Human Rights Watch, la organización no gubernamental señaló que no puede ser excusa el que los diálogos de paz se encuentren suspendidos. “El Derecho Internacional Humanitario prohíbe la toma de rehenes y esta es una obligación que no puede estar sujeta a negociaciones”, dijo.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) debería entregar de forma incondicional a todas las personas secuestradas y dar a conocer qué sucedió con aquellas que han muerto, señaló hoy la organización no gubernamental Human Rights Watch.

Para la ONG, el hecho de que las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Iván Duque y esa guerrilla se encuentren suspendidas, “no es excusa para que se retenga a sus rehenes, violando sus obligaciones conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

El jefe de Estado ha dicho que está dispuesto a reanudar los diálogos si el ELN desiste de los secuestros, libera a todas las personas cautivas y pone fin “a toda actividad criminal”, mientras que ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del grupo subversivo, insiste en que las liberaciones deben tratarse en la mesa de negociación, al tiempo que ha señalado que varios de los casos habían sido “atribuidos falsamente” a ellos, sin aclarar a cuáles se refería.

“A lo largo de Colombia, muchas comunidades vulnerables sufren gravísimos abusos a manos del ELN, y un acuerdo de paz podría eventualmente paliar esta situación”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de personas que el ELN mantiene en cautiverio. El 18 de octubre, el comisionado de paz del nuevo gobierno, Miguel Ceballos, aseguró que son “más de diez” las personas secuestradas, pero informaciones extraoficiales hablan de más e incluso se rumora que algunos de los plagiados podrían haber muerto durante el secuestro.

En abril pasado, ‘Pablito’, un comandante del ELN en Arauca, manifestó a periodistas que sus tropas tenían en su poder a José Leonardo Ataya Rodríguez, gerente de una empresa de servicios públicos del departamento, y a Rafael Andrés Riaño Barrero, contratista de la petrolera Ismocol. El padre de Ataya dijo haber visitado un campamento de esa guerrilla en Venezuela para negociar la liberación de su hijo.

El 24 de octubre, Ceballos anunció que las fuerzas de seguridad le atribuían al ELN el secuestro de otras dos personas: la comerciante Diana María Toro Vélez, plagiada el 27 de septiembre en el municipio de Amagá, Antioquia, y Fredy Arlendy Rangel Carmona, jefe de seguridad de una empresa, secuestrado el 24 de julio en el municipio de Andagoya. El ELN no ha confirmado su responsabilidad en estos casos.

Esa guerrilla ha señalado en reiteradas ocasiones que el DIH no prohíbe los secuestros. El 21 de septiembre, a través de Twitter, manifestó que el “secuestro no existe en el DIH. Detenciones de soldados, policías y contratistas por parte del ELN es una acción legítima”. Y ‘Pablito’ ha dicho igualmente que tiene “derecho a las retenciones económicas y políticas” porque es una “organización revolucionaria insurgente”, agregando que “si el Gobierno no quiere que detengamos, acordemos, y esa es una tarea de la mesa de negociación”.

Sin embargo, advirtió Human Rights Watch, la privación de la libertad de civiles, que en Colombia se conoce comúnmente como secuestro y el ELN califica como “retención”, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario. “Detener a una persona para obligar a otras a realizar una acción para lograr su liberación constituye una toma de rehenes, lo cual es un crimen de guerra”, explicó la ONG.

“El Derecho Internacional Humanitario prohíbe la toma de rehenes y esta es una obligación que no puede estar sujeta a negociaciones”, concluyó Vivanco.