Esta semana, la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió un fallo que deja un precedente muy difícil de manejar.
No soy abogada, así es que quien escribe el Puerto de hoy es el sentido común y no el conocimiento jurídico, ergo, espero que los doctos me sepan disculpar.
El fallo ordena a la Nación pagar por los daños que ocasionó hace 15 años, un ataque de las Farc, al colegio, la Iglesia y la casa cural de Puerto Rondón. La demanda presentada por el entonces Obispo de Arauca, es comprensible; lo que no comparto es la respuesta, y las rendijas que abre.
Responsabilizar -como sucede en este fallo- al Estado, al Ministerio de Defensa y la Policía, por las barbaridades que cometen las Farc, no suena lógico.
Y peor aun, lo que se refiere a las estaciones de policía. Palabra más palabra menos, del texto se desprende que dichas estaciones plantean un peligro para los civiles, y que por lo tanto, donde resulte imprescindible que éstas existan, deben estar en “una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”.
¿Qué sugieren? ¿A unos dos o tres kilómetros del pueblo?…Bien lejos de la gente: Uno, para que no puedan cumplir su función constitucional de acompañar y cuidar a la comunidad; y dos, para que en los ataques de las Farc, los maten sólo a ellos.
Si nos rasgamos las vestiduras ante las declaraciones de Rodrigo Granda respecto al ataque a Pradera, no puede parecernos normal que el Consejo de Estado le de el bote a los actores del conflicto armado, y falle sobre “el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado”.
En ese orden de ideas, que se preparen a migrar los bancos (tan capitalistas ellos), las tiendas que venden Coca-Cola (Yankees go home), las droguerías que entregan medicamentos fabricados por multinacionales (insensibles moles económicas), y demás negocios o actividades que puedan encarnar un blanco tentador para los guerrilleros.
Ahora resulta que son las entidades, y no los insurgentes, quienes representan un peligro para la sociedad. Que se preparen casi todos, a dejar los pueblos, porque en este extraño mundo de Subuso, ohappening kafkiano, los que deben irse del corazón de los pueblos son los policías y no los guerrilleros. Esperemos un próximo fallo que nos obligue a desocupar de médicos los hospitales, y de maestros las escuelas, para que ni la enfermedad ni la ignorancia se sientan toreadas.
De verdad que este país es muy bonito, pero muy raro. Y cada vez cuesta más trabajo comprender las instancias donde supuestamente reposan el conocimiento y la autoridad.
“La población no tiene por qué soportar los daños”, dijo -refiriéndose a la ubicación de las estaciones de policía- el magistrado ponente Ramiro de Jesús Pazos. Pero se le está olvidando un pequeño detalle. ¿Quién tiene la culpa? La policía no cometió el ataque. Lo sufrió. Entonces, ¿será justo que de premio, tenga que pagar, y eventualmente aislarse, cual leproso medieval?
Posdata para los más jóvenes: Subuso: personaje dibujado, “testigo del absurdo”, años 50, siglo XX.
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