El verdadero pacto agrario es con las Farc

Y en relación con la situación del campo, la cosa está clara. En Bogotá se presentará el espectáculo de un “pacto agrario” que solo será el antifaz del verdadero acuerdo, que ya está sellado en Cuba y se apresta a poner en ejecución el gobierno.

Grande como todo lo de su gobierno que es de dimensiones “nunca antes vistas”: ahora el turno es para el campo, con la convocatoria por el presidente Santos de un “Gran Pacto Agrario” cuyo arranque será el 12 de septiembre.

El llamado a los gremios agropecuarios ha sido recibido con desgano. No es para menos. Van tres años de desgreño, desdén, olvido, indiferencia, bandazos, para salir ahora –luego de resultar tan maltrecho del paro agrario- a pregonar que por fin se van a remediar los males de décadas y décadas.

El manejo del paro agrario fue desastroso. Primero la imprevisión y luego la torpeza en su tratamiento. Y la improvisación en los acuerdos. En el Catatumbo se pararon las fumigaciones de cultivos de coca y se indemniza a los presuntos afectados. La minería ilegal recibió la buena noticia de que se detendrá la destrucción de la maquinaria que se les decomise, y que hacia el futuro se instaurará la norma de que se requiere primero un proceso penal que demuestre que los mineros acusados son ilegales y criminales. Quedarán blindados de por vida contra el Estado, por lo que se ve. De resto, compra de leche, subsidios a los precios, congelamiento de tarifas de combustibles y otras disposiciones similares que se sufragan muy fácilmente echando para atrás el compromiso de rebajar dos puntos del impuesto a las transacciones financieras, y cargándonos al resto de colombianos el fardo fiscal. Serán un billón y medio de pesos el primer año para apagar el incendio y todos tan contentos.

Ya todos los sectores le midieron el aceite a Santos. Lo presionan con paros y piquetes que bloquean las vías, generan disturbios, y al momento tienen una horda de funcionarios enviados desde Palacio negociando lo que sea. Ayer fueron los maestros y el negocio les resultó fácil: otro billón de pesos largo con un cese de actividades de un día. Nunca antes -repitió Santos la letanía monótona- Fecode había obtenido tanto de un gobierno.

Pero el verdadero pacto agrario no es el que va a ser discutido en Bogotá. Aquí habrá simplemente un señuelo para crear ilusiones y apaciguar algunos gremios descontentos. El verdadero pacto agrario es el que viene tejiendo con paciencia y denuedo el gobierno con las Farc desde el comienzo de su mandato, o desde antes.

El primer paso conocido fue el trámite y aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, destinado primordialmente a reconocer por ley la supuesta existencia de un “conflicto armado interno” en el país, que equipara a los grupos terroristas con las fuerzas legítimas del Estado. Lo de la restitución de tierras nunca ha despegado, después de año y medio de vigencia de esa ley, y las indemnizaciones que se siguen otorgando a las víctimas se hacen en virtud de medidas expedidas en el gobierno de Álvaro Uribe.

Luego vendría la negociación del primer punto de la agenda de La Habana que, al parecer, está cocinada en su mayor parte, aunque subsisten desacuerdos manifestados por las Farc. Según las informaciones vagas que se conocen, se creará un Fondo de Tierras para repartir entre los campesinos, provenientes de extinción de dominio de narcotraficantes y otros, y de tierras adquiridas para redistribuir. La banda terrorista estima que debe contemplar unos 20 millones de hectáreas. Igualmente se ha dado bendición a la petición de las Farc de crear zonas de reserva campesina por cerca de 10 millones de hectáreas. Esos dos guarismos dan idea de la “revolución agraria” que se pondrá en marcha.

No se cansa Santos de advertir que no está negociando el modelo económico ni la suerte del campo en Cuba, y que los colombianos deben estar tranquilos. Mas la intranquilidad tiene sustento en aseveraciones del primer mandatario que delatan el turbio negocio que se prepara tras bambalinas. Con motivo del acuerdo con indígenas de Nariño, dentro del paro agrario, el presidente Santos se hizo presente para ratificarlo y pronunció las siguientes palabras, de una sinceridad excepcional: “Este proceso tiene que darles una salida digna a todas las partes para que el proceso sea exitoso. Y ahí vi que hay una oportunidad. Y la oportunidad se presentaba porque las políticas que teníamos en mente desde el primer día de Gobierno, desde antes, desde la campaña, en el fondo no diferían en gran parte de lo que las Farc y muchos otros sectores de la sociedad colombiana quieren con el campo colombiano.”

Ahora resulta que “las políticas que teníamos en mente desde el primer día de Gobierno”, o mejor “desde antes, desde la campaña”, “en el fondo no diferían en gran parte de lo que las Farc… quieren con el campo colombiano”. A nadie escapa la gravedad suma de semejante revelación. No solo por el engaño de que hemos sido víctimas, pues desde antes del primer día de gobierno, desde la campaña, estaba identificado con el “programa agrario” de las Farc. Sino porque esa dizque es la manera de “darle una salida digna” a los bandidos: poner en ejecución sus azarosas pretensiones.

Y no es un juego de palabras. Ni una salida efectista en un momento de exaltación ante un público de indígenas y campesinos. Es la determinación consciente de un gobierno decidido a entregar lo que sea para coronar su pretensión de un acuerdo de “paz” con los narcoterroristas.

Si alguna duda existiere, basta repasar las expresiones de Santos unos días después, cuando intervino ante el país para presentar los cambios en el gabinete que ha denominado precisamente de “la paz”. Al referirse al nuevo ministro de Agricultura, además de colocar sobre sus hombros la tarea de liderar el improvisado “Pacto Agrario” que desde Nariño había anunciado, redondeó su misión con estas desafortunadas directrices: “Le corresponderá igualmente poner en marcha las reformas que ya hemos acordado en La Habana en materia de desarrollo rural: en los próximos 10 años tendemos que sacar adelante lo que no hicimos en los últimos ochenta años en una verdadera gran revolución agraria.” Horroroso.

Entonces resulta que las “reformas” que concretan la tal “revolución agraria” que pregona Santos ya las “hemos acordado en La Habana”, y se trata simplemente de ponerlas a funcionar. Esa es la tarea central del ministerio del ramo. Se iniciará así un proceso concebido para diez años, como lo ha postulado el ideólogo de esta “revolución por contrato”, el señor Sergio Jaramillo, que supuestamente logrará plasmar “lo que no hicimos en los últimos ochenta años”. “Revolución agraria” discutida y concertada a espaldas del país, desconocida por los colombianos, pero que ya el gobierno se apresta a ejecutar. La tal “refrendación” de los acuerdos por el pueblo el año entrante, a través de un referendo, será una estafa más: las decisiones ya están tomadas y en marcha.

Aunque la mayoría de los colombianos, amantes de la paz, no quieren un proceso con impunidad ni prerrogativas extravagantes para tan señalados delincuentes, en verdad no hemos dimensionado por entero los peligros que se ciernen sobre nuestra democracia y el Estado de derecho. Lo que se otea es el ensalzamiento y auspicio de la peor pandilla criminal de nuestra historia, que subvertirá nuestros valores e instituciones, y no tardará en asaltar el poder prevalida de las gabelas que está recibiendo.

Y en relación con la situación del campo, la cosa está clara. En Bogotá se presentará el espectáculo de un “pacto agrario” que solo será el antifaz del verdadero acuerdo, que ya está sellado en Cuba y se apresta a poner en ejecución el gobierno.

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