Supongo que exasperado por tantas infamias y comentarios mezquinos, Luis Carlos Restrepo se vio obligado a romper su silencio para aclararle al país un episodio de su gestión al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Mucho se ha querido insinuar sibilinamente sobre el papel de Henry Acosta, un discreto mediador que el gobierno del presidente Uribe autorizó para realizar gestiones de paz ante el jefe terrorista “Pablo Catatumbo”.

Llama la atención que los mismos que llevan décadas acusando a Álvaro Uribe de ser el hombre de la guerra sean los que ahora se rasguen las vestiduras cuando se enteran de los inumerables esfuerzos que hizo su gobierno para lograr la liberación de los secuestrados en poder de las Farc.

Lo que resulta francamente sorprendente es que posen con cara de sorpresa, siendo que nada de lo que ahora se menciona es nuevo. Todo, absolutamente todo se le contó oportunamente a los colombianos. 

Cuando en diciembre de 2005 los representantes de los tres países europeos que ejercían de facilitadores para un acuerdo humanitario plantearon la alternativa de una zona de encuentro en la zona rural de Pradera –Valle del Cauca- en la que habría veeduría internacional, el gobierno de manera inmediata aceptó dicha propuesta a través de un detallado y muy difundido comunicado a la opinión pública. Entonces, ¿dónde está la “chiva” periodística?

Se busca desviar la atención con unos contratos que se suscribieron con el facilitador Henry Acosta. Pues bien, no está de más recordarle al país que el gobierno de Uribe fue el primero en la historia de Colombia en adelantar una acción efectiva de presencia estatal en la cordillera vallecaucana. Se trazó un programa cuyo monto ascendió a los 200 mil millones de pesos. Carreteras veredales, puentes, proyectos de saneamiento básico, habilitación de escuelas y puestos de salud y la reconstrucción de la muy estratégica estación de policía del corregimiento de Barragán fueron las obras que se ejecutaron en la zona, todas estas acompañadas de una efectivo programa para la reconstrucción de tejido social.

Uno de los resultados de ese proyecto fue la expulsión de alias ‘Alfonso Cano”, jefe terrorista que durante décadas mantuvo azotada a la población civil que allí habita. La presencia del Estado debilitó la posición dominante de Cano  quien al cabo del tiempo se vio obligado a abandonar la zona, huyendo al departamento del Cauca donde al poco tiempo pudo ser dado de baja por nuestro ejército.

En resumidas cuentas, claro está que el presidente Uribe buscó la paz. Por eso mantuvo durante 8 años abierta a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La diferencia radical es que él lo intentó pero partiendo de una condición: cualquier esfuerzo de paz debía partir de un cese de acciones criminales por parte de los terroristas.

El uribismo no entiende una paz en la que los delincuentes continúen ejerciendo sus acciones criminales. El uribismo no entiende una paz en la que los terroristas persistan en el tráfico de cocaína, el secuestro, el sembrado de minas antipersona y en el reclutamiento forzado de niños. Esa era la condición inamovible que Uribe exigía debía cumplirse y que las Farc, ante todo una empresa criminal, no quisieron aceptar.

Para Juan Manuel Santos, en cambio, está bien llevar a cabo un diálogo político con personas que continúan haciendo padecer a la sociedad colombiana, hecho que nos pone de presente dos talantes antagónicos: el de un Santos débil ante el terrorismo y el de un Luis Carlos Restrepo que, cumpliendo los lineamientos del presidente Uribe, buscó de todas las formas posibles la paz para los colombianos pero partiendo de una condición fundamental: que los criminales efectivamente dejaran de matar.