Esta extensa región selvática entre los departamentos de Cauca y Valle es azotada por disidencias de la Farc y bandas de narcos. Minorías afro e indígenas, y sus líderes, sufren violaciones de DD.HH.

Desde la aterradora masacre de más de 35 personas en abril de 2001 —los sobrevivientes hablan, aún hoy, de más de 100 víctimas— la región del Naya está incrustada en la memoria de los colombianos y del conflicto armado interno. Sus municipios, de terrenos escarpados y vírgenes, vuelven a estar en la mira de los grupos armados ilegales: un grupo residual de la Farc reclama dominio allí y advierte que asesinó a cuatro líderes que permanecían en su poder. Todo un reto al Estado y a la Fuerza Pública.

En el Naya, que debe su nombre al río que atraviesa los pliegues de sus montañas y cañones, y que desemboca en el Océano Pacífico, se estableció los últimos 20 años una economía dominada por los cultivos ilícitos, los laboratorios de cocaína y la logística del narcotráfico internacional que exporta desde allí miles de kilos de droga al año.

El pasado fin de semana, la Tercera División del Ejército, con jurisdicción en el área, reportó la incautación de seis toneladas del alcaloide y de 11 más de marihuana. Además, se capturó a 130 personas y se inmovilizaron 91 vehículos que serían parte de las estructuras criminales.

La región de El Naya, y en particular su desembocadura, es vecina de otra zona crítica: Tumaco. Son corredores estratégicos de tal nivel de control y presencia de entables mafiosos que allí han sido descubiertos en repetidas ocasiones astilleros en los que se fabrican lanchas rápidas —las llamadas go fast— y semisumergibles que sacan los cargamentos de cocaína a aguas internacionales, que luego se distribuyen a Panamá, México, Estados Unidos e incluso Europa y Australia.

Esta región, de gran humedad y geografía escarpada, ha sido distribuida estratégicamente de acuerdo con sus pisos térmicos: en el Alto Naya se encuentran los cultivos de hoja de coca y marihuana, en las terrazas medias funcionan los centros de acopio y laboratorios y en la parte baja, hacia los manglares y las costas deshabitadas, se ubica un gran aparato logístico para el envío de los embarques ilegales.

De la zona hacen parte los municipios de López de Micay, Buenos Aires y Buenaventura. Las comunidades, que tienen en sus líderes a actores y voceros fundamentales, reclaman insistentes la presencia del Estado, en especial con posterioridad a los Acuerdos para la Terminación del Conflicto con la Farc. Sus necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, vías y empleo son otros factores que inciden en la situación de violencia y en la depresión social de las comunidades.

En ese contexto crece la hostilidad contra líderes sociales, políticos, agrarios y de DD.HH. Un grupo que mezcla integrantes de los otrora frentes 6 y 30 y la columna Jacobo Arenas de las Farc, inmerso en la disputa por el control de la producción de drogas ilícitas, difundió un video según el cual los líderes Obdulio y Hermes Angulo y Simeón e Iber Angulo habrían sido asesinados.

La economía del narcotráfico, sumada a la presión armada y territorial de grupos criminales y a la marginalidad histórica del Naya, ponen la región dentro de las prioridades de la agenda oficial y de organismos gubernamentales y ONG, para detener el acoso a líderes y minorías inermes.

No es posible que después del martirio sufrido en los peores días del conflicto, a finales de los noventa y principios de este milenio, El Naya aún padezca igual o peor los rigores de la violencia que traen tanta ilegalidad y abandono.