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Jueves 14 de Diciembre del 2017

El poder de la razón

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Uriel Ortiz Soto  |

Fecha: 02/08/2016

 

Corte Constitucional de Colombia - Foto: eltelegrafo.com.ec

Es indudable que el poder de la razón reside en la verdad y en la contundencia de los actos legales, que para el caso del acuerdo de paz, deben ir acompañados del valor indeclinable de la sinceridad, con la verdad transparente: constitucional y jurídica.

Con lo anterior queremos advertir que todos queremos la paz, pero pretender violar normas constitucionales para convalidarla empezando con el umbral del 13%, definidos muy a la ligera, es demasiado grave para nuestra democracia y el Estado de Derecho. 

¿La honorable Corte Constitucional, que falló a favor el plebiscito con el cual se refrendará el acuerdo de paz, debería preguntarse: si a la luz del ordenamiento jurídico y constitucional, al aprobarlo con el umbral del 13%, no se estará incurriendo en el delito de prevaricato,  lo más grave, al haberse  violado normas constitucionales?

¿Qué sucederá en el futuro con nuestra Constitución Política? ¿Podrán los ciudadanos, seguir confiando en una Corte Constitucional, que se volvió proclive al violar las más elementales normas que protegen nuestra democracia y por ende nuestro Estado de Derecho? Consagrados en la Constitución Política de 1.991.

Esperábamos que los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, que se encontraban divididos frente a tan trascendental fallo, entraran en razón, fallando en derecho, mas no en complacencia con factores políticos, no les importó lo que se ve venir en el futuro, especialmente cuando entre en vigor la justicia transicional y la etapa postconflicto.  

El común de los colombianos está convencido que el plebiscito manejado en esa forma, viola flagrantemente normas constitucionales, pone en grave peligro la credibilidad y estabilidad jurídica de nuestro Estado de Derecho, máxime cuando es la corte Constitucional: guardiana de la carta magna y depositaria de la verdad jurídica, con el poder de la razón expresado en su más pura esencia, que rige para el sano convivir de los ciudadanos en comunidad, se halla manifestado en forma tan poco clara y confusa. 

Considero que utilizar normas constitucionales, acomodándolas en forma banal e irresponsable, para refrendar un acuerdo de paz, que en los actuales momentos tiene el rechazo de más del 60% de los ciudadanos, es tan aventurado, que muy seguramente, así se logre el objetivo propuesto, en unos meses empezaremos a ver resultados adversos y nefastos, puesto que el desarrollo de la etapa postconflicto debe estar fincado, además de la justicia transicional, en verdaderos proyectos productivos, que les permita a los reinsertados y desplazados, un mínimo de supervivencia, los cuales  a su vez deben estar soportados por la voluntad jurídica inquebrantable, mas no acomodada a los caprichos del querer ser, por encima de la Constitución y la voluntad popular.

Cuando el poder de la razón se quebranta, y las ambiciones por  coronar el objetivo propuesto, viola principios fundamentales  partiendo de una teoría falsa y acomodaticia, – como es la de querernos meter el acuerdo de paz hasta por las narices -, sin que el común de los ciudadanos lo conozcamos plenamente, violando las más elementales normas de nuestro Estado de Derecho, aunque todo en un principio empiece a verse muy bonito, con el correr de los días empezarán las fisuras y todo a derrumbarse como un castillo de naipes, por culpa de quienes con pleno conocimiento de causa, no por salvaguardar la Constitución, sino para quedar bien con sus émulos políticos, hicieron caso omiso y prefirieron vergonzosamente el prevaricato, a la claridad jurídica y constitucional.

Sobre el tema del plebiscito validándolo con solo el 13% de los sufragantes, lo que equivaldría  más o menos a cuatro millones y medio de votos, cuando el estimativo según el  último censo electoral y señalado expresamente por la Constitución, es de más de diecisiete millones que equivaldría a la mitad más uno, considero que es bastante aventurado para una democracia como la de Colombia, que se violen normas constitucionales simple y llanamente, para validar un acuerdo de paz cuyo texto en honor a la verdad, el común de los ciudadanos desconoce casi que por completo.

En consecuencia, valdría la pena que el plebiscito lo hubiese aprobado la Corte Constitucional, siguiendo los dictados de su propia conciencia, que no es más que el acatamiento de las normas legales vigentes, que para estos efectos nos rigen; al haber hecho lo contrario las demandas no se dejarán esperar y los magistrados que lo votaron afirmativamente, muy posiblemente tendrán que soportar en el futuro el repudio de la ciudadanía y enfrentarse a un proceso penal por el delito de prevaricato.

Hay que abonarle al señor presidente, su inquebrantable anhelo por traer la paz para todos los colombianos, y en verdad que estaríamos entrando en razón, si   se corrigieran una serie de incongruencias  que se han venido cometiendo desde el principio, que es conveniente enumerarlas, puesto que estamos a tiempo de hacerlo:

1º- Que el acuerdo de paz, que pretende firmarse entre gobierno y guerrilla de las Farc, antes de hacerlo, tenga la suficiente divulgación e ilustración, en lo que sea posible instruir ampliamente a la opinión pública a través de los mecanismos de la Defensoría del Pueblo y los diferentes medios de comunicación.

2º- Es cierto que todos debemos aportar de parte y parte, pero, según la percepción de los ciudadanos, existe un desequilibrio de poder, con favorecimiento a los intereses de los grupos guerrilleros de las Farc.

3º- No a las curules a dedo en el Congreso de la República: sobre este punto existe mucho malestar, puesto que los señores de las Farc, que piensen postularse al Congreso de la República, deberían hacerlo, en igualdad de condiciones a   los demás ciudadanos, es decir: ganándose la voluntad popular y estando a paz y salvo con la justicia.

4º- Que los señores de las Farc, permitan que se les haga una autoría, sobre los dineros recaudados, producto del: narcotráfico, secuestro, extorsión y vacunas, esto con el fin de que contribuyan a resarcir los daños y perjuicios causados a sus víctimas, con eso el gobierno se evitaría presentar una nueva reforma tributaria, para que los ciudadanos de bien no tengan que contribuir a indemnizar delitos que jamás han cometido.

5º- Que los señores de las Farc se sometan a la justicia con el fin de aclarar los crímenes cometidos y cumplan las penas impuestas por los jueces, pero que jamás se acuda a la impunidad para tratar de condonarlos.

6º- Que la comisión de las Farc, en la Habana- Cuba, ordene liberar a todos los secuestrados, pero muy especialmente los menores de edad que se encuentran en sus filas, que desde hace meses han quedado de hacerlo y hasta la presente fecha nada ha ocurrido.

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