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Jueves 19 de Septiembre del 2019

EL MAL MENOR EN UN CAMPO MINADO O EL DESLINDE DEL ‘MANUAL SECRETO DE LAS FUERZAS OSCURAS’

Autor(a): Pedro Aja Castaño  | 

Fecha: 24/02/2014

Exclusivo para FCPPC
 

“Basta por ahora: entretenga usted la guerra seis meses y yo le ayudaré superabundantemente con lo que le pediré al congreso. Con leyes que me escuden hago yo diabluras. (Escritos Sobre Santander. Pág. 226. Horacio Rodríguez Plata y Juan Camilo Rodríguez. Biblioteca de la Presidencia de la República de Colombia, 1988.)

“Para hacer la paz hay que barajar y repartir de nuevo.”

Alfonso Cano, 1997

“Ni siquiera tomándonos el poder la paz viene. Porque lo que viene es la guerra con los gringos y otras potencias.”

Mono Jojoy (Revista Cambio, 22 de enero de 2001.)

¿Qué males menores puede cometer o aceptar una sociedad cuando cree que enfrenta el mal mayor de su propia destrucción? El padre fundacional de la patria nos lo ilustra con medios legales, pero sin intención ética; y dos terroristas son cínicos sobre el buen medio de la paz, porque no está en sus planes. Para profundizar la respuesta a esa pregunta me propuse pincharle el cerebro a algún izquierdista ilustrado en la rama del espionaje; al no tener acceso a los clubes de alcurnia, me resigné a mi viejo hábito de las librerías de lance en donde me topé con el Manual Secreto de las Fuerzas Oscuras que tanto le gusta a nuestro presidente y que citaré profusamente con la pluma y el esfuerzo de Camilo Chaparro en su recopilación “Frases de Grueso Calibre”, Intermedio, 2008 que podría ser el ‘Manual’ mismo y que me costó 10 mil pesos. Me di cuenta que ‘pinchar’ el ‘Manual’ era más productivo que afanarse detrás de hackers, sargentos, fiscales, cadenas de custodia, Felipe López, la CIA, (¿Quién hizo las grabaciones para empantanar el ejército?) etc., porque ‘las fuerzas oscuras’ han venido hablando clarito desde hace tiempo; pero como la ciencia del perfil sicológico y operativo de los terroristas está en ciernes, y lo dicho por ellos haría parte del perfil criminal que debería orientar nuestras decisiones al respecto, me atengo al sentido estratégico de Tirofijo que si hubiera sido agente de la CIA habría dicho: “Todo lo malo que ocurra en Colombia en términos de seguridad nacional, directa o indirectamente, es culpa de las Farc, hasta que se demuestre lo contrario.” Sin embargo una lectura más universal sobre la seguridad, me llevó a: “El viejo refrán romano (la seguridad del pueblo es la ley primera) fija pocos límites a las exigencias de la seguridad por sobre la libertad. En nombre de la seguridad del pueblo, la República Romana estaba preparada para sacrificar las demás leyes. Porque, ¿qué leyes sobrevivirían si Roma misma perecía? La suspensión de las libertades civiles, la detención de los extranjeros, el asesinato en secreto de los enemigos: todo se podía permitir, como último recurso, si la existencia del Estado estaba en peligro. Pero si en ocasiones la ley debe hacer concesiones frente a la necesidad, ¿es necesario que la ética también se someta cuando la existencia de la sociedad o el estado están amenazados?” escribe Michael Ignatieff. Este es el dilema ético que plantea el mal menor, que es insoslayable, y que debe ser objeto de discusión democrática y realista.

Lo anterior vale como seguro, pues plantear en Colombia, un país de tradición legalista, la teoría del mal menor como un marco ético de discusión en la lucha de la sociedad contra el terrorismo, es arriesgarse a ser llamado muchas cosas, a ser confundido con un vocero de quién sabe qué; es decir, es arriesgarse a transitar por un campo minado, pues el tema es tabú, ya que pertenece al pensamiento diferente, pero no es solamente mío. Ante la amenaza y las acciones del terrorismo, ha sido planteado, en auditorios internacionales, por el Profesor Michael Ignatieff en su libro “El mal menor – Ética política en una era de terror.” El Doctor Ignatieff es el director actual del Centro Carr para los Derechos Humanos de Harvard, luego es perfectamente consciente de la cultura de los derechos humanos, el sistema legal de los países, etc. No es nuevo el tema, pero sí vital y difícil; y se plantea generalmente para defender posiciones del estado cuando se ve obligado a suspender garantías constitucionales para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, en este momento se da en Colombia una situación sui generis en contrario, lo que nos lleva a plantear el mal menor, no como una defensa del estado, sino de la sociedad, pues, por una parte se vende como un mal menor el aceptar la participación política de las Farc, un grupo incluido en la lista de terroristas a nivel mundial, protegidas además con una deseada impunidad que plantean de manera descarada, pues según decía Fernandinho, el capo brasilero, (Semana, 30 de abril 2001) “Las Farc son la guerrilla más rica y más poderosa del mundo. Sus jefes viven como cualquier millonario capitalista: buenas mujeres, buena comida y buen licor” lo que les da el talante para hacer y pedir lo que les dé la gana ante un gobierno condescendiente.

Frente al escenario de unos negociadores poderosos, se quiere afrontar esa dificultad evadiendo el examen crítico público y democrático, por lo que han llamado a la impunidad exigida ‘tragar sapos’, pretendiendo convertir la metáfora en la alcahueta de la incapacidad deliberante. En cambio no se ve como estado de necesidad la posibilidad de hacerle seguimiento a quienes plantean de manera cínica ese ‘mal menor como necesario’ (el gobierno, los negociadores de La Habana y las Farc), pues han caído bajo la categoría de sospechosos, por estar vinculado el presidente al interés personal de una reelección, al haber expresado en 1998 su interés de un Frente Nacional con la guerrilla, al proceder con una decisión vital sin ser consultada con el país, a su insistencia en que la CPI no intervenga, cuando es un compromiso ineludible del país con la comunidad internacional para evitar la impunidad, siendo la CPI un actor necesario para el examen crítico de un escenario que viola los fundamentos de la sociedad democrática. Analicemos.

Podemos entender que algo se mantenga en secreto para no alertar al enemigo, pero la sociedad no es el enemigo, sino el bien mayor que el país desea preservar. Entonces ¿por qué se mantuvieron en secreto los contactos iniciales, y todavía es secreto el detalle de los diálogos, los acuerdos? ¿Puede considerarse un mal menor proteger con esa actitud a quienes han querido destruir el estado de derecho? ¿O es que el terrorismo de las Farc es un tema banal? Como en el colectivo de la memoria se borran fácilmente las palabras de esa organización, recordémoslas para concretar este planteamiento: “Con 32 mil hombres volvemos mierda este país.” (Comunicación del Mono Jojoy interceptada y publicada por El Tiempo en mayo de 2000.) “El objetivo de la lucha revolucionaria de las Farc es conquistar el poder político para gobernar a Colombia con el pueblo y en beneficio de sus intereses de clase. (Ya hemos visto con Petro lo que significa gobernar Bogotá con ‘intereses de clase.’). Las Farc-Ep en su carácter de organización alzada en armas contra el Estado y su régimen político, desconocen la legitimidad de las leyes e instituciones de este régimen, y como tal lo combaten mediante la combinación de todas las formas de lucha, hasta instaurar un Estado nuevo.” (Entrevista publicada por El Tiempo, 21 de marzo de 2003.) En circunstancias parecidas, cuando en Estados Unidos hubo pruebas insoslayables de que el terrorismo había destruido símbolos tradicionales de una sociedad democrática (las Torres Gemelas), y con ello el mundo libre también se sintió atacado, se tuvo que recurrir a la vieja ley romana que se plasmó en el Acto Patriota del 2001, incluso con la restricción de derechos civiles, pues frente a la política sucia y anárquica del terrorismo, los procedimientos legales, abiertos, de la democracia están en desventaja; por lo tanto plantea Ignatieff: ¿Es lícito para la democracia, por ejemplo, utilizar métodos ilegales para combatir el terrorismo que quiere destruir a la sociedad? Y la respuesta es: “Sí, siempre y cuando haya un control y sea por un tiempo determinado.” Cuando esa claridad no se expone, lo que debería ser ‘control’ se convierte en la pelea, llamada aquí polarización, lo que nos convierte en aliados bobos del terrorismo. En este contexto la pregunta que planteo es: ¿Es el derecho eficaz contra el terrorismo? Este es el dilema entre lo ideal y lo pragmático, que confrontamos todos los días. El derecho se defiende con el texto escrito, la interpretación, sus agentes entrenados, las instituciones; pero la defensa real, pragmática, vital, de la vida y bienes de las personas está dejada a la suerte de cada quien. En ese escenario el derecho se ufana y somete al ciudadano respetable, desarmado, hasta el momento en que el terrorismo pragmático y despiadado, enemigo del derecho y de la sociedad, deja sentir su argumento volando por los aires las instituciones respetables del derecho, como fue el Palacio de Justicia que ostenta el siguiente lema de Santander: "Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad." Sin embargo, nos quedó debiendo Santander la sabiduría que nos permitiría evitar la esclavitud o el engaño de la ley, sin violar los límites de la ética o la moral. Así, el problema en Colombia no sería la suspensión de los derechos civiles de manera parcial, por un período determinado, y con un control crítico y democrático, sino la CONFIANZA que se pueda tener en el gobernante para hacerlo. Porque también, según el mismo Santander, en una de sus cartas a Bolívar sobre la guerra en el Perú, le hace claridad sobre su compromiso con la causa, pero también le pone por delante el espíritu de legalismo como sirviente de la conveniencia, que debía regir en la República: “Basta por ahora: entretenga usted la guerra seis meses y yo le ayudaré superabundantemente con lo que le pediré al congreso. Con leyes que me escuden hago yo diabluras. (Escritos Sobre Santander. Pág. 226. Horacio Rodríguez Plata y Juan Camilo Rodríguez. Biblioteca de la Presidencia de la República de Colombia, 1988.)¿Consultó Santos la biblioteca? ¿Nos sorprende entonces el Marco Jurídico para la Paz, la anuencia del Congreso para el asentamiento de la guerrilla en el legislativo? Pareciera que la tendencia de hacer lo que se les da la gana a algunos gobernantes fuera un aprendizaje del ADN de nuestra historia conservado en la Casa de Nari.

Así, los dilemas éticos, existenciales, o vitales que plantean los diálogos son muchos y no surgen de las elucubraciones de quien escribe, sino que se basan en las palabras y actitudes del principal actor violento del país: las Farc. Vislumbro lo que he llamado ‘el campo minado’ cuando la buena intención del legislador se ve burlada por la mala intención del político de turno, (tutelatón) o el medio de comunicación que desinforma. Cuando La Corte Constitucional declaró ajustada a la carta política el 90% de los 64 artículos que conforman la ley de inteligencia y contrainteligencia, incluyó además un artículo que establece que a los periodistas no se les aplicarán sanciones por publicar información con carácter reservado, pero pide a los medios regular la información y los contenidos que puedan tener un impacto nacional, cosa que no evaluó Semana. Entonces:

1. Si frente a las ZRC no hay certeza ni garantía de cómo pueden actuar las Farc para la seguridad del país, ¿es lícito o no espiar a esa organización y a quienes han negociado con ellas, sin un aval o mandato claro del país?

2. Si las leyes y procedimientos legales del estado no pueden garantizar esa seguridad, como quedó demostrado históricamente en Colombia y se testimonia actualmente en Méjico ¿quién lo hace y cómo se hace?

3. ¿Es ético, legal, o políticamente prudente, otorgar legitimidad a un terrorismo cuya insurrección no tiene fundamento, pues las injusticias alegadas como motivos políticos, han sido afrontadas legítimamente por la sociedad y el estado, en la medida de sus capacidades?

4. ¿Puede afirmarse de manera honesta que hay una paz consolidada, si la dejación de las armas, no la entrega, se convierte en condición sine qua non, prolongando con ello indefinidamente una condición política y de seguridad deshonesta, avalada por el estado, para favorecer a un grupo terrorista que quiere destruir ese estado por cualquier medio para gobernar a Colombia? Y para quienes duden que las Farc no entregarán las armas, releamos a Jojoy en enero de 1999: “Las Farc jamás han hablado de desmovilización y desarme. Hemos hablado de buscarle una salida negociada a la guerra, pero el fusil es el garante para que los acuerdos que se firmen se cumplan al pie de la letra.” Pero Santos convirtió esas intenciones en ‘diálogos de paz o parar el desangre.’

5. ¿Es políticamente ético, sabio, o prudente, la excesiva deferencia hacia el ejecutivo por parte del poder legislativo, judicial o el de los medios, para cobijar las pretensiones políticas de quienes han jurado destruir el Estado colombiano?

6. ¿No es acaso necio, por ser condescendiente, el ignorar el ideario estratégica de Tirofijo y sus consecuencias? Repasemos: “En la práctica nosotros somos otro gobierno dentro del gobierno.” (Entrevista con la revista Semana, 18 de enero de 1999, después de haber plantado al Presidente Andrés Pastrana Arango en el inicio formal de los diálogos de paz el 7 de enero de 1999.) Ese ‘gobierno’ dentro del gobierno es parte del ‘gobierno en la sombra o el de las fuerzas oscuras’ el que con sus agentes hacen montajes, corrompen, espían, siembran terrorismo, hacen de zapadores, etc. para debilitar el Estado, y hacerlo caer. La persecución jurídica y mediática de los militares es la prueba obvia.

7. Y si todavía quedan dudas de la finalidad de ese ‘ideario estratégico’, y cómo lo utiliza para desprestigiar, atacar o subvertir a sus aliados de turno, sigamos repasando: “Aquí el gobierno no manda. (Pastrana) Ni siquiera a sus propios militares. Lo que vienen a hablar aquí es carreta: ni la cumplen, ni la pueden cumplir.” (Entrevista con Antonio Caballero en la revista Diners.) Pero cuando llegó el gobierno de Uribe, Alfonso Cano se dio cuenta que Uribe sí hacía marchar a los militares, entonces dijo en abril del 2003: “Si el próximo gobierno acepta (el de Santos) que aquí vamos a tener que compartir poder, que aquí van a tener que bajarse un poco de privilegios, que van a tener que cambiar las costumbres políticas podridas y corruptas, podemos pensar que habrá soluciones definitivas.” Por eso la supuesta corrupción del ejército se enfatiza, pero la de Saludcoop se soslaya como campaña política para satisfacer a las Farc. Esta expectativa de Cano no era descabellada pues Juan Manuel Santos había propuesto en 1998 un Frente Nacional con la guerrilla, había hablado de una Constituyente con la Farc y las Auc en el gobierno de Samper, y para las Farc era el candidato idóneo una vez renunciara Samper, según Álvaro Leyva. (Repasar el Capítulo ‘Días de Conspiración’ del libro de Carlos Castaño ‘Mi confesión’.)

8. Tirofijo no había olvidado la propuesta de JMS del 4 de septiembre de 1998 de un Frente Nacional con las Farc cuando dijo el 4 de octubre de ese mismo año, mientras Pastrana hacia los preparativos del proceso de paz con Tirofijo: “Entre todos redactamos una nueva Constitución para el país. Ustedes nombran 35 delegados y yo nombro a otros 35 porque tengo un ejército de 40 mil hombres y si ustedes no AYUDAN en eso pues yo sigo en guerra.”

9. Y todo lo anterior para finalmente quedar corrompidos por la silicona, el caviar o el catamarán de Fidel, según Tanja Nimeijer: “Qué tipo de organización es esta donde algunos tienen plata, cigarrillos, dulces y en donde los demás tienen que mendigar. Una organización donde una chica con pechos grandes y cara bonita puede desestabilizar un mando. (Diario de Tanja, 24 de noviembre de 2006.) “¿Cómo será cuando lleguemos al poder? Las mujeres de los comandantes en Ferrari Testarossas con implantes de senos ¿comiendo caviar? Así parece. (Diario, 28 de abril de 2007).

10. Y otro jugador duro de póquer, el Mono Jojoy, nos muestra su juego real desde el más allá: “NI siquiera tomándonos el poder la paz viene. Porque lo que viene es la guerra con los gringos y otras potencias.” (Revista Cambio, 22 de enero de 2001.) Es decir, Santos tiene el fusil de las Farc en el cuello como condición de sus pretensiones.

Conclusión. Cuando al terror se le permite el diálogo político se convierte en mal menor y caemos en la trampa de no ver lo que es en realidad: una incapacidad de integrarse a la sociedad debido a su naturaleza criminal; el diálogo con el terror es el principio del terror sin fin y sus daños colaterales: escándalos amañados, persecución judicial, silencios cómplices, desmoralización intencional del ejército, la no entrega de armas, el decir que no pagarán cárcel, el acusar, empantanar procesos, amenazar, etc. lo anterior no es solamente un posición cínica o delirante, sino un deliberado proceso educativo de dominio para mostrarle a la población que la adaptación a la filosofía y la aceptación política del terror es el único camino para no ser víctima porque los terroristas parten del principio de que quien no empuña armas es un cobarde que puede ser sometido con el miedo por lo que es un prisionero que no tiene derechos. Para justificar lo anterior la violencia terrorista siempre alega sublimes intereses sociales que hay que llevar a cabo incluso para el bien de las víctimas, por lo que el terror es una enfermedad individual y social, no una opción política. El problema en Colombia es que la identificación de la izquierda con las causas sociales, crea el teflón de la conciencia que lleva a hablar al ex magistrado de la Corte Constitucional, expresidente del PDA y excandidato presidencial, Carlos Gaviria Díaz de pretender diferenciar los ‘crímenes altruistas’ de las Farc, (lo mismo pensaba Hitler e igual lo hacen los criminales en serie) lo que puede trocarse en aprobación, mientras se tiene la excusa de señalar el terror de los paramilitares como peor. A lo anterior agreguemos las confusiones generadas por el mismo gobierno con caja de resonancia en El Tiempo y Semana.

Pidiendo castigo para los chuzadores El Tiempo dice: “bien caería ver al Gobierno acortando la rienda en lo que concierne al manejo de la inteligencia en todos sus frentes,” sin tener en cuenta que Semana había dicho: “Ellos (la CIA) suministraban apoyo económico y técnico para que la sala pudiera funcionar. Todo, absolutamente todo lo que aquí ocurre es de conocimiento de ellos. Ellos saben qué, a quién y por qué se intercepta en la sala. En términos prácticos, ellos eran los verdaderos jefes de esta sala.”

No sé qué preguntas se le ocurran a los lectores, pero yo tendría las siguientes:

1. ¿Será investigada la CIA, o se le cortarán las riendas, siendo que eran los jefes reales, de la ‘sala gris’, según Semana, dentro de las acciones rimbombantes que pide El Tiempo?

2. ¿Si la CIA, una oficina extranjera, pero aliada, puede actuar contra las actividades terroristas de las FARC en secreto, interceptando por ejemplo, y eso está bien, y el gobierno y la Fiscalía lo saben ¿por qué si esa lucha la hace el expresidente Uribe, de frente, es tildado por Santos como ‘enemigo de la paz’?

3. No hay ruedas sueltas; hay ética selectiva en el juzgamiento de males menores y con teflón vendido por los medios para favorecer a unos y condenar a otros.

En el escenario anterior, cuando debido al odio político, no diferenciamos la aceptación correcta de un mal menor, (es lícito ceder mi derecho a la intimidad, siendo consciente de ese riesgo y vigilándolo, si con ello contribuyo a la lucha contra la criminalidad y el terrorismo; de todos modos con los satélites y ECHELON toda privacidad desaparece) de la aceptación distorsionada del terrorismo como mal menor que es la plataforma conceptual que maneja el gobierno, caemos en el campo minado de los desacuerdos internos de la sociedad que terminan favoreciendo al terrorismo. Se crea así la percepción de ser justificada como opción política la enfermedad social base de la guerra perpetua que, al no deslindarse de manera precisa, se vende con el mote de ‘enemigo de la paz’. Jojoy lo dijo: “NI siquiera tomándonos el poder la paz viene. Porque lo que viene es la guerra con los gringos y otras potencias; ”porque él bien sabía que un régimen comunista en Colombia desestabilizaría toda Latinoamérica. Y también conocía Pablo Escobar el papel de los medios en esa guerra de campos minados cuando dijo: “Yo no voy a estudiar derecho, porque en Colombia cambian todos los días las leyes. Pienso estudiar periodismo.” (Primera entrevista con El Colombiano al entregarse en Medellín, julio de 1991). Con la paz puede ocurrir lo que dice el viejo refrán español: “Entre todos la mataron y ella sola se murió” para ilustrar que en ocasiones se achaca a una sola persona o a una única causa el daño producido por muchas, llamado ‘carácter nacional’, un daño que ya no se puede remediar. Se emplea ese refrán cuando nadie desea asumir la parte que le corresponde de responsabilidad de algún suceso infausto, en cuyo resultado han contribuido varios factores, en este caso: la guerrilla, sus pronunciamientos y acciones, la desinformación de los medios, el secretismo, los intereses electorales, la inquina política, la descalificación de la válida crítica democrática, la falta de análisis; ese es el campo minado, el Manual Secreto de las Fuerzas Oscuras, que espero haber deslindado de manera inicial para que no nos sigan metiendo los dedos a la boca con tonterías presidenciales.

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