El estudio de Gallup ratifica que al actual proceso de Paz se le acaba el tiempo. Como están las cosas una “séptima papeleta” sería extemporánea.

Cuando la opinión comenzaba a reclamar “tiempo”, las FARC se han jugado sus cartas más duras desde que comenzó la negociación. El gobierno mantiene su voluntad de buscar acuerdos pero comienza a extenderse la percepción negativa hacia ellos, lo que reduce cada vez más su margen de maniobra: parece el momento de acordar una pausa, un punto intermedio entre la guerra y el cese bilateral, o romper.

Aunque no se debería gobernar basado en encuestas, no es recomendable hacerlo sin ellas. La más reciente de Gallup muestra, de manera contundente, el creciente divorcio entre gobierno, con su suerte amarrada al proceso de Paz, y la opinión.

Desde las épocas del ex presidente Pastrana (74% de desaprobación) no teníamos noticias de desgaste tan grande de un gobierno. El 66% de “castigo” al presidente Santos, en esta encuesta realizada finalizando junio, se complementa con números rojos en otros ámbitos: las percepciones de empeoramiento sobre corrupción, 84%; Guerrilla, 77%; costo de vida, 81%; inseguridad, 87% y medio ambiente, 77%, son, también, las más altas desde que se hace la medición.

La percepción desfavorable sobre los partidos también es la más alta registrada, 81%, al igual que la de la Corte Suprema, 61%, viniendo de 69% en abril, y de la corte constitucional, 56% desde 62% en abril. Aunque la coyuntura sigue determinada por el proceso de Paz y un 45 % considera que el principal problema del país es el orden público, los escándalos de corrupción en las altas cortes no han pasado inadvertidos. El pesimismo cunde.

El presidente ha expresado en muchas ocasiones que conoce los costos de obtener esta Paz luego de más de 50 años de violencia. Por otra parte, no aspira a una nueva reelección y mantiene mayorías en el congreso que le garantizan una gobernabilidad legislativa que se irá, o no, diluyendo en la medida en que tome fuerza la campaña presidencial, pero eso será, apenas, en 2017. Santos tiene aún la manija; el apoyo legislativo y jurídico para hacer unos acuerdos que, sin embargo deben ser refrendados por la opinión que, hoy por hoy, se encuentra dividida, 46%-45%, de acuerdo con la encuesta.

Mientras tanto, las FARC se mantienen en su ya histórico 93% de opinión desfavorable que parece su piso y explica parte de su desatada violencia: ante la opinión no tienen nada por perder. Con la actual escalada que comenzaron en el Cauca, dan la impresión de que poco les importa convertirse, en el corto plazo, en una alternativa política. Parecieran más preocupados en forzar la tregua bilateral y conseguir para sus dirigentes y militantes mejores condiciones en la negociación, lo cual es un derecho que les asiste pero no hasta el punto de agotar el proceso, idea que se extiende después de cada atentado.

Desde el punto de vista de la agenda política, este 2015 sería el mejor año para firmar unos acuerdos que podrían ratificarse en el 2016, impidiendo su aplazamiento hasta las próximas presidenciales, aunque después del Caguán y de esto ¿Quién se le mediría?

La escalada iniciada por las FARC es una “consecuencia” de la falta de acuerdos en la mesa, en un momento en que el “establecimiento” no ha superado su propia ruptura política. Se puede decir cualquier cosa, pero la realidad es que no se ha logrado un acuerdo con las FARC pero tampoco con otros sectores políticos, lo que deja al gobierno como un emparedado con las consecuencias que muestra la encuesta.

Están dadas todas las condiciones para que esto se rompa, pero también, todavía, para firmar unos acuerdos. El gobierno debe actuar, ejercer liderazgo y superar las declaraciones genéricas y la anomia que se apodera del país. Aún estamos a tiempo.