Adelantan cumbre por diáspora venezolana
¿Citar al Consejo de Seguridad de la ONU?
La respuesta a la crisis regional generada por la ola migratoria de millones de desesperados venezolanos en los últimos dos años tiene que ser no solo continental sino global.
Es claro que las decisiones aisladas tomadas por distintas naciones suramericanas para contener o regular la llegada en masa de quienes huyen del régimen chavista no tienen mayor eficacia. Optar por la exigencia de pasaportes y otros permisos o reglas migratorias excepcionales no es muy útil en una continente en donde las fronteras terrestres son muy extensas y con un sinnúmero de trochas y corredores limítrofes que no son cubiertos por las autoridades y, por ende, facilitan la movilización a diario de decenas de miles y miles de venezolanos por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.
En todas esas naciones se han adoptado medidas para enfrentar las problemáticas derivadas de esta diáspora pero ante el agravamiento de la crisis política, económica, social e institucional generada por el gobierno de Nicolás Maduro, la mayoría han resultado insuficientes. Igual ocurre en Centroamérica, en donde también la migración venezolana está empezando a generar tensiones internas, no sólo por la gran cantidad de personas que llegan en busca de comida, trabajo y progreso, sino por los millares que a diario se enrumban hacia el norte en busca de ingresar a Estados Unidos por la frontera mexicana.
Aunque en distinta proporción, los problemas reportados por la migración forzada de más de dos o tres millones de venezolanos (sin que existan cifras oficiales al respecto) son los mismos: tensiones entre los ciudadanos locales y los extranjeros; insuficiente infraestructura de salud, servicios públicos y de asistencia social para atender a estos últimos; crecimiento incontrolable de la economía informal; desplazamiento de mano de obra local e impacto en el desempleo; aumento de la prostitución, la inseguridad y la explotación laboral a los ‘sin papeles’…
Como se ha indicado en estas páginas, la venezolana es la crisis humanitaria más grave de las últimas décadas en el continente americano y, por sus dimensiones, es claro que ya sobrepasó la capacidad de reacción y maniobra de los gobiernos regionales y de la propia OEA, razón por la cual le corresponde actuar a las Naciones Unidas. La diáspora venezolana combina, lamentablemente, causas de otros fenómenos de desplazamiento masivo de población en el resto del mundo, pues está motivada por hambruna, inseguridad rampante, violación sistemática de derechos humanos, quiebra del aparato productivo, escasez crítica de empleo, sensación de no futuro, expropiaciones al por mayor y ausencia total de instituciones democráticas que garanticen el respeto a las garantías más fundamentales de un ser humano, empezando por la propia vida.
En ese orden de ideas, todas las miradas del continente están puestas en la cumbre de países latinoamericanos que se llevará a cabo a mediados de septiembre. La misma que ayer, ante el aumento del flujo de migrantes forzados venezolanos por cuenta del último y cuestionado plan de choque económico activado por Maduro y compañía, fue necesario adelantar para la próxima semana. Los próximos lunes y martes los representantes de más de trece gobiernos del continente se reunirán en Ecuador para definir una línea de acción humanitaria, política y económica que permita afrontar de forma coherente la difícil coyuntura.
No es un tema fácil. De un lado porque está claro que de nada sirven los llamados a Caracas para que reimplante los canales democráticos y abandone las prácticas dictatoriales que obligan al exilio a la población, sino porque el régimen chavista ya raya en el delirio. Prueba de ello es que esta semana Diosdado Cabello, para muchos el verdadero poder detrás de Maduro, llegó a decir que las fotos de miles y miles de venezolanos caminando por las carreteras de toda Suramérica son un “montaje” de los enemigos de la ‘revolución bolivariana’.
Está claro, entonces, que cualquier solución debe partir y ser implementada por los países impactados por la ola migratoria, partiendo de la tesis cierta de que el flujo de desplazados aumentará cada vez más. Es urgente, por tanto, que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, a través de la Agencia para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones. Se requiere apoyo técnico y financiero de inmediato, e incluso el tema debería ser llevado al propio Consejo de Seguridad, en donde tendrían que analizarse medidas de mayor calado frente a qué hacer con el régimen venezolano y el desborde fronterizo y continental de la crisis generada por el mismo.
Editoriales anteriores
La crisis venezolana ya se salió de toda proporción y la comunidad internacional, con Suramérica y la ONU a la cabeza, deben aplicar un urgente plan de choque. La emergencia no da espera.
