Un paso trascendente se ha dado en las negociaciones de paz, en curso desde hace tres años ya, entre el gobierno de Colombia y las FARC. A pesar de las dudas, reservas y objeciones que ha generado, ha permitido al presidente Juan Manuel Santos anunciar una fecha límite para firmar el acuerdo de paz: el 23 de marzo de 2016. Luego de ello, el pueblo de Colombia, en un referendo especial, decidirá si acepta o no los términos de lo convenido por su gobierno con la guerrilla marxista.
Si esto se cumple y el acuerdo es finalmente aprobado, cincuenta años de un tan duro como cruento conflicto armado interno colombiano quedarán atrás y la violencia que se apoderó del país presumiblemente se detendrá.
Aunque aún no se conoce el texto final de lo que ha sido acordado por las partes en materia de responsabilidad de los guerrilleros y demás por sus delitos de lesa humanidad, las pautas centrales de lo que ha sido pactado se han difundido. Habrá una amnistía para los delitos políticos cometidos durante el conflicto, pero no para los delitos de lesa humanidad, que bajo el derecho internacional no pueden ser objeto de esa medida.
Estos delitos, incluidos los que han sido cometidos contra civiles inocentes (asesinatos, secuestros, genocidios, desapariciones forzadas, etc.), serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, que deberá crearse y cuyos magistrados serán aparentemente designados con algún grado de anuencia de las FARC. Los magistrados de ese tribunal serán colombianos, pero se ha previsto una participación minoritaria de especialistas extranjeros. El objetivo por alcanzar es que haya paz, pero sin impunidad.
El futuro tribunal estará dividido en dos salas. Una primera se ocupará de aquellos casos en los que los responsables reconozcan efectivamente sus delitos y acrediten, entonces, la verdad de lo sucedido. Ellos, en su caso, serán condenados a penas que van desde los cinco hasta los ocho años que no se cumplirán en cárceles. Deberán, además, realizar trabajos y obras que contribuyan a la reparación del daño.
Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, esto es inaceptable, porque supone que "los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión". Lo mismo sostienen tanto el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez y el ex presidente Álvaro Uribe. Una segunda sala del nuevo tribunal se ocupará de los casos en los que no haya habido confesión alguna de los responsables. Las penas serán de hasta veinte años de prisión en cárceles.
Los militares o paramilitares que hayan cometido delitos de lesa humanidad o los que ya hayan sido condenados por ellos podrán acogerse al nuevo régimen de justicia transicional y, eventualmente, reducir sus condenas.
Con la intervención del diplomático norteamericano Bernie Aronson, se ha obtenido esta vez una seguridad de que los que sean juzgados por la nueva Jurisdicción Especial para la Paz no serán luego objeto de pedidos de extradición de los Estados Unidos.
Habrá que ver cómo explica el gobierno lo convenido a su propio pueblo, de modo que éste decida aprobarlo en el referendo que definirá la suerte de la compleja negociación de paz. Las encuestas sugieren que cerca del 80% de los colombianos hoy cree que los guerrilleros deben responder por la infinidad de delitos aberrantes que fueron cometidos por ellos a lo largo de cinco devastadoras décadas.
