El decreto sobre la dosis mínima
Una consulta popular de hecho

Poco a poco el Gobierno va depurando su estrategia antidroga de elementos dispersos para posteriormente configurar una política pública estructurada.

Por lo pronto, parece quedar claro que el Ejecutivo adoptará los drones para fumigar con algún herbicida los cultivos ilícitos. Así lo ha dejado en claro reiterativamente el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tanto en el Congreso de la República como en sendas entrevistas. Inclusive, el titular de la cartera se muestra partidario de hacerlo con glifosato, sin afectar el entorno ambiental cercano a los narcocultivos y mucho menos permitiendo la aspersión descontrolada que, eventualmente, podría perjudicar a las personas. De hecho, el Ministro ha sostenido que desde hace décadas el glifosato es de uso tradicional en las actividades agrícolas en nuestro país para proteger las cementeras y sus productos.

Del mismo modo, Botero ha sostenido que el Estado colombiano cumplirá los convenios con los sectores campesinos para la sustitución voluntaria de los sembradíos ilegales. En todo caso, mantendrá la mano firme contra la coca que le ha significado al país un ruinoso impacto en la deforestación y la depredación del medio ambiente.

De otra parte, con la astronómica cifra de 210 mil hectáreas de cultivos ilícitos, es una ingenuidad pensar que todo el producido de cocaína se va para la exportación. Por el contrario, parecería obvio que el consumo interno ha crecido de forma inconmensurable, precisamente por la oferta derivada de esos sembradíos en nuestro país. No es pues que las calculadas 900 toneladas métricas del alcaloide se dirigen de forma exclusiva a los mercados internacionales, sino que una parte de ellas ha servido, a no dudarlo, para incrementar el microtráfico descontrolado.

Hasta el año 2013 los cultivos ilícitos venían en franco descenso, en Colombia, gracias a la estrategia persistente adoptada. Pero cuando ella se cambió, a raíz de los diálogos con las Farc, se dispararon los sembradíos y al mismo tiempo, por supuesto, comenzó a subir la oferta interna de drogas, en particular alrededor de los colegios y universidades, a fin de conseguir demanda nacional para los excedentes.

De tal modo, la lucha antidroga debe ser integral. De un lado, contra el macrotráfico que supone, naturalmente, la exportación del producido de los cultivos ilícitos a los mercados internacionales y, de otro, la batalla contra el microtráfico, cuyo propósito es ensanchar la demanda nacional, incluso por el hilo más delgado y débil, como el de los niños y los jóvenes. Es posible que, a nivel del macrotráfico, la fumigación con drones tenga ciertos inconvenientes, como el de la necesaria protección de quienes operan los artefactos cerca de los cultivos ilícitos. Así como antes atacaban helicópteros y asesinaban a los fumigadores, puede ocurrir lo mismo con los drones y sus operadores. Por lo tanto, deben estar cubiertos todos los flancos de la seguridad, así como mantener la política pública de aislar a los campesinos de los intermediarios del narcotráfico, a través de actividades agrícolas legales con la comercialización garantizada.

Igualmente, a nivel de microtráfico, hace bien el Gobierno al socializar el decreto para la interdicción de la dosis mínima para quien la porte en calles, parques y el espacio público, al igual, de alguna manera, que hay interdicción en el espacio aéreo y marítimo para los grandes volúmenes de drogas.

Es posible, en esa dirección, que deba ajustarse debidamente el decreto regulatorio del porte de la dosis mínima. En todo caso, en consonancia con las atribuciones constitucionales dadas a las autoridades en el Código de Policía, es adecuado romper el esquizofrénico galimatías producido con la llamada “dosis de aprovisionamiento”, que infectó las calles de jíbaros y drogadictos.

Es obvio, dentro de una política de salud pública, que las drogas legales tienen un mecanismo de expendio muy estricto y que su contrabando se penaliza de forma drástica. De igual manera, se incauta y en muchas ocasiones se quema el producto. En el caso de la “dosis mínima” de alucinógenos hay que actuar en tiempo real, una vez verificado su decomiso dentro de los criterios administrativos legítimos. En caso de adicción efectiva, el Ministerio de Salud está preparando programas y una política conjunta alrededor de la materia.

Basta escuchar el clamor nacional contra las drogas ilícitas para entenderlo como un mandato igual o superior al de la anticorrupción. Sin duda, si hoy alguien tuviera la iniciativa de someter a las urnas la incautación de los narcóticos en el espacio público, la votación sería abrumadoramente a favor. Por eso hace bien el gobierno del presidente Duque en actuar prontamente y quitarle espacio a la seudo-legalización que se había infiltrado en los últimos años por la puerta de la cocina.