El robo a los niños

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, conocido la semana pasada, hay serios problemas con la alimentación de los niños colombianos en las escuelas. Las denuncias de la Defensoría hablan solas: en 13 municipios de Atlántico, Chocó y La Guajira se está desviando la plata del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En el caso del Atlántico, se encontró contaminación en más del 70% de los alimentos por presencia de coliformes totales y fecales; en el Chocó, la Defensoría encontró que se cocinan alimentos en mal estado y no hay dónde conservarlos adecuadamente; en La Guajira, los niños tienen que pagar $200 para cubrir el sueldo de las personas que cocinan, cuando se supone que eso lo cubre el PAE. En los tres departamentos hubo un retraso para empezar a proveer los alimentos, y hay serias sospechas de corrupción.

El problema, dice el Ministerio de Educación, es que los recursos para las 4’073.700 raciones alimentarias diarias se entregaron a las 95 entidades territoriales beneficiadas con el PAE, las cuales incurrieron en irregularidades al momento de contratar. La ministra Gina Parody anunció que desde este año se implementó un servicio de control y vigilancia que ya ha identificado 53.724 irregularidades que están en proceso de corrección. De esa talla es la crisis.

Bien por el Ministerio, que también anunció visitas a todos los centros educativos beneficiados para verificar que se esté cumpliendo con lo acordado, pero no sobra preguntar lo obvio: ¿por qué la tardanza en actuar? ¿Desde cuándo tenían identificada esa falla en el diseño de la política pública? ¿La vigilancia es método suficiente para asegurar que la comida llegue a quien más la necesita?

Porque lo que ocurre no puede suceder nunca más. Menos en La Guajira, por ejemplo, donde el año pasado murieron 48 niños por desnutrición. Allá, según la Defensoría, ni siquiera tienen dónde comer, y hay colegios que no están recibiendo suficientes raciones. El PAE responde a una realidad preocupante: para muchos estudiantes, la comida del colegio es la única que reciben en el día, por eso la correcta ejecución del programa es esencial para combatir la desigualdad: educa y alimenta a los que más lo necesitan.

Más allá de lo que pueda hacer el Ministerio, la responsabilidad por lo que ocurrió tiene que trascender el escándalo mediático. Las empresas involucradas en las irregularidades deben ser investigadas y sancionadas. También hay que saber quiénes utilizaron esos recursos para hacer política, y el castigo penal y disciplinario debe caer sobre ellos. No puede permitirse la mezquindad de jugar con una población tan vulnerable, menos en un país donde se le está apostando a construir un futuro viable y sano.

En últimas, este es otro episodio más del abandono que sufren estos departamentos. La atención del Gobierno no es suficiente para empezar a solucionar sus falencias estructurales. Si no se hace algo para desmantelar las profundas redes de corrupción en la zona, no importa el presupuesto que se asigne, se seguirán presentando casos como estos y los pobladores de estos departamentos seguirán viendo cómo se violan sus derechos. Así es imposible pensar en el futuro.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar