Jueves 19 de Octubre del 2017

Estado ilegítimo

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Samuel Hoyos  |

Fecha: 17/01/2017

 

Juan Manuel Santos presidente de Colombia - Foto: cdn.rotativo.com.mx

Esta semana inicia el trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso de la República, tal vez el aspecto más relevante y preocupante de lo acordado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. A través del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, “fast track”, el Gobierno y la guerrilla crearán un alto tribunal de justicia en Colombia que estará por encima de las altas cortes, tendrá competencia para investigar y juzgar a cualquier ciudadano, y será de carácter indefinido. Están alterando, profundamente, una de las ramas estructurales del poder público en Colombia: la justicia.

Juan Manuel Santos no ha tenido ningún problema para mentirle al pueblo colombiano, insistiendo en que las Frac, por primera vez, reconocen la legitimidad del Estado colombiano, su orden constitucional y sus instituciones. Las Frac negociaron con quienes ostentan el poder político en Colombia, el Gobierno Santos, que representa a la clase política corrupta y clientelista que ha cooptado al Estado colombiano, durante las últimas décadas, para satisfacer sus intereses particulares. Las Frac desconocen y desprecian el Estado de Derecho y el sistema democrático, se valieron de políticos corruptos para negociar en una transacción que solo satisface los intereses particulares de las dos partes, costo que transfieren al pueblo colombiano.

Esta negociación, lejos de haber sido un amplio consenso nacional, es el resultado de un pacto entre una élite criminal y mafiosa representada por las Frac y una élite política corrupta representada por la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos. Por encima de la voluntad del pueblo colombiano, sin el más mínimo respeto al orden constitucional, las partes han convenido profundas modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestras instituciones y a nuestro orden constitucional.

En lugar de las Frac reconocer la legitimidad del Estado de Derecho en Colombia, el Gobierno Santos aceptó la posición de la guerrilla frente a la falta de legitimidad de nuestras instituciones. Por eso acordaron crear una institucionalidad paralela, un tribunal de justicia por encima de las altas cortes, un partido político sin representación política y la transformación de criminales en reivindicadores sociales del pueblo.

El respeto por la institucionalidad es un elemento esencial para el funcionamiento y el ejercicio de la soberanía de los estados; la solidez del andamiaje jurídico-social en las naciones no sólo garantiza a sus ciudadanos seguridad jurídica, sino que también otorga legitimidad a las decisiones que desde allí se adoptan, ambas condiciones esenciales para el desarrollo social y económico de una nación.

Por esta razón, resulta inadmisible, no sólo crear un Estado paralelo y aislado, sino permitir que esta nueva institucionalidad, que carece de legitimidad en tanto que su creación no fue fruto de un consenso nacional (tal y como se evidenció con los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016), desplace a la estructura jurídico-social vigente en Colombia, cuyo sustento se encuentra en la Constitución Política de Colombia de 1991. Lo autoridad que no es legitima se convierte en violencia.

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