El Estado debe contar con todos los elementos para enfrentarlas. Incluido el uso de fuerza militar.
Con alrededor de 3.500 integrantes, las bandas criminales se han convertido, en varias zonas del país, en el principal desafío para la seguridad de los colombianos. Remanente indeseable del proceso de paz con los paramilitares, esos grupos están abiertamente dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal y a todas las formas de extorsión. En departamentos como Norte de Santander, Guaviare, Meta, Cauca y Nariño han hecho pactos de convivencia criminal con las guerrillas para repartirse responsabilidades y ganancias en el negocio de la coca.
De esas proporciones es el enemigo que enfrenta el país, y que se suma a las amenazas ya conocidas de la violencia de las guerrillas y las mafias del narcotráfico. Desde el campanazo de alerta lanzado por la OEA en el 2007 sobre el surgimiento de esos nuevos grupos en viejas zonas ‘paras’, casi todos sus jefes –la mayoría provenientes de los grupos paramilitares– han sido capturados o abatidos, y de la diáspora de bandas queda hoy un puñado, que logró imponerse en la competencia delincuencial.
El grupo más poderoso, el ‘clan Úsuga’, tiene unos 2.900 integrantes y ha logrado expandir su franquicia a una decena de departamentos y, en la región limítrofe con Panamá, de acuerdo con denuncias de autoridades locales y habitantes, alias ‘Otoniel’ y otros capos como ‘Gavilán’ son protegidos por cuerpos armados integrados por decenas de hombres que llevan armas de largo alcance.
La lucha contra las bandas ha sido liderada por la Policía, que con golpes contundentes ha logrado descabezar a la mayoría de esos grupos. Pero la persistencia del fenómeno y el poder creciente de ‘los Úsuga’ han abierto controversias acerca del papel que podrían jugar las Fuerzas Militares, con todo su poder de fuego, incluidos los bombardeos, en el combate de los grupos más poderosos en las zonas rurales. Esa es la esencia del proyecto que ahora discute el Congreso, y que revive algunas de las disposiciones que se cayeron cuando la Corte Constitucional tumbó la reforma del fuero militar del 2012.
El debate es fuerte, porque hay sectores, incluida la Policía, que advierten que las acciones militares, que están regidas por las normas del Derecho Internacional Humanitario, podrían dar pie para que las bandas procuren reconocimiento como actores del conflicto, vieja pretensión de sus jefes para buscar un tratamiento judicial similar al que lograron los paramilitares. Frente a esto, la posición de la administración Santos ha sido clara y acertada desde el principio: la historia de los famosos ‘narcos purasangre’ colados en un proceso de paz no se repetirá, y la única opción para las bandas es el sometimiento a la justicia.
La discusión es válida, pero hay de fondo una situación que debería inclinar la balanza por la opción de que los militares puedan intervenir: si, como todo el país lo espera, las Farc se comprometen con la paz y dan el paso hacia la desmovilización, será inevitable, como ha ocurrido en todos los procesos de paz en el mundo, que una parte de sus fuerzas siga en la ilegalidad. Serán nuevos refuerzos para los grupos ya existentes que están dedicados de lleno al narcotráfico. Así, ante la posibilidad de que las ‘bacrim’ terminen repotenciadas, el Estado debe contar con todos los elementos para enfrentarlas. Incluido el uso de la fuerza militar.
