La Contraloría operó en esas oficinas sólo dos años largos, porque el contralor Edgardo Maya le hizo caso al fiscal y no prorrogó el contrato, pues si lo hacía se debilitaba la denuncia del fiscal contra Morelli.
¡Sólo en Macondo puede ocurrir que, como consecuencia de una pelea entre un fiscal y una excontralora, más de 2.000 empleados anden deambulando sin un lugar donde trabajar, asistiendo a unas capacitaciones improvisadas que, en vísperas de año nuevo, se inventó el nuevo contralor para salirle al paso al impasse que se produjo porque él, quizás vencido por el pánico a las represalias que en su contra pudiera tomar el fiscal general, no prorrogó el contrato de arriendo de la sede que, sin razón válida, a mi juicio, había cuestionado él con el fin de tener un argumento para encarcelar a su enemiga Sandra Morelli, quien siendo contralora lo acusó de hacerse el bobo ante las barbaridades que, en detrimento de la salud de los colombianos, habría cometido un expresidente de Saludcoop, antiguo cliente suyo!
La historia es esta: en abril de 2012, Morelli firmó un contrato con la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A. para arrendar, con opción de compra, para la Contraloría, que no disponía de una sede adecuada, 29.824 m² de oficinas en el edificio Gran Estación II, con 465 parqueaderos, divisiones, cableado y 2.842 estaciones de trabajo equipadas con muebles, por un canon de $2.500 millones mensuales, lo cual da un precio por metro cuadrado de $83.825. Cerca de ese lugar arriendan en obra gris a $70.000 el metro, de manera que cobrar $14.000 más por el metro terminado y amoblado no es exagerado.
El contrato se hizo por dos años prorrogables en las mismas condiciones, porque se vencía el período presidencial, y la contralora no podía firmar por un plazo mayor. Y reelegido Santos, ella lo prorrogó por seis meses más, pues su período vencía a fin de año. Sin embargo, como las adecuaciones hechas y el mobiliario adquirido a petición de la Contraloría le habían costado al arrendador cerca de $36.000 millones, en el contrato se calculó que esa inversión se amortizaría en 10 años de arriendo y, por ello, se estableció que, si la Contraloría entregaba el inmueble antes de ese plazo, debía pagar la porción de lo que faltara por amortizar.
La Contraloría operó en esas oficinas sólo dos años largos, porque el contralor Edgardo Maya le hizo caso al fiscal y no prorrogó el contrato, pues si lo hacía se debilitaba la denuncia del fiscal contra Morelli. No obstante, el Consejo de Estado, en una sentencia de diciembre en que le negaba una tutela a Maya (como se han negado ya tres más), lo autorizó a hacerlo. Entonces comenzó el calvario y, después de Navidad, la Contraloría ordenó empacar el archivo y abandonar la sede, y unos 300 funcionarios, encabezados por el contralor, el vicecontralor y sus respectivos combos, se acomodaron en el viejo Ministerio de Justicia, pero los otros 2.000 o más empezaron a deambular como el judío errante.
El asunto llegó a ese punto porque el año pasado la ira del fiscal Montenegro contra Morelli lo llevó al extremo de alegar que el contrato era ilegal y estaba viciado porque uno de los socios de Proyectos y Desarrollos, Alberto Aroch, estaba acusado de lavar activos. Pero resulta que ese señor se la pasa en Estados Unidos, lleva cuatro o cinco años de investigaciones y no le han hecho siquiera una imputación. ¿Y en caso de que fuera culpable, como alega el fiscal, podría declararse viciado el contrato? ¡No creo! ¡En ese caso tendría que estar preso él y su participación en la sociedad confiscada, pero no sin sede la Contraloría!
Esta es sólo la parte superficial del cuento. Pero, por ahora, ya es suficiente para decir: ¡no hay derecho!
