Justicia o paz
“Amnistías en el siglo XXI”
Paz o justicia, ese es el dilema. Hoy para la comunidad internacional (y para muchos en Colombia), no puede haber paz verdadera sin justicia. Para las Farc y para la extrema izquierda colombiana, con justicia no podrá haber paz; para ellos, los cabecillas guerrilleros no deben pagar con cárcel sus crímenes. Para los primeros, no puede haber impunidad para crímenes contra los derechos humanos.
Por eso se creó la Corte Penal Internacional, ratificada por Colombia. Pero la situación colombiana presenta un problema: nuestro presidente quiere hacer la paz a cualquier precio y parte del que exige la subversión es que para sus cabecillas no haya justicia efectiva. Ahora bien, una amnistía general no es garantía para la subversión. No solo está el peligro de que organizaciones internacionales de justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la CPI reclamen jurisdicción ante la indulgencia del gobierno colombiano, sino que nuestros propios tribunales revoquen las leyes de amnistía, como sucedió en el cono sur, donde en Argentina se anuló la Ley de Punto Final de Raúl Alfonsín mediante la cual amnistió los crímenes de la dictadura militar y hubo 503 condenas o en Chile, donde recordamos el caso de Augusto Augusto Pinochet.
Santos cree encontrar la solución disfrazando la amnistía, estipulando una “sanción” de de “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”. Como era de imaginar, no se determina donde se cumplirá está restricción de residencia y movimiento, que bajo ningún parámetro puede ser considerada pena adecuada para los innumerables crímenes contra los derechos humanos cometidos por las Farc. Adicionalmente está el contrasentido de que condenados puedan participar en política y ser elegidos a cargos públicos. Es un absurdo, por decir lo menos, que alguien condenado por un crimen contra la humanidad, un secuestrador, un torturador, pueda estar cumpliendo una condena, aunque esta sea estar limitado al departamento de Caquetá, y ser, al mismo tiempo, concejal o senador. ¿Qué pasa si Timochenko con sus desplazamientos restringidos a Arauca es elegido senador? ¿Podrá ejercer sus funciones legislativas desde Arauca?
La formidable maquinaria propagandística del gobierno ha insensibilizado un poco a la opinión pública local, no así a la internacional. Basta mencionar el documento de Human Rigths Watch sobre el tema y en el que se expresa que estas son “sanciones, que no reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”. A esta amnistía disimulada concertada con las Farc puede ocurrirle lo mismo que a la Ley de Punto de Final de Argentina.
