En el Reino de las sombras

Uno de los problemas graves que aqueja al Estado colombiano es la falta de credibilidad que hoy tiene frente al ciudadano.

Aquel ha establecido con este una relación lejana, llena de dudas, plagada de incertidumbres. El ciudadano no ve en las instituciones públicas algo diferente a indolencia, obstáculos, corrupción, impunidad. Es el cuadrilátero en el cual circunscribe su acción estorbosa y lejana.

Un análisis de la socióloga Juana Salamanca, de la Universidad Javeriana, habla de la existencia de una relación enfermiza entre el Estado y el ciudadano. Es lo que llama “la cultura de la legalidad”. En la cual, dice, “la ley se observa o se deja de observar de acuerdo con las circunstancias”. Al país, agrega, “le falta mucho para ser un país legal”.

Vivimos buena parte del tiempo dentro de la ilegalidad. En donde todo se puede mientras no lo cojan en la maroma. En donde se patenta aquel inescrupuloso lema de que “lo malo no es violar la ley sino dejarse pillar”. Es la filosofía del engaño. Es la estrategia de la trampa. Comportamientos inmorales que se van volviendo, por lo repetitivos, costumbres. Y así, dice la socióloga Salamanca, “el cumplimiento de la ley obedece más al temor de ser descubiertos que a una verdadera convicción sobre el comportamiento ético”.

En un Estado como el colombiano, con instituciones frágiles, contradictorias, querellantes, es fácil que penetre, como lo ha hecho, la corrupción. Por eso las entidades oficiales poca confianza y respeto despiertan ante el reticente ciudadano. Esto se reafirma con el poco grado de transparencia que mostramos en el concierto mundial.

Y ese desprestigio circula a medida que a diario hay escándalos sobre sobornos, desfalcos, robos al erario, acusaciones que en buena proporción son cubiertos por el espeso manto de la impunidad.

Reconstruir el Estado es una labor ardua cuando los resortes éticos se han ido relajando aceleradamente. Los escándalos sobre el funcionamiento de la justicia en el país, condimentan ese caldo de cultivo para la cultura de la ilegalidad. No es sino mirar la carrera de acusaciones y recusaciones entre las cortes, fiscal, el Consejo de Estado y el Procurador, controversias y demandas en donde no solo “se alejan las esperanzas de decisiones en Derecho” –editorial de EL COLOMBIANO– sino que las controversias, en vez de en sentencias, se ventilan por twitter, evidenciando el desbarajuste del sistema jurídico institucional.

La ilegalidad y la trampa a la justicia hacen parte de nuestra memoria histórica. Aquí hay ficciones jurídicas y metáforas leguleyescas que nos sumergen en el reino de las sombras. La justicia se pone a espaldas del principio aristotélico de que “la finalidad del Estado es la promoción de la honradez”. Y por supuesto, de la verdad.

P.D.: Justo reconocimiento a su profesionalismo la escogencia del general Alberto Mejía como comandante general del Ejército. Un militar idóneo y probo. Prolonga la estirpe castrense de su padre, el también general Nelson Mejía, de gratos recuerdos entre quienes con él compartimos afectuosas tertulias a su paso por la IV Brigada de Medellín.

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