Cuando pareciera que por fin se tenía una línea definida sobre la naturaleza del conflicto en Colombia, una vez electo Juan Manuel Santos se impuso la nueva posición oficial. Colombia pasó de enfrentar durante ocho años una amenaza terrorista a reconocer oficialmente en 2010 la existencia del conflicto armado interno; hecho que por cierto le valió a Santos para ser tildado de traidor y tramposo tanto por las huestes de Uribe como por gran parte del electorado, pues se hizo Presidente erigiendo las banderas de la Seguridad Democrática y, una vez en el poder, más pronto que tarde las abandonó.
Dos visiones contra puestas con importantes implicaciones políticas y jurídicas para Colombia, dos posiciones con encontradas alternativas para resolver los diferentes problemas del país. El 15 de junio más que decidirse la suerte del proceso de paz, Colombia se juega el futuro de la correlación de fuerzas entre las dos corrientes político-ideológicas que de manera soterrada impulsan a cada uno de los candidatos: la Seguridad Democrática y el socialismo continental.
La doctrina de la Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe debe en gran parte su éxito al desconocimiento que ha hecho del carácter político de los grupos armados ilegales su firme catalogación como amenazas terroristas, cuales quiera fuera su filiación ideológica. La tesis que desde 1995 ha defendido el ex Presidente Uribe, entonces gobernador de Antioquia, es que en Colombia no existe un conflicto social que justifique el uso de la violencia para obtener resultados políticos, debido a que los canales democráticos siempre han estado abiertos para la expresión libre de todas las reivindicaciones sociales.
Para la Seguridad Democrática, la riqueza producto de actividades ilícitas sustituyó la convicción ideológica de las guerrillas y lo que alguna vez fue altruista se transformó en terrorista, lo que fue espíritu de transformación social se convirtió en simple vocación para obtener dinero y poder.
Además, la doctrina insignia del Centro Democrático reconoce qué el terrorismo es un enemigo al cual difícilmente podrá derrotarse, pero otorgarle beneficios a quienes de él se han valido lo único que genera es incrementar sus pretensiones y hacer de la violencia un mecanismo sumamente rentable para la ilegalidad. Por eso los esfuerzos del gobierno y la Fuerza Pública no deben ceder ante los desmesurados anhelos del terrorismo sino qué deben concentrarse en reducirlo a un nivel que permita manejarlo como una amenaza aceptable,que no resulte rentable política ni jurídicamente, y una vez debilitados, el Estado debe propiciar el desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los actores armados al margen de la Ley.
Con tal concepción el gobierno de Álvaro Uribe impulsó en 2005 la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico que promovió el desarme, desmovilización, judicialización y reinserción a la vida civil de los grupos paramilitares; y que además debería servir para hacer lo propio con las guerrillas de las Farc, ELN y EPL.
Por su parte, si bien no existe santismo ni doctrina política bajo la cual pueda inscribirse netamente al Presidente Santos, no debe desconocerse que la posición que defiende ha logrado adherira un importante número de colombianos, dirigentes políticos y líderes de opinión. Más que por su liderazgo, por el anhelo que encuentran en su promesa de la paz.
Previendo el inicio de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, a través de la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras el 10 de junio 2011, Santos promovió en el Congreso de la República la tesis de que en Colombia no existía una amenaza terrorista sino un conflicto armado con raíces políticas; dicha tesis sería reforzada un año más tarde mediante el trámite y aprobación del Marco Jurídico para la Paz.
Con la nueva línea oficial se le otorgó a las Farc y ELN el carácter político que Álvaro Uribe Vélez les había negado durante su mandato, es decir, el gobierno de Santos al reconocer la existencia del conflicto armado interno justificó el uso de la violencia como mecanismo legítimo para reivindicar las demandas políticas, sociales y económicas de las guerrillas colombianas.
Desde entonces la gestión que Santos ha hecho al frente del gobierno ha estado concentrada principalmente en lograr el acuerdo de paz con las Farc, en el que mas allá de los asuntos que se pretende abordar en cuanto al narcotráfico, reparación de las víctimas, la situación del agro o la política social; lo principal para la guerrilla es lograr obtener beneficios jurídicos para los comandantes guerrilleros con el fin de evitar el cumplimiento de significativas penas así como también lograr garantías para la participación en política una vez se firme la paz.
La mayor contrariedad del proceso en La Habana consiste en que mientras para el Gobierno nacional firmar la pazes un objetivo estratégico para la guerrilla de las Farc estan solo un objetivo táctico; pues sus pretensiones van mucho más allá de la firma del acuerdo ya que aspiran a impulsar el plan denominado “proceso constituyente abierto para la transición hacia una nueva Colombia”, en el que desarrollan diez lineamientos coherentes con el acervo del socialismo continental: 1. “Democratización real y participación en la vida social”; 2. “Reestructuración democrática del Estado”; 3. “Desmilitarización de la vida social”; 4. “Desmonte de los poderes mafiosos y estructuras paramilitares”; 5. ”Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto”; 6. “Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales”; 7. “Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes”; 8. “Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales”; 9. “Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir”; 10. ” Restablecimiento de la soberanía e integración en Nuestra América”(Ver: .
Aunque la mayor parte de los colombianos no se ha percatado, lo trascendental de la actual coyuntura electoral es que, probablemente, por primera vez en Colombia se despierta tanta expectativa no tanto por la elección de un Presidente sino por el gobierno de las ideas que reviste en si su elección. Es decir, del lado de Oscar Iván Zuluaga se perfila la continuidad de la doctrina de la Seguridad Democrática ajustada a las nuevas realidades del país, mientras que por el lado de Juan Manuel Santos se perfila la posibilidad de que se acentúe en Colombia la doctrina del socialismo continental a través de la incorporación a la vida política y social de los principales cuadros guerrilleros y sus células clandestinas.
@alvaroprezmolin
