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Sábado 22 de Septiembre del 2018

El ‘partido’ judicial gana la partida.

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Cecilia Orozco Tascón  |

Fecha: 17/09/2014

 

Vuelve y gana la aprtida el “partido” judicial.

Ese que se ha ido conformando en la clandestinidad. Ese que hoy existe ante la indiferencia de un país que les permitió a los magistrados venales apropiarse del poder público, llevándose de calle a los intimidados Ejecutivo y Congreso. Ese superpoderoso ente que selecciona quiénes sí y quiénes no llegan a las altas cortes; quiénes sí y quiénes no permanecen en ellas; quiénes sí y quiénes no —y aquí está su arma más potente— toman las decisiones de cierre en materia constitucional, penal, civil, laboral y administrativa. La prueba de cómo maniobran los magistrados en su defensa, y cómo ceden ante su dictadura las otras dos ramas que constituirían el presunto “equilibrio” del que habla el Gobierno, está en el giro que consiguieron darle a la reforma que se negocia en el Capitolio, un giro con el que se eliminan los cambios en el funcionamiento de las cortes, en el modo de integrarlas y en la manera en que se juzgaría a sus miembros. Es decir, en la médula del problema que tiene sepultada la credibilidad de la justicia.

Aunque dura y efectista, no se aleja de la realidad la afirmación de la senadora Claudia López cuando asegura que “el Gobierno empezó pomposo y terminó con un chorro de babas” en cuanto al tribunal de aforados que sustituiría a la corrupta Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano que nunca sirvió para su fin, es decir, para investigar al presidente de la República, a los magistrados de las cortes y a otros personajes con fuero. En la propuesta que proyectó inicialmente la administración Santos se leía:

“Habrá un tribunal de aforados encargado de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al procurador general de la Nación, al contralor general de la República y al fiscal general de la Nación… El Tribunal será competente para investigar y sancionar a los aforados…”. Y pese a que añadía un párrafo limitante: “cuando el Tribunal de Aforados encuentre mérito para acusar, el Senado de la República en pleno deberá autorizar para proseguir con el juzgamiento”, algún avance se lograba con la facultad de investigación y juzgamiento que iba a tener el nuevo organismo.

Pero pasó lo que tenía a pasar. En los entretelones de sus despachos, se empezaron a agitar los togados de marras, los mismos que han disfrutado de las fisuras que inadvertidamente dejaron los constituyentes de la Carta del 91. Y después de su lobby ante el Gobierno y los congresistas-muertos-de-miedo-frente-a-sus-jueces-vengativos, consiguieron la siguiente modificación: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces; contra el vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y fiscal general…”. Una gran perla cierra el texto: “el Tribunal de Aforados será el encargado de investigarlos…”. Investigarlos pero no juzgarlos, ni siquiera con la autorización previa del Senado. En conclusión: los senadores serán los jueces de sus jueces y, a su vez, estos de aquellos. ¡Impecable fórmula! Eliminamos el “yo te elijo, tú me eliges” y, en compensación, les regalamos el “yo no te juzgo si tú no me juzgas”. ¿Juicio político para un montón de funcionarios que no fueron elegidos popularmente ni son cabezas de Estado? Los unos y los otros dormirán a pierna suelta. La reforma de “equilibrio de poderes” servirá para otorgarle trono y corona a su majestad La Impunidad.

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