El conflicto sobre la propiedad de predios, a lo largo y ancho del territorio colombiano, es fuente de litigios y reactiva la violencia en escalas regionales. Urabá nos preocupa a todos. ¿Qué hacer?

Hay dos máximas dichas a este diario por funcionarios del Estado que resumen, en parte, el problema que significa para Colombia el actual y paciente proceso de restitución de tierras: “la tierra sigue siendo el nudo principal del conflicto en el país” y “Urabá es el laboratorio de referencia para resolver los líos en torno a la propiedad”. Suena real y cercano.

Ambas frases gravitan en torno a las disputas recientes que involucran a campesinos despojados, pero también a supuestos “carteles de reclamación” que obran de mala fe y complican la restitución.

La situación inmediata es que hay miles de hectáreas, incluidas las de los baldíos del Estado, que han sido tomadas por la fuerza o por apropiaciones fraudulentas o de hecho y frente a ello es un imperativo que las instituciones desarrollen procesos que permitan que las tierras retornen a sus propietarios originales y verdaderos, sean quienes sean.

Pero frente a la Ley de Restitución está una serie de variables y factores, algunos complejos y otros azarosos, que hacen de esta tarea un proceso minucioso y lleno, aún, de terrenos pantanosos de legalidad e ilegalidad.

Tal vez sea esta la explicación por la cual en Urabá, de 5.912 solicitudes, apenas se han fallado, hasta febrero de 2015, 25. Una situación que acarrea problemas de seguridad: van 67 reclamantes de tierras asesinados en Colombia en los últimos quince años, 18 de ellos en Antioquia.

Los jueces tienen la tarea urgente de empezar a producir resultados. Tanto en la labor de devolver predios a quienes los perdieron por fuerza de las presiones de los actores armados ilegales, como a quienes hoy los poseen porque los obtuvieron de buena fe y ostentan una propiedad fundada en documentos legales y en la explotación y el trabajo por décadas sobre esos terrenos.

Es decir, hay que “desideologizar” la propiedad de la tierra y orientar los procesos de reclamación, restitución y propiedad a actos transparentes de justificación documentada y verificada del dominio de las tierras, sin miramientos que victimicen o criminalicen a las partes en los litigios. Para ello, el Estado debe optimizar los mecanismos que le dan dientes a la Ley de Restitución y a las normas de propiedad existentes.

La tierra, si se quiere la propiedad privada, en especial en amplias áreas rurales de Colombia, ha sido fuente de luchas y violencia. No se trata de un enunciado de cierta bizarría caduca sino de una circunstancia real de polaridades que atraviesa la geografía colombiana contemporánea.

Lo dicen las partes oficiales y no gubernamentales: la Ley de Restitución debe ser objeto de algunos ajustes que la hagan más eficaz y cierta en sus resultados, tanto para quienes son reclamantes como para quienes intentan defender la posesión de predios adquiridos, según ellos, de buena fe.

Los jueces del país tienen hoy en sus manos procesos en los cuales se debe dirimir la propiedad de seis millones de hectáreas. Mientras no se produzcan esas sentencias continuarán conflictos que pueden ir desde el reclamo vecinal y el malestar cotidiano hasta las vías de hecho, las amenazas y, por supuesto, la intimidación, la presión o la eliminación para desalojar modestas parcelas o considerables extensiones de tierra en áreas estratégicas del país, como Urabá.

Hay que ponerse del lado de la solución de un asunto tan cierto como problemático para la convivencia nacional.