Derecho prevalente de los niños
Recuperar el control de las calles
El decreto por medio del cual el gobierno del presidente Iván Duque pretende controlar la dosis mínima, sustrayéndola del espacio público, es un aliciente para la retoma de las calles y parques del país. Es posible, claro está, que la medida no produzca el cien por ciento de efectividad pero es un mecanismo para enfrentar el microtráfico y amparar el derecho prevalente de los niños a una vida sana y una educación integral.
El desmedido crecimiento de la oferta de alucinógenos y cocaína, a nivel nacional, ha hecho paulatinamente que crezca el consumo, especialmente en las edades más vulnerables, de 10 a 18 años. Frente a semejante reto, ningún gobierno podría quedarse cruzado de brazos, mientras los traficantes en pequeña escala meten a la juventud en el círculo diabólico de los narcóticos, hasta volverla adicta. No es pues, en principio, un problema de salud pública sino precisamente un mecanismo para que el flagelo no llegue a esas instancias.
Es de otra parte ingenuo pensar que un país que tiene un potencial de exportación de entre 900 y 1.380 toneladas métricas de cocaína al año, según el mercado calculado de Colombia, no exista parte para comercializarla nacionalmente. Es obvio, por tanto, que debe enfrentarse toda la cadena, es decir, buscar las fórmulas adecuadas para reducir drásticamente el cultivo y el procesamiento de los alcaloides, como de otra parte asegurarse de que los jíbaros nacionales no cumplan su propósito de inundar el mercado local. Ambos flancos, tanto en el internacional como el interno, deben ser cubiertos por las acciones de la autoridad.
Para nadie es secreto que el apogeo de los alcaloides en el país se debió a un intempestivo cambio de estrategia que llevó a que los cultivos ilícitos ascendieran de 47 mil hectáreas, en 2013, rubro que iba en descenso, a la astronómica estadística de entre 170 mil y 210 mil hectáreas sembradas en tan pocos años.
Vale decir, por igual, que los derechos colectivos prevalecen sobre los derechos individuales. Y es por eso que hace bien el gobierno Duque en tratar de encontrar un instrumento que permita hacer valer la Constitución en su ordenanza principalísima de defender a los jóvenes y niños que, en su inmensa mayoría, nada tienen que ver con las adicciones alucinógenas pero que sí pueden ser presa fácil para que los mercaderes hagan de las suyas en personas indefensas y aún inmaduras.
También debe el Estado, por supuesto, garantizar que aquellos que han caído en la adicción encuentren la manera más expeditiva para salir de esa tragedia. Es importante que el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales se ocupen de ello en la misma medida que la Policía debe recuperar el control citadino, de alguna manera desquiciado por la llamada “dosis de aprovisionamiento” que fue derivada de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo los colombianos suelen asimilar códigos de conducta que en cierta época eran impensables. Así ocurrió, por ejemplo, con el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en los automotores, medida impuesta en Bogotá por el entonces alcalde Jaime Castro, que luego tuvo alcance nacional. Igual ocurrió con la prohibición de la pólvora en épocas navideñas por la fatalidad que ello encarnaba para los niños. Del mismo modo, la ciudadanía incorporó la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. Así se ha producido también con las restricciones al cigarrillo. En la misma dirección está prohibido manejar hablando por celular. Esto para solo dar unos ejemplos de lo que en su momento fue resistido por supuestamente atacar los derechos fundamentales, pero que fue paulatinamente asimilado por la sociedad y ahora es motivo de defensa irrestricta.
Es posible que al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional llegue el decreto en mención. Pero en la misma medida, las magnas corporaciones no solo podrán ver la ley en abstracto, sino las realidades circundantes que exigen instrumentos jurídicos para la regulación y protección sociales. No está exenta la nueva política de amparo de la niñez y del espacio público de dificultades. Pero está demostrado que la laxitud con el tema solo conlleva mayores calamidades. Tiene la Policía, pues, una responsabilidad gigantesca, luego de la total confianza delegada por el presidente Duque y los ministros en materia tan delicada. A su vez, la Policía puede tener la certeza de que la ciudadanía la acompaña en esos propósitos, sabiendo de antemano que no faltará quienes busquen torpedear la medida a fin de removerla del escenario.
