artículo 44 de la Ley de Víctimas señala que "los abogados que las representen (a personas afectadas por el conflicto) no podrán, en ningún caso recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos salarios mínimos en acciones de tutela o 25 salarios en caso de acciones ante el contencioso administrativo".
En su momento, el Gobierno argumentó que lo que se buscaba era evitar que, como ha sucedido en otras oportunidades, abogados avivatos terminen quedándose con la mayor parte de las indemnizaciones que deberían ir a las familias golpeadas por la violencia. Los demandantes, apoyados por entidades tan prestigiosas como la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostienen que el artículo viola la Constitución porque discrimina a los defensores de víctimas, y que lo que busca es eliminar o desincentivar "radicalmente" la presentación de demandas contra del Estado.
En el trámite de la norma ante el Congreso se denunciaron casos de litigantes que firmaron contratos que les daban hasta la mitad de las indemnizaciones o ayudas a las que tenían derecho las víctimas. Acción Social habló de "mafias de abogados" que cobraban a desplazados millonarias sumas por entablar simples acciones de tutela o por registrarlos ante el Estado, un trámite que es gratuito.
"Antes de la expedición de la Ley, todos los abogados estaban regidos por las mismas reglas -dice la demanda- (…) Es evidente que el parágrafo modifica la regulación existente en perjuicio de los abogados que representan a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH". Aseguran que la norma, más que proteger a las víctimas, limita su posibilidad éxito en las demandas por reparación y que no hay un estudio serio que demuestre el abuso de los abogados.
La Ley de Víctimas ya pasó su primer examen de constitucionalidad en la Corte. Además de esta, hay otras dos demandas en curso.
