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Jueves 14 de Diciembre del 2017

EL TIEMPO ES EL PROBLEMA

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, el cronograma no cuadra. Resumamos: por un lado, el Presidente quiere la reelección; por el otro, las Farc buscan participar en las elecciones del próximo año. Una cosa depende de la otra, como con inusitada franqueza lo dijo Enrique Santos hace unas semanas.

 

En las últimas encuestas el Presidente tiene una imagen desfavorable mayor a la positiva. Peor, más de un 80 % de ciudadanos manifiesta que no votaría nuevamente por él.

 

Casi la mitad de quienes tienen una opinión positiva no estarían dispuestos a votar su reelección. Eso deja al Presidente dependiente de lo que ocurra con las Farc. Es la expectativa de la paz la que puede darle combustible a Santos para reelegirse.

 

Eso supone un Presidente débil, susceptible a la presión de la subversión, más abierto a ceder a sus pretensiones. Su ambición termina por hacer a Santos rehén del proceso.

 

La guerrilla lo sabe y buscará sacar provecho. No es esa, por supuesto, la mejor circunstancia para negociar. Hubiera sido preferible, lo he dicho antes, un mandatario dispuesto a patear la mesa, a pararse si las pretensiones de las Farc son absurdas o sus tácticas dilatorias. Pero las cosas son como son.

 

Ahora bien, si las Farc decidieran dejar las armas (y la mayoría podría haberlo decidido), buscarán a toda costa participar en las elecciones de 2014.

 

Para ellas no tendría ningún sentido firmar un compromiso de desarme y tener que aplazar cuatro años su entrada formal a la política electoral.

 

La guerrilla no ha olvidado que el M-19 arrastró la tercera parte de los delegados a la Constituyente, como respaldo a su desmovilización. Como sea, firmar ahora para participar en las elecciones de 2018 no solo las haría perder el momentum, el premio ciudadano por la paz, sino que es posible que para entonces, sin la fuerza política que les dan las armas, buena parte de su capacidad de influencia en ciertos sectores sociales se haya diluido.

 

De manera que la guerrilla también tendría interés en firmar rápido.

 

Pero ocurre que hay una restricción constitucional que impide que quienes están sentenciados por delitos que no sean culposos o políticos puedan acceder a cargos de elección popular.

 

Es decir, hoy el grueso de los miembros de las Farc no puede ser electo: está condenado por delitos considerados no políticos, muchos incluso calificados como atroces.

 

Así que para que las Farc puedan hacer política se necesita una norma jurídica que, con base en el marco jurídico de impunidad que aprobó el Congreso el mismo día del atentado a Fernando Londoño, sostenga la conexidad entre delitos atroces y el delito político, de manera que los crímenes por los que están condenados los guerrilleros queden subsumidos bajo el delito político. Solo así podrían ser electos.

 

Pero semejante ley no podría aprobarse ahora, sin que se conozca la naturaleza y alcance de los acuerdos con las Farc, ni el primer semestre de 2014, porque en pleno proceso electoral sería muy difícil y además sería muy tarde.

 

Así que la única opción es la de discutir y aprobar la ley en el período legislativo que empieza en agosto. Es lo que los parlamentarios fueron a decirles a las Farc en La Habana, Cuba.

 

Y es lo que viene sugiriendo Humberto De la Calle. Noviembre, señor Presidente, es muy tarde. Es en agosto o no es.

 

Sin embargo, los peros son varios.

 

El primero es que una facción de las Farc aun no está jugada por terminar el conflicto.

 

El segundo, la tensión entre los que quieren sacarles el mayor jugo posible a los afanes del Presidente y los que no quieren correr el riesgo de que la oportunidad se les vaya de la manos.

 

El tercero, el previsible freno que pondrán al menos cuatro de los cinco negociadores a las presiones de la Casa de Nariño a ceder a las peticiones de las Farc, si son contrarias al interés nacional.

 

El último y quizás más importante, la reacción ciudadana frente a la impunidad y frente a lo que se acuerde en Cuba.

 

Ya veremos.

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