No se sabe qué resulta más grave: si el hecho de que existan 208 “proyectos en estado crítico” por un valor de 1,8 billones de pesos, de los cuales 1,3 billones corresponden a recursos de las regalías, o el que pese a tantos mecanismos implementados en los últimos años y gobiernos para evitar que estos dineros continúen siendo blanco del desgreño administrativo o, peor aún, de la corrupción, todavía no haya sido posible blindarlos de manera efectiva.
El informe ayer del Departamento Nacional de Planeación es muy preocupante. En primer lugar porque el número de “proyectos críticos” financiados con recursos de las regalías pasó de 144 a 208 entre diciembre de 2015 y julio pasado. En segundo lugar, alerta mucho que 45 de dichos proyectos ya tengan medida de suspensión preventiva de giros, mientras que 175 estén bajo la lupa de la Contraloría y la Procuraduría. No menos alarmante resulta el hecho de que la región que más concentra estos riesgos es la Caribe, con 65 contratos por un valor de 1 billón de pesos. Incluso en esta zona del país la llamada Vía para la Prosperidad, proyecto ejecutado por la Gobernación del Magdalena, encabeza el listado nacional toda vez que tiene un costo de 466 mil millones de pesos, es decir más del 25 por ciento del monto total de recursos en vilo advertidos por Planeación Nacional. Y, por último, llama la atención que aunque 130 de esos proyectos se encuentran contratados y en ejecución, 69 ya están terminados y 9 se encuentran cerrados, es decir que el tema contractual concluyó.
¿Qué hacer? El estudio de Planeación Nacional evidencia que el flanco más débil tiene que ver con las deficiencias en interventorías y supervisión a la forma en que se llevan a cabo dichos contratos. Un diagnóstico para nada sorpresivo, toda vez que en muchas ocasiones se ha evidenciado que estas instancias, lejos de ser veedoras y vigilantes para la ejecución eficaz de los proyectos, terminan constituyéndose casi que en cómplices, por acción u omisión, de las anomalías. Es más, no son pocos los casos en que termina descubriéndose que a través de la ‘cartelización’ o las “redes empresariales” las firmas interventoras terminan siendo parte, directa o indirectamente, de los consorcios, uniones temporales y otras entidades ejecutoras de los contratos.
Las causas de tal cantidad de proyectos y recursos en riesgo continúan siendo las mismas de anteriores diagnósticos. Desde obras terminadas o en ejecución que no pueden entrar en servicio porque registran distintos problemas, hasta aquellas que pese a haber sido entregadas presentan fallas estructurales y técnicas que pueden significar peligro para los usuarios. También son notorios los proyectos que tienen retrasos injustificados en su ejecución por fallas como mala planificación, incumplimientos en cantidades de obra presupuestada, deficiencias en los modelos financieros, líos con los licenciamientos… No es extraño que visto ese rosario de anomalías los proyectos que más tienen problemas estén ubicados, precisamente, en los sectores de transporte, vivienda, agua y saneamiento básico, seguido por los de educación, y de ciencia y tecnología.
Aunque según Planeación Nacional pese a esta serie de dificultades una “gran mayoría” de los proyectos son subsanables, por encontrarse en etapa de ejecución, es claro que muchos alcaldes y gobernadores aun no entienden, o no quieren entender, que la inversión de los recursos de las regalías debe blindarse al 100 por ciento. Pareciera que pese a la reforma al sistema nacional de estos recursos así como a los mecanismos de alerta temprana implementados últimamente, aun sobrevive una intrincada red de contratistas que persisten en hacer de las regalías su botín, aprovechando o promoviendo -obviamente por vía ilegal- vacíos en la estructuración de los proyectos, la confección de los pliegos, los requisitos de los contratantes, las proyecciones sobre costos e inversiones, interventorías y otra serie de maniobras torcidas que muchas veces no son detectadas a tiempo en los Órganos Colegiados de Administracion y Decisión (OCAD), que son el corazón del sistema al estar encargados de dar viabilidad a las obras y programas que deben financiarse.
Queda claro, entonces, que el sistema nacional de regalías continúa teniendo varios flancos débiles y que los gobernadores y alcaldes que insisten en promover un reversazo al sistema de distribución y asignación de estos recursos, deberían mejor enfocar sus esfuerzos en supervigilar la ejecución de los proyectos en marcha, actuando de la mano con los entes de control. A quien no lo haga, que le caiga todo el peso de la ley.
