Es ya insostenible la manera como en Colombia se hacen las cosas para que no se haga nada. Ahora resulta que, después de cuatro meses de intentonas, el contralor general de la Nación no pudo firmar un contrato de arrendamiento por el pavor a correr la misma suerte de su antecesora.
Así, tal cual es de poderoso, empezará el año arrimado en un ministerio, rogando por papelería y ocupando prestados los pupitres para los funcionarios que no pudo mandar a vacaciones obligadas. Mientras la corrupción campea, la Contraloría anda de trasteo.
Gramalote, el municipio aquel que por cuenta de la ola invernal de 2010 tuvo que ser deshabitado y cuyas promesas de reubicación se renuevan anualmente, aún no existe. Resulta que no se acaba el proceso de compra de predios, los diseños casi no terminan y el Concejo Municipal estuvo a punto de no aprobar el Esquema de Ordenamiento Territorial. Funcionaron mejor las tretas de particulares en contra del proceso que toda la acción del Estado y sus bienintencionados funcionarios. No sé a otros, pero a mí me resulta sorprendente que el poder Ejecutivo, con todos sus recursos, burocracias, armas y herramientas, resulte maniatado para comprar 100 lotes, poner en marcha una PTAR y hacer 2.000 viviendas para que 6.000 gramaloteros puedan volver a su pueblo. Y así como el Ejecutivo no puede con este tema, ni la Contraloría es capaz con el suyo, ni un connotado exministro logró que en cumplimiento de sus funciones se trasladara un médico a San Andrés, el Estado, en todas sus presentaciones, nacional, departamental o local, tampoco puede resolver miles de problemas diariamente. Ejemplos hay por miles. Basta ver el funcionamiento del Inpec, de las corporaciones autónomas regionales, la forma en que se administran los bienes de la mafia o se aprueba un nuevo POT en algún municipio de Colombia. Muestras de la incompetencia de lo público saltan a la vista al ver la evolución del sistema penal acusatorio, el paro judicial, la cartera vencida de cualquier autoridad de tránsito, la inexistente gestión de aduanas en ciertas zonas de Colombia o los procesos de consulta previa, en donde lo que existe es una extorsión reglamentada por decreto.
Y cuando al Estado le va mal gestionando soluciones entre sus propias instituciones, a los particulares les va peor cuando tienen que toparse con las entidades oficiales. Entre reuniones, radicados, promesas, respuestas elusivas y ausencia de resoluciones judiciales, se agotan los capitales, se empobrecen las expectativas y se aburren los que sí tienen a quién responder por sus acciones. Por cuenta de todo ello, y por los vericuetos legales que buscan cazar tramposos, pero que sólo sirven para sobrecargar a quienes cumplen con la ley, se agotan miles de esfuerzos y se diluyen cientos de inversiones.
Cada día parece más evidente que las únicas gestiones que funcionan como relojito son aquellas orientadas a enredar las cosas. Esta parece ser una nueva área de actividad profesional. Las trampas, artimañas y artilugios sí generan plenamente sus efectos jurídicos, no tienen recurso de apelación y cuentan con tribunal de cierre que los favorece. Como decía un exitoso comediante, en Colombia el Estado se ha vuelto especialista en hacer de cada solución un problema.
