En otra semana repleta de pugnas por el avance del proceso de paz con las FARC, el expresidente Andrés Pastrana Arango entonó una de las voces más críticas contra esas conversaciones y contra el proyecto de Acto Legislativo que discute el Congreso, con el fin de desarrollar el eventual acuerdo.

Las críticas de Pastrana no son menores. Dice que el gobierno del presidente Santos mudará a una dictadura, si ese proyecto resulta aprobado en los próximos meses y llega a decir que ese sería el primer paso para vivir una situación política como la venezolana.

Además llama la atención sobre los detalles que se han conocido de cómo se llegó al acuerdo final de justicia, con unos días intensos de reuniones en Bogotá, entre los delegados del Gobierno y los de las FARC: “Es muy curioso que en 50 horas hayan resuelto el asunto más delicado de toda la negociación”. Sobre esas críticas y sobre esas dudas, que lo llevaron a renunciar a la Comisión Asesora de Paz, el expresidente Pastrana habló con Colprensa.

¿Cuáles son sus razones para renunciar a la Comisión Asesora de Paz?

Son dos cosas. La primera es que llevamos cinco años en un proceso de paz en La Habana, durante los cuales hemos avanzado en tres puntos importantes, de los cuales hay muchas dudas y muchos asteriscos sobre lo que queda pendiente, que posiblemente es tanto o más importante que lo que ya se ha acordado. Entonces, es muy curioso que el acuerdo más importante, el de justicia –aunque vale aclarar que sin que lo conozcamos, porque solo han lanzado ideas— se haya hecho en Bogotá, que sea el Pacto de Bogotá y no el Acuerdo de La Habana y que no haya sido hecho por los plenipotenciarios del Gobierno, sino que dos juristas –los doctores Cepeda y Henao— hayan resuelto en 50 horas, el asunto más delicado de toda la negociación.

Dijo que hay dos razones…

Sí. Claramente acá hay una violación de la Constitución. He sido claro con el presidente Santos: ‘Acompaño el proceso si todo está dentro de la Constitución y la Ley’. Pero aquí se presenta un Acto Legislativo; se violan los tiempos para hacer una reforma constitucional; se busca revocar el Congreso, con un congresito que incluso tendrá gente de afuera; se desconoce la justicia colombiana y se le monta un tribunal elegido por las FARC, por el Gobierno y por un tercero y el presidente pide poderes dictatoriales, para asumir funciones del Ejecutivo y del Legislativo. Como presidente, como expresidente y como ciudadano, juré defender las instituciones, la Constitución y la Ley, eso es lo que hago al renunciar.

¿Qué infiere usted de lo que se conoce de la negociación sobre justicia?, ¿qué cree que pasó en esas 50 horas de las que habla?

En 50 horas nadie puede resolver un problema de esta magnitud, ¡nadie! ¿Por qué en esa discusión en Bogotá no estaba el doctor De la Calle?, ¿por qué la hicieron en Bogotá?, ¿por qué no la hicieron los negociadores de las FARC, sino sus representantes para este tema? Ahí hay algo muy oscuro.

Ante ese panorama, según su opinión, ¿qué es lo que deben hacer las instituciones?

Creo que el Congreso debe ser el primer garante de que no se viole la Constitución. Ella estableció ocho debates para una reforma constitucional, porque se busca que no se abuse. Debemos evitar esos excesos y defender nuestras instituciones, porque lo que le estamos diciendo al mundo, al formar un nuevo tribunal, es que acá no hay justicia, que Colombia es un Estado fallido, y eso no es verdad. En Colombia tenemos una justicia, buena, mala, regular, como la queramos, pero justicia, y que ha juzgado y ha condenado a políticos, a militares, a paramilitares y a guerrilleros y que también ha amnistiado a guerrilleros. Por eso las preguntas son: ¿Por qué las FARC hoy no creen en esa justicia?, ¿qué es lo que teme?

¿Qué piensa del apoyo internacional que sí ha recibido el acuerdo, especialmente en Estados Unidos, incluyendo al presidente Obama, al Departamento de Estado y a la fiscal Loretta Lynch?

Creo que no conocen el acuerdo y que es un apoyo apresurado. Estados Unidos dio con el Plan Colombia diez mil millones de dólares para luchar contra el narcotráfico y ¿ahora resulta que se trataba de un delito conexo?, eso no lo van a entender. Hay una contradicción dentro del propio Departamento de Estado, que fue el que calificó a Timochenko como el narcotraficante número uno de Colombia y que tiene a las FARC en la lista de terroristas. ¿Cómo puede Estados Unidos apoyar un tribunal como este, cuando ellos mismos ni siquiera reconocen la Corte Penal Internacional?

Sus críticas resultan coincidentes con las que hace el expresidente Álvaro Uribe. ¿También hay una coincidencia de acciones entre ustedes?

No, son posiciones muy distintas. El presidente Uribe tiene sus motivos y yo tengo los míos, que al final puede que nos hagan coincidir, sobre todo en defensa de la Constitución y porque estamos viendo que este ha sido un proceso en el que durante 60 años la guerrilla de las FARC fue la victimaria y nosotros las víctimas y ahora todos somos víctimas. Me llama la atención que Iván Márquez diga que ellos van a hacer una declaración colectiva (para reconocer culpas). ¿Cómo así? Acá hay unos miembros de las FARC acusados de delitos de guerra y de lesa humanidad y otros que son jóvenes que fueron secuestrados para ir a la guerrilla, eso debe ser individual.

Pese a todas estas críticas, todo conduce a que habrá un acuerdo con las FARC. ¿Hasta dónde, según su opinión, debe estar dispuesto el país a ceder ante la guerrilla?

Todo lo que hagamos en el proceso de paz debe estar dentro de la Constitución y de la Ley. La paz la firma el Estado, no el Gobierno; las FARC también han empezado a entender que el consenso entre los colombianos es lo único que va a garantizar que el acuerdo sea estable en el tiempo. De lo contrario, en tres años llega otro presidente, piensa que esa es la paz de Santos, no la del pueblo colombiano y no la cumple; ahí perdería todo el país. Por eso hago una propuesta que quiero resaltar: El presidente dice que lo que tenemos que refrendar a través del voto popular son los acuerdos de La Habana; creo que no, lo importante de refrendar son las reformas que salen de ese acuerdo. Porque nadie está en contra de la paz, lo que es importante para el proceso y para la guerrilla, siguiendo el ejemplo de otros países, es que refrendemos las reformas que nacen para que esa paz pueda perdurar en el tiempo.

¿Cómo es esa propuesta suya de refrendación?

Buscar un mecanismo de refrendación, sea plebiscito o referendo, pero en vez de poner en la pregunta si estamos o no de acuerdo con el proceso de paz en La Habana, que en eso todos podemos estar de acuerdo, preguntemos sobre lo que es más importante: las reformas en el tema agrícola, en el tema político, sobre qué va a pasar con la extradición, sobre qué va a pasar con el narcotráfico.

Usted ha sido especialmente crítico con la decisión de considerar el narcotráfico como delito conexo al accionar político…

Acá se está hablando del narcotráfico como delito político conexo y eso está prohibido por la propia Convención de Viena. Ese tratado, de 1988, que es la ‘Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas’, es clarísimo en su Artículo 10, que dice que los delitos tipificados, estamos hablando de narcotráfico, “no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados”. Esa Convención es ley de la República de Colombia, así que acá debemos tener mucho cuidado.

¿El acuerdo sobre narcotráfico también sería violatorio de la Constitución?

Sobre ese acuerdo lo que hay que resaltar es que no hay ninguna concesión de las FARC hacia nosotros, hacia el pueblo colombiano. No ha hablado de que vaya a entregar los dineros, no ha dicho que vaya a entregar laboratorios, no ha hablado de entregar jefes de carteles, simplemente ha dicho que va a dejar el negocio de la droga; entonces ¿dónde están las concesiones? Vuelvo a decir, es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que dice que Timochenko es el mayor narcotraficante de Colombia, es el que dice que la guerrilla presiona a los campesinos, es el que ha calificado a las FARC como cartel de las drogas.

¿Qué espera del acuerdo sobre víctimas?, que se supone está a punto de ser anunciado en La Habana.

Lo principal es un reconocimiento por parte de las FARC. El problema de esta negociación es que comenzó entre victimarios y víctimas y estamos terminando en un acuerdo de víctimas con víctimas. Se lo dije al presidente Santos en una carta: son las FARC las que se tienen que someter a las instituciones de Colombia, no las instituciones las que se tienen que someter a las FARC.

Las críticas suyas las comparten otros. Pero al escucharlas, cuesta pensar que las personas que están en el Gobierno, empezando por el presidente Santos y los negociadores, vayan a entregarle el país a las FARC. ¿Qué motivaciones tendrían para hacer algo así?

Sobre eso lo que hay que pensar es que no se puede hacer la paz por la paz, sino mirando cuál es el tipo de paz que queremos. Coincido con usted en que esto es muy curioso, pero veo que en todos los acuerdos somos nosotros, los colombianos, los que cedemos ante las FARC, y no encuentro nada que las FARC hayan cedido ante los colombianos. Insisto, lo importante es hacer una paz que dure en el tiempo, no hacer la paz por hacerla.

Usted es de los que cree que el presidente Santos esté empeñado en la paz, por el reconocimiento internacional; como se bromea, por ganar el Nobel…

Espero que eso no sea cierto. No creo que el presidente Santos vaya a entregar el país por ganar un Nobel, eso no le puede caber en la mente a nadie. La preocupación que tengo, y lo que me lleva a retirarme de la Comisión Asesora de Paz, es que estoy viendo a un Gobierno que quiere revocar al Congreso, que quiere revocar a la Justicia y la base de nuestra democracia es la división de poderes, con ese proyecto de acto legislativo que está presentando Santos, va a concentrar todos los poderes. En ese punto, tengo que decirlo, miren lo que está pasando en Venezuela, con esa Constitución que llamo ‘de bolsillo’.

¿Realmente cree que podemos llegar a una situación como la de Venezuela?

Sí, claro, sobre eso es que estoy llamando la atención. Si se revoca el Congreso, si se revoca la justicia y si se le dan poderes dictatoriales al presidente, será el comienzo de lo que está pasando en Venezuela. Un tribunal como el que propone el acuerdo de justicia no puede ser. Creo en la justicia colombiana, claro que tiene problemas, pero ha sido tan magnánima que la narcoguerrilla del M-19 masacró a la Corte Suprema y luego esa corte los perdonó. ¿Cuál es el temor, entonces, de las FARC a que sea la justicia colombiana la que juzgue a los colombianos?

¿Qué piensa de que esté cerca de iniciar otro diálogo, ahora con el ELN?

Con lo que estamos viendo hoy, lo curioso es que el ELN no se haya plegado, porque conseguir más concesiones es muy complicado.

Ahora que está fuera de la Comisión Asesora, ¿qué va a hacer ante el proceso de paz?

Seguiré saliendo a defender la Constitución y la ley; es mi objetivo principal, como expresidente y como ciudadano. No podemos permitir que violen los principios fundamentales de nuestra democracia. Tenemos que llamar la atención del Congreso, que no puede estar cediendo sus facultades al Ejecutivo, ni podemos cederle las facultades de la justicia, no podemos dar esas facultades dictatoriales. El país tiene que recapacitar y empezar a comprender qué es lo que está sucediendo.