Ahora que ha estallado un nuevo escándalo por presumible escamoteo de los dineros girados por países europeos para hacer más llevadero el posconflicto, recordamos la frustración de algunas víctimas inocentes de la subversión, que ilusionadas con la reivindicación material prometida en los acuerdos de Paz, se han acercado a las oficinas de Reparación para reclamar sus indemnizaciones económicas. No son escasas las ocasiones de haber sido despedidas con la respuesta de “no hay plata”. Que carecen de dinero para resarcirlas. “Vuelva por allá en el 2022 a ver si ya han llegado recursos”, para abonarle lo que se les debe. Testimonios inhumanos de personas –de las más de 8 millones y medio registradas en la Unidad de Víctimas– que siguen arrastrando su dolor e impotencia, causados no solo por la lucha armada, sino por la morosidad de un Estado negligente e irresponsable.
Ahora se le suma a este conejo que le ponen a las víctimas del conflicto armado, el escándalo sobre el uso –¿ y el abuso?– de los dineros provenientes de las ayudas de Suecia, Suiza, Noruega para cofinanciar el costo del posconflicto. Hay serias dudas sobre la forma como se han destinado y ejecutado los recursos provenientes de la cooperación internacional. Más de 200 millones de dólares, están enmarañados en burocracia y en contrataciones dudosas, que arrojan un manto de duda sobre un proceso de paz bastante enredado por cierto.
Los embajadores de aquellos países piden explicaciones para ver en donde está la platica que aportaron para el posconflicto. Y el gobierno responde, ante este “oso” internacional, con el juego de la bolita. Si está pero no sabe en dónde se esconde. Tapa y destapa y no aparece la canica. ¿Será este enredo parte de la danza de corrupción que se carcome al país, como lo plantea el Fiscal General al denunciar que “proyectos del posconflicto están sumidos en una red de corrupción”? ¿Acaso en otro cartel que ahoga la paloma blanca de la solapa presidencial? ¿Será que sí “hay desvíos de los recursos para reparar las víctimas”? ¿Hacia dónde se desvían? ¿Quién está esquilmando la platica? ¿Será por negligencia administrativa? ¿Así se busca la reconciliación del país, quitándole a las víctimas sus derechos a ser reparadas?
A este paso de chequeras enredadas, de fondos que andan errantes sin saber qué camino han tomado, se va desarrollando la política del posconflicto. Llena de dudas, de desconciertos, de incumplimientos para las víctimas más que para los victimarios, los demoledores actores de los desolados campos colombianos.
Dentro de las muchas herencias que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, está la de cumplirles a las víctimas. Si el actual mandatario dice que ha reparado un poco más del 25 %, otros, bien informados, sostienen que no llegan al 12 % “las que han sido reparadas, sea por vía judicial o administrativa”. Pagarles lo prometido, es un compromiso ineludible del sucesor de Santos para así ir devolviéndole a la palabra presidencial el valor de ser moneda moral de buena ley, hoy tan devaluada al ahogarse en medio de tantas mentiras y fantasías.
