Para poder entender el entramado de La Habana y sus impactos en la realidad sociopolítica del país, debemos remitirnos al análisis de la correlación de fuerzas entre los actores que se disputan el poder, valga decir, la confrontación en el escenariopolítico donde convergen a su vez asuntos de carácter social; y en el escenariomilitar.

En Colombia, décadas después de caer el comunismo al unísono con el muro berlinés en 1989, existen todavía grupos armados oxigenados por el narcotráfico que justifican su accionar bajo la argucia de derrocar al “establecimiento”en control del Estado. Lo que para ellos representa la oligarquía o burguesía, constituye la alternancia en el poder de los distintos sectores políticos que se han acogido a las reglas democráticas consagradas en la Constitución. No se puede desconocer que el país requiere fortalecer su democracia, pero mal que bien, es una tradición civilista que históricamente ha funcionado mejorque en otros países de la región. La mejor forma de fortalecerla no es propiciando su implosión.

Lo que resulta inaceptable es que las transformaciones políticas, sociales y económicas que las Farc y el ELN aducen querer para Colombia las impongan mediante el uso de las armas. Eso les ha valido para que el Estado libre en su contra la legítima ofensiva militar para neutralizarlas.

De acuerdo a los criterios que estandarizan los conflictos armados, el colombiano constituyeuna guerra irregular prolongada de carácter asimétrico;lo que equivale a decir quees una confrontación sostenida en el tiempo dentro de las fronteras del Estado por parte de dos grupos armados con fuerzasno equiparables.

La asimetría de fuerzas es equivalente a decir que la superioridad reposa en un bando, en nuestro caso, del bando del Estado. Por un lado están las Fuerzas Militares y Policía integradas al cuerpo institucional del Estado, compuestas por aproximadamente 470.000 hombres dotadoscon equipos última tecnología; y por el otro, grupos guerrilleros conun estimado de 10.000 hombres en armas insuficientemente dotados, además de aproximadamente 50.000 personas que pertenecen a sus redes de apoyo.

La guerrilla colombiana constituye un cuerpo político-militar anacrónico que se vale de la combinación de todas las formas de lucha como táctica para cumplir su cometido: la toma del poder. Altos mandos militares estiman que la capacidad de la guerrilla de las Farc está representada en un 30% en el plano armado y un 70% en el plano político, jurídico y social. Esto significa que la amenaza que representan las Farc está recargada hacia las acciones de guerra política, jurídica y trabajo de masas que ejecutan a través de aparatos clandestinos como el Partido Comunista Clandestino; por tanto, sus acciones armadas tan solo representan una cuarta parte de sucapacidad delictiva.

El principal interés del Estado colombiano no ha sido ni es eliminar como tal a las guerrillas, sino buscarle una salida negociada al conflicto. Así lo reconocen todos los sectores políticos del país. Las principales diferencias se centran en la forma en que debe darse esa negociación de acuerdo a la correlación de fuerzas.

Se sobre entiende que en toda negociación la parte que se encuentre con mejores condiciones que su contraparte tiene la ventaja de imponer la agenda y llevar el curso de la negociación. Obviamente, los mayores réditos a la hora de establecer el acuerdo serán para el bando que logre imponerse en la mesa, eso sí, no necesariamente será el más fuerte.

En el proceso de negociación que se llevo a cabo en el Caguán existía un tácito equilibrio de poder entre el Estado nacional y la guerrilla de las Farc, pues el despliegue guerrillero en todo el territorio nacional entre el 1998 y 2002 era el más importante en toda su historia –pasó de tener 7 frentes y 850 hombres en 1978, a más de 16.000 hombres repartidos en 66 frentes en el año 2000-, además de contar con las arcas llenas gracias a la cuantiosa riqueza generada por el narcotráfico y el secuestro. Ambos factoresle permitieron a “Manuel Marulanda” imponer la agenda del Caguán y, posteriormente, suspender de manera unilateral los acercamientos.

La respuesta del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fue romper el equilibrio de fuerzas en favor del Estado a través de la implementación de la política de seguridad democrática, para lo cual contó con el decidido apoyo de la comunidad internacional, sobre todo, con el respaldo de los Estados Unidos. El mérito histórico de la política de seguridad democrática fue restablecer la ofensiva militar del Estado, mas cuando para entonces Colombia era considerada por muchos analistas internacionales un Estado fallido.

Para el año 2010 la correlación de fuerzas era muy distinta a la del año 2002. En todo sentido el Estado hoy día es superior a la exigua capacidad de las guerrillas. Fuerzas militares victoriosas, democracia fortalecida, instituciones legitimadas por la ciudadanía. Desde la fase de acercamientos para iniciar el proceso de paz, el Gobierno nacional ha debido imponer contundentemente el desequilibrio de fuerzas. Por su parte, el interés de las guerrillas de las Farc y el ELN ha sido demostrar mediante acciones combinadas el equilibrio del poder en lo político y militar para lograr sentarse en igualdad de condiciones. Simple ecuación donde alternan los factores.

Sin embargo, bajo las actuales condiciones la alternativa del sometimiento no representa para las guerrillas una salida honrosa. La certeza de no poder lograr la toma del poder a través de las armas les condujoa La Habana y Quito, pero la convicción de no poder ser derrotadas militarmente las motiva a presionar al Gobierno nacional para que ceda frente a sus encoñados intereses. En ello se basa la correlación de fuerzas; y quién lo hubiera imaginado, hasta ahora se han impuesto las Farc sobre los delegados del gobierno, por lo menos así lo demuestra el diseño de la agenda.

Los mecanismos que han empleado las Farc y el ELN para presionar al Gobierno nacional y lograr equilibrar las cargas durante el tiempo que ha durado la negociación han sido la incapacidad del Santos para reelegirse, la guerra jurídica contra el Estado y el direccionamiento que le dan a la movilización de masas con el consecuente impacto político esperado, pero sobre todo, su capacidad terrorista. Ello explica tres cosas:

1. Para las Farc ha resultado más fácil imponer su agenda a un gobierno débil como el de Juan Manuel Santos, pues es un gobierno que no cuenta con amplio respaldo más allá de que haya ganado las elecciones. Lo que no quiere decir que se sientan tranquilas, ya que saben que para la firma, refrendación y posterior implementación los acuerdos es preferible contar con un presidente fuerte que cuente con un importante apoyo de los ciudadanos.
2. Los numerosos fallos que recientemente se han presentado contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos promovidos por colectivos de abogados pertenecientes a la estructura jurídica de las Farc y el ELN. Además, amañados procesos jurídicos adelantados por estos mismoscolectivos, con la connivencia de algunos funcionarios de la Fiscalía y del aparato judicial, contra ex comandantes militares, produciendo contundentesimpactos contra la institución castrense, como por ejemplo, la condena del General (r) Jaime Uscátegui.
3. La gran cantidad de paros que en los últimos dos años se han presentado en el país, el más destacado, el paro nacional campesino del mes de octubre del año pasado con marcada influencia guerrillera según lo estableció el propio Ministro de Defensa. El trabajo de masas es el as bajo la manga con el que cuentan ambas guerrillas, no por nada el desaparecido comandante guerrillero “Alfonso Cano” reeditó la estrategia de las Farc mediante el “Plan Renacer Revolucionario de las Masas”.
4. El incremento de los atentados terroristas contra la infraestructura crítica y económica del Estado (oleoductos como el Caño Limón – Coveñas, antenas de comunicación, torres de energía, puentes viales), y la ejecución de acciones de alto impacto como la instalación de bombas en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín; paros armados como el decretado por el ELN entre el 3 y 6 de julio con implicaciones para los departamentos de Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá. Acciones terroristas que en adelante fluctuarán su intensidad al compás de las tensiones que se presenten en las mesas de La Habana y Quito.

No hay nada nuevo. Así también lo estimó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el transcurso del proceso de negociación con el Gobierno de El Salvador. Su asesor, Rafael Moreno, tenia presente que la evaluación precisa de la correlación de fuerzas político-militar en cada uno de los temas le permitió diseñar una estrategia concertada realista, definiendo claramente sus máximos y mínimos, así como los aspectos no negociables. Bajo esta lógica, el FMLN organizó dos ofensivas de gran envergadura, “la ofensiva hasta el tope”de 1989 en la que se tomaron la capital y “la ofensiva todo el mundo a luchar” de 1990.