El programa de alimentación Escolar (PAE) estuvo en manos del ICBF hasta cuando el Gobierno de Santos, en el 2011, lo trasladó al Ministerio de Educación.

El objetivo esencial es garantizar los derechos a la educación y a la alimentación, y el plan consiste en que el Ministerio da los lineamientos y parte del presupuesto, y las gobernaciones y municipios contratan. Pero basados en trabajos periodísticos y en el reporte que entregó el 30 de julio la Defensoría del Pueblo, es posible evidenciar que el Estado no está cumpliendo con esas garantías.

Desde el año 2013, municipios y gobernaciones les han advertido a Santos y sus ministras de Educación que el PAE está desfinanciado. Un ejemplo: el ICBF había definido que cada desayuno costaba $943 pesos y $1.282 cada almuerzo. Luego el Ministerio recalculó el costo y lo concertó en $1.370 por desayuno y $2.273 por almuerzo. El Ministerio de Educación, sin embargo, no adicionó los recursos para que los departamentos pudieran contratar el servicio especificado en el PAE, lo que llevó a que el propio Ministerio esté operando el programa en 19 de los 32 departamentos. Entre ellos están Atlántico y La Guajira, dos de los tres que investigó la Defensoría, más Chocó, cuyo PAE por ahora es manejado por la Gobernación.

En las visitas realizadas aleatoriamente a 14 municipios de esos tres departamentos y a varias de sus instituciones públicas educativas, el defensor Jorge Otálora y su equipo descubrieron, entre muchos aspectos, lo siguiente: en Atlántico, la Secretaría de Salud tomó 210 muestras de los alimentos que les entregan a 94 establecimientos. De esas, 158 fueron rechazadas porque arrojaron presencia de moho, levadura, coliformes totales y fecales, mesofilos aerobios y salmonella. ¿Quién entrega esos alimentos? El operador Unión Temporal Alimentar. ¿Bajo la batuta de quién? Del Ministerio de Educación.

En el Chocó, el PAE es operado por Camawa, Catruc-Acirc y el nefasto Fungescol, del que les he hablado en dos columnas anteriores, todos contratados por la Gobernación. En la mayoría de los municipios no hay condiciones para almacenar los alimentos, las manipuladoras de la comida no están entrenadas y no hay plata para verificar in situ si los operadores cumplen o no.

En La Guajira la distribución y entrega de alimentos no se cumple en los tiempos indicados ni lugares establecidos. Los alimentos perecederos se dejan en el piso, no hay cocinas, los niños consumen su comida con cubiertos oxidados y los líquidos y jugos se sirven en baldes donde antes han lavado los traperos. ¿Quiénes entregan los alimentos allí? Hay muchísimos operadores, pero les doy el nombre de dos: la Corporación Corazón País y el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira. ¿Quién los contrata? El Ministerio de Educación.

El defensor les pasó el informe de 76 páginas al presidente, la ministra Parody, las gobernaciones de esos departamentos, la Procuraduría y la Contraloría, con conclusiones que apuntan a la falta de organización administrativa, financiera y de infraestructura, de coordinación interinstitucional y la permanente vulneración de los derechos fundamentales de los niños. Y eso que sólo involucra a tres departamentos porque quienes conocen cómo opera el PAE aseguran que en el resto la situación no es mejor.

Repito, desde 2013 varias autoridades prendieron las alamas. ¿Qué hizo el Gobierno? Nada. Y a todas estas, los senadores y representantes a la Cámara por esos departamentos y sus correspondientes partidos políticos, ¿qué han hecho por sus electores además de rebuscar votos y repartir mentiras?