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Jueves 19 de Septiembre del 2019

¿Equilibrio de poderes?

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Hugo Quintero Bernate  |

Fecha: 31/03/2015

 

Foto: vanguardia.com

En el Congreso de la República cursa desde hace rato un proyecto de sustitución de la Constitución, que ha sido presentado, por el Gobierno Nacional y otras partes interesadas, como una simple reforma constitucional que tiene por objeto restablecer el “equilibrio de poderes”.

Nadie sabe, cómo ni de dónde, surgióla idea del ejecutivo de que acabar de un tajo con la independencia y autonomía de la Rama Judicial es lo que restablece un supuesto equilibrio, que tampoco ninguno atina a decir dónde exactamente es que está desequilibrado.

Entre tanto y en medio de los zaperocos de los más altos círculos del poder se omite el verdadero desequilibrio de poder que sí nos afecta a todos y que a corto, mediano y largo plazo es la mayor amenaza que se cierne sobre la independencia judicial.

Como si nada. O como si fuera de lo más normal, por allá, casi en medio de los clasificados o al lado de las noticias de farándula, la prensa registró el anuncio de la Fiscalía de investigar a la juez que dispuso la anulación del proceso contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo.

No es la primera vez que ocurre una situación similar. Ya había sucedido cuando otra juez dispuso la libertad del “hacker” Sepúlveda; y más antes cuando un juez, en épocas de Iguarán y Zucarita, liberó a un testigo vinculado al caso de Valencia Cossio o a manos del gobierno de turno, como cuando otra funcionaria dispuso el encarcelamiento del Director de la UIAF.

El sistema acusatorio que hoy rige para todos los asuntos penales que se adelantan en el país, menos para los aforados constitucionales, teóricamente se funda en una supuesta “igualdad” de las partes que concurren ante un juez imparcial a que dirima su conflicto.

Esa teoría se rompe abruptamente cuando una de las partes, la Fiscalía General de la Nación, tiene la facultad constitucional y legal de perseguir penalmente no solo a todas las otras partes, sino, sobre todo, al juez encargado de cada caso.

Eso sí es desequilibrio. El poder que tiene la Fiscalía de investigar y solicitar el encarcelamiento de cada juez que adopta una decisión que no le gusta a la propia Fiscalía. Y el poder no es solo en el papel. Es que lo usa. Y pende como una amenaza sobre cada juez y magistrado de este país. E incide directamente en las decisiones: Hoy por hoy, hay jueces penales que no acceden a pretensiones justas y legales de las defensas o del Ministerio Público, por físico miedo a ser empapelados.

Es urgente en Colombia acabar con el delito de prevaricato, por lo menos con el de los jueces. Un juez no puede ser perseguido por hacer aquello que es la esencia de su función: interpretar y aplicar la ley. Puede equivocarse, pero ello no puede costarle su libertad y su patrimonio.

Menos aún puede mantenerse la competencia de la Fiscalía para investigarlos. ¿Cuál igualdad de partes en el proceso penal, cuando una de las partes puede meter a la cárcel a todas las otras?

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