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Viernes 19 de Julio del 2019

El laberinto de El Quimbo

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 15/12/2015

 

Desde su construcción, El Quimbo ha demostrado la grave desarticulación entre las instituciones de el Estado - Foto: elespectador.com

Lo preocupante es ver cómo la desarticulación institucional sabotea hasta las inversiones más importantes para el país.

Todo lo que viene sucediendo con el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo es síntoma de un Estado desarticulado, torpe y saboteado por los múltiples intereses (públicos y privados) que sobreponen el beneficio propio al colectivo. La decisión de la Corte Constitucional, que una vez más detiene la entrada en operación de la represa, es sólo el último evento lamentable en una serie de tropiezos. Pierde la institucionalidad por su incapacidad de brindar seguridad jurídica, pierde Emgesa, la empresa operadora, y pierde el país entero, que está urgido de soluciones energéticas en estos tiempos de crisis. Termina mal el año.

La represa de El Quimbo abarca seis municipios del sur del departamento del Huila. Su inversión desde 2008 ha sido de US$1.200 millones. Es uno de los proyectos más grandes e importantes para la sostenibilidad energética del país. Sin embargo, desde que se anunció su construcción se han presentado toda suerte de obstáculos que han retrasado su puesta en funcionamiento.

A la fecha la represa no puede entrar a funcionar, pues sobre ella operan unas medidas cautelares, expedidas por el Tribunal Administrativo del Huila, en el marco de una acción popular. Simplificando una miscelánea abrumadora de actores interesados, el problema consiste en que los piscicultores de la zona de influencia del proyecto argumentan haberse visto afectados por la “descomposición de materia orgánica” que debió haberse retirado antes del llenado, lo cual causa mortalidad cerca de la desembocadura en el río Magdalena y aguas abajo en la represa de Betania.

Esa tesis la comparte la Corporación del Alto Magdalena, que ha dicho que Emgesa ha incumplido las obligaciones de la licencia ambiental otorgada, pues el retiro de la biomasa no se ha realizado de manera adecuada y podría llegar a 40 mil metros cúbicos. Con base en esos argumentos es que el Tribunal Administrativo del Huila ordenó las medidas cautelares.

El asunto se complica, empero, porque las distintas autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), repiten hasta el cansancio que Emgesa sí cumplió y la biomasa se retiró de manera satisfactoria según el control que se hizo previamente.

Surge la pregunta: ¿por qué si Emgesa cumplió los requisitos del Gobierno Nacional, evaluados por la ANLA (autoridad competente en la materia), el Tribunal le da más peso a la Corporación Autónoma? Si las reglas de juego no están claras y se cambian, es muy complicado cumplirlas. Eso además del rumor a viva voz en el Huila que dice que entre los políticos locales abunda la intención de estirar al máximo el retraso de El Quimbo a la espera de ganancias cuestionables. Así no se puede.

Pero hay más. El Gobierno, en el contexto de la crisis fronteriza con Venezuela, expidió un decreto de emergencia social en el que ordenaba iniciar la generación con el argumento de que se requería un nivel alto de las aguas en el Magdalena Medio para transportar por su cauce el combustible que se requiere en la frontera. La Corte Constitucional leyó bien la situación y dijo que el “Gobierno no tiene por qué aprovechar la emergencia social para pasar por encima de decisiones judiciales”, es decir, las medidas cautelares.

Más allá de esa decisión, lo preocupante es ver cómo la desarticulación institucional sabotea hasta las inversiones más importantes para el país. La represa ya está construida y Colombia está ávida de energía. Ojalá el Tribunal, en su decisión final, logre que la sensatez prime sobre tanta confusión.

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