Qué orgullo nos produce Medellín, y su alcalde, el organizador de conciertos. Qué orgullo nos despiertan nuestras fuerzas de seguridad.  Qué orgullo sentimos por instituciones como la Fiscalía General de la Nación. Y ni hablar de cuando los esfuerzos institucionales se conjugan. Ya hay sectores del barrio Belén donde no se duerme: las balaceras duran toda la noche. Pero todavía están lejos de lo que se vive en el corregimiento de San Cristóbal, que ya escomo una república independiente, a tiro de piedra del centro de la ciudad.

Lo visto hace poco no tiene parangón. Másde 50 familias fueron expulsadas de su barrio por un grupito de sicarios y malandrines de mala muerte. Pero allí llegaron los soldados y policías de la Patria, armados hasta los dientes, a demostrar su capacidad operativa, su alto grado de entrenamiento y su disposición de enfrentar el bandolerismo. ¡Había que verlos!

En un abrir y cerrar de ojos, los hombres que tenemos para defendernos empezaron a sacar corotos de las casas y a subirlos en los camiones. Con una destreza inenarrable, se echaban televisores al hombro, colchones y bultos de ropa. En un santiamén desbarataban camas y salían con las tablas o ayudaban a empacar las ollas entre una sábana para que los desplazados tuvieran enqué hacer un sancocho por ahí, a la orilla de cualquier quebrada.

¡Qué dolor de Patria que las armas legítimas del Estado, dispuestas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, se depongan ante unos criminales! Todos saben quiénes son los bandidos, dónde habitan, en qué sectores desarrollan sus actividades delictivas, pero en esta Patria boba, si no hay denuncias penales por parte de ciudadanos inermes —que al denunciar se echan la soga al cuello—, no puede hacerse nada. La policía captura, el juez libera y la gente de bien paga con sangre.

El gobierno municipal ofrece presencia policial y militar, pero la comunidad sabe que eso es temporal, que se irán más temprano que tarde y los dejarán, de nuevo, a merced de los criminales, que son los que mandan ya en toda la ciudad, en todo el país. Basta echarle una miradita al resumen de los negocios con que se lucran los bandidos en la ciudad, publicado por un periódico local (Así se tapan de plata en Medellín las organizaciones criminales, El Colombiano, 12/05/2013, pp. 16-17).

Y todo eso es fruto, por lo menos en parte, de falta de voluntad política, cuando no es que hay muchos interesados en profundizar las ‘contradicciones del sistema’. El acoso de delincuentes a comunidades enteras no solo debe ser enfrentado con vigor por las fuerzas del Estado sino que deberían ser objeto de investigaciones y acusaciones de oficio, para que las vidas de personas indefensas no corran peligro y se rompa el círculo vicioso de que sin denuncias no se puede hacer nada. ¿O será que nuestra clase política permitiría que estos bandiditos se tomaran sus aristocráticos barrios?

El fracaso del Estado es tan grande que mientras el fiscal general Montealegre insiste en que los peores terroristas que ha tenido este país en toda su historia no pagarán cárcel, en los sótanos de la Fiscalía de Medellín se pudren 62 vehículos que la Alcaldía de la ciudad donó hace dos años para ayudar a combatir el delito, sin poderse usar porque no tienen la documentación en orden. Otra muestra de la inoperancia del Estado, que hace agua por estos días, es el aberrante hacinamiento carcelario, pero por su gravedad es un asunto que merece un comentario aparte.