Domingo 19 de Noviembre del 2017

La impunidad es, sin duda alguna, la más insoportable afrenta que se le pueda hacer a las víctimas. Cuando los procesos de paz se erigen sobre los preceptos de cero castigo para los generadores de dolor y violencia, las sociedades difícilmente podrán reconciliarse y pasar la página.

El ejemplo más claro lo tenemos con la banda terrorista M-19, cuyos cabecillas jamás respondieron por sus crímenes. Aquel proceso se adelantó hace casi 30 años y aún es el momento en que vastos sectores de la población colombiana continúan enrostrándoles a los jefes desmovilizados de esa estructura su pasado criminal.

Es perfectamente inaceptable, por ejemplo, que haya militares de distintos rangos privados de la libertad por los hechos ocurridos en el palacio de Justicia, en 1985, y que los comandantes máximos del M-19 –organización que planificó y ejecutó esa demencial toma terrorista- no hayan pasado por la cárcel un solo día.

La asimetría en la aplicación de los castigos produce indignación y se puede llegar a constituir en el detonante de nuevas expresiones de violencia.

La paz requiere, por supuesto, sacrificar la aplicación plena de la justicia, lo que no significa que deba haber impunidad total como se hizo con los terroristas de las Farc.

Es un verdadero escándalo que a partir del próximo 20 de julio, al senado y a la cámara de Representantes lleguen cabecillas de las Farc incursos en crímenes de lesa humanidad.

Santos le juró al país que esos delincuentes nunca iban a quedar habilitados para ocupar cargos de elección popular. Luego, aseguró que sí iban a poder hacerlo, pero después de pasar por la JEP y de cumplir la sanción que les fuera impuesta.

Embustes del presidente. La semana pasada, los colombianos fuimos notificados de que buena parte de los miembros del antiguo secretariado de la guerrilla, encabezados por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Jesús Sántrich llegarán al Congreso de la República sin haber respondido por sus crímenes.

Todos ellos, además, tienen a cuestas sendas solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. No serán la bancada de unos desmovilizados que hicieron la paz en Colombia, sino la bancada de unos genocidas amnistiados, que no respondieron por sus crímenes, de unos criminales que planificaron y ejecutaron el reclutamiento de miles de niños a lo largo y ancho del país durante décadas enteras. La de las Farc, será, en resumidas cuentas, la bancada de unos peligrosos extraditables que tendrán asiento en el lugar donde reside la democracia colombiana, gracias a la generosidad de un presidente que, contrariando la voluntad popular, introdujo a la fuerza un acuerdo que es total y absolutamente ilegítimo.

Como todos los colombianos, celebré que el tribunal superior de Bogotá le aumentara a 58 de años de cárcel la condena a Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de Yuliana Samboní. Una persona que es capaz de atacar de forma tan despiadada a una niña debe pasar el resto de su vida tras las rejas.

No podemos olvidar que, como Yuliana, hay centenares de niñas que fueron reclutadas forzosamente por las Farc para utilizarlas como esclavas sexuales. Niñas que resultaronembarazadas y obligadas a abortar contra su voluntad. Muchas de ellas, cuando opusieron resistencia frente a sus victimarios, fueron fusiladas.

¿Cómo entender que Uribe Noguera estará durante casi 6 décadas en la cárcel y los cabecillas de las Farc, que planificaron y cometieron crímenes similares contra miles de menores de edad, vayan al Congreso de la República?

Aquello no construye paz. Al contrario: zahiere al alma de la República y envía un terrible mensajes a todos esos niños que fueron víctimas de las peores vejaciones por parte de los futuros “honorables” parlamentarios de las Farc.

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Jaime Sánchez Cortés

10/11/2017 4:56 PM

Ojalá el país pueda vivir en paz algún día pero la impunidad total por los imperdonables crímenes de los jefes de la FARC y la ambición y vanidad del mandatario que hizo eso posible, posiblemente condene a los colombianos a un periodo de violencia mucho mayor que el supuesta mente terminado con tales hechos de injusticia flagrante y complicidad gubernamental.

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